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Ultimátum judicial al Gobierno provincial: La agonía del San Roque

Una acción de amparo interpuesta por la ONG Fundeps ante la Justicia provincial reclama proteger, prevenir el agravamiento y reparar el daño ya causado en la cuenca del Lago San Roque. A mediados de enero se cumple el plazo que el tribunal interviniente impuso al Gobierno provincial para que informe sobre planes, recursos y políticas dispuestas para recuperar el dique, que alimenta la red de agua potable del 60% de la ciudad de Córdoba y dónde está prohibido bañarse por el riesgo a la salud que supone la contaminación existente

Por Guillermo Posada (@cortodemira)

Fotos por Diego Cabrera

Hace ya una década que el ex director de Recursos Hídricos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Carlos Prósperi, dijo que el dique San Roque era el segundo recurso de agua más contaminado del país, después del Riachuelo. Su advertencia, producto del estudio de las algas que ya inundaban el lago y emanaba olores nauseabundos detectables por los paseantes y vecinos de las proximidades del lago, no fue escuchada. No fue el único. El cuadro siguió agravándose y hoy los organismos públicos más relevantes en la materia, como el Instituto Nacional del Agua (INA), advierten que la eutrofización se agravó en los últimos años.

Eutrofización se refiere al proceso "cuando se sobrecarga el curso de agua de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, lo que genera, entre otras cosas, un desarrollo excesivo de microalgas, también conocido como floración algal”, según consignó en junio pasado un artículo publicado en la web oficial argentina.gob.ar.

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Está demostrado que tanto el nitrógeno como el fósforo provienen de los volcados cloacales que terminan en el lago, saturado de materia fecal. Según la Municipalidad de Villa Carlos Paz, se vuelcan nueve mil toneladas de materia fecal al año: agua negra de pozos, de sangrías, de drenajes de los hoteles de esta localidad serrana.

“MI Córdoba ya informó durante el 2022 que diversos estudios particulares indicaron niveles de una toxina, denominada microcistina, por encima de los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano. Esta toxina proviene de las cianobacterias y según el INA son capaces de generar trastornos gastro- intestinales, hepatotóxicos, promotor de cáncer hepático y colon” “MI Córdoba ya informó durante el 2022 que diversos estudios particulares indicaron niveles de una toxina, denominada microcistina, por encima de los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano. Esta toxina proviene de las cianobacterias y según el INA son capaces de generar trastornos gastro- intestinales, hepatotóxicos, promotor de cáncer hepático y colon”

Las cianobacterias que resultan de la floración de algas que colonizaron el lago son un problema para la salud si se toma el agua cruda, pero también generan malos olores en el agua de red para consumo que distribuye la empresa Aguas Cordobesas, propiedad el Grupo Roggio.

MI Córdoba ya informó durante el 2022 que diversos estudios particulares indicaron niveles de una toxina, denominada microcistina, por encima de los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano. Esta toxina proviene de las cianobacterias y según el INA son capaces de generar trastornos gastro- intestinales, hepatotóxicos, promotor de cáncer hepático y colon.

El amparo

En ese marco, la ONG FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas Sustentables) presentó en noviembre un recurso de amparo ambiental, considerando que la principal causa de contaminación es la falta o deficiencia de políticas públicas acordes. “Lo que se traduce en mala gestión de los efluentes cloacales y de los residuos sólidos urbanos, deforestación, contaminación con agroquímicos, incendios, falta de estudios de impacto ambiental en las obras públicas y privadas, entre otras, todo lo cual termina afectando seriamente a los cursos de agua”, advierten en la web de fundación.

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La denuncia fue admitida en la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la ciudad de Córdoba, que ordenó consignarla como “amparo ambiental” en el Registro Público de Procesos Colectivos. Apunta contra el Gobierno de la Provincia y los municipios y comunas que tienen incidencia territorial en la cuenca del San Roque, para que se detenga el vertido y descarga directa de líquidos cloacales, la infiltración y derrame de los sistemas sépticos, de los pozos individuales, los desagües urbanos, los líquidos sin tratamiento y las actividades recreativas en el lago, teniendo en cuenta que es zona de mucho turismo.

Admitido el trámite, el tribunal debe resolver si finalmente el amparo prospera o no. Pero primero emplazó a la Provincia de Córdoba para que en el plazo de 15 días hábiles informe si se encuentra vigente y en funcionamiento el “Comité de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago San Roque” creado en 1989, cuya inacción salta a la vista.

También le reclamó que dé cuenta si existe un “Plan de Saneamiento del Lago San Roque” y que detalle el plan de obras del sistema cloacal en la zona.

“Ante la falta de políticas oficiales o de efectividad de las medidas producto de esas políticas, las distintas organizaciones de la sociedad civil recaen en el Poder Judicial para encontrar palancas para forzar a los Ejecutivos a comprometerse con un saneamiento que no han querido o podido dar a través de los años” “Ante la falta de políticas oficiales o de efectividad de las medidas producto de esas políticas, las distintas organizaciones de la sociedad civil recaen en el Poder Judicial para encontrar palancas para forzar a los Ejecutivos a comprometerse con un saneamiento que no han querido o podido dar a través de los años”

Un punto de interés es que ordena a la Secretaría de Ambiente y/o Policía Ambiental a dar detalle de obras públicas y privadas en ejecución o proyectadas en la zona de la cuenca en cuestión que podrían producir daño ambiental. En la misma línea la Cámara reclama saber si existen controles en establecimientos privados inscriptos en el Registro de Actividades Antrópicas Generadoras de Efluentes, así como su periodicidad y resultados; y si existen estudios relacionados con el impacto de los recientes incendios forestales sobre la cuenca

Igualmente le requirió a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI, ex Dipas) si cuenta con las políticas para abordar los distintos aspectos cuestionados de la situación hídrica en la cuenca del San Roque.

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Ante la falta de políticas oficiales o de efectividad de las medidas producto de esas políticas, las distintas organizaciones de la sociedad civil recaen en el Poder Judicial para encontrar palancas para forzar a los Ejecutivos a comprometerse con un saneamiento que no han querido o podido dar a través de los años, mientras el lago va perdiendo calidad de manera acelerada como reservorio de agua dulce y fuente de la red de agua potable de la capital y alrededores. Ni hablar de la incidencia del cuadro en la industria turística, que la Provincia promueve con intensas campañas publicitarias en los medios de comunicación porteños.

Otra vez el Riachuelo

El planteo de la ONG funda como referencia para su planteo en una causa muy conocida en el mundo del derecho ambiental como es la Causa Mendoza o Causa Riachuelo. “Ese proceso judicial abordó la contaminación de toda la cuenca que termina en el Riachuelo, e involucró diferentes acciones, jurisdicciones y roles”, explicó a MI Córdoba la abogada Mayca Balaguer, integrante del equipo jurídico de Fundeps. Ahí hay muchos elementos en común con lo que sucede en el San Roque.

“La Corte ordenó en ese fallo que se cree una autoridad de cuenca y fue una solución creativa desde el derecho y la Justicia, pero no fue suficiente porque tiene muchos problemas de ejecución. Para aportar una solución en ese aspecto es que intentamos con la demanda no caer en esos errores y pensar en una estrategia de aprendizaje de esa causa. Por ejemplo, el fallo Riachuelo manda a hacer estudios de salud a la población, o a estudiar el agua, la contaminación y demás, para después de ahí recién accionar”, dice Balaguer. Y agrega: “en nuestra denuncia aportamos la prueba, que es la manera de presentar amparos porque tienen que ser procesos rápidos. Ya llevamos probada la contaminación en nuestra relación de los hechos cuando estructuramos la denuncia y en la prueba también, que el daño ya está hecho y la emergencia es real. Llevamos como pruebas informes, estudios, acompañamos con el testimonio de comunidades. Para que este juicio no sea un proceso que determine si hay contaminación o no, sino que intervenga directamente en medidas de reparación que reviertan una situación de contaminación que ya es un hecho”.

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Mayca Balaguer, abogada de la ONG FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas Sustentables).

Mayca Balaguer, abogada de la ONG FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas Sustentables).

La clave del fallo de la Corte sobre el saneamiento del Riachuelo es que se reconoció que las autoridades tenían que reaccionar frente al cuadro de contaminación del río. Atento a que el Comité de Cuenca se creó por ley en 1989, resulta evidente que con la sola normativa no alcanza para que las políticas públicas se ejecuten.

En ese marco, la abogada de Fundeps reconoce que la medida cautelar solicitada puede dictarse de manera parcial. De la misma forma, la Cámara ya rechazó incluir la obra de la Autovía Punilla como otra de las causantes del devenir de la cuenca del San Roque porque otro tribunal ya está abocado específicamente a abordarla, sin que se conozca hasta el momento que se haya ordenado detener una obra que genera fuertes movimientos de tierra y conflictos con comunidades y asambleas ambientales, básicamente porque no logró obtener la licencia social.

“La clave del fallo de la Corte sobre el saneamiento del Riachuelo es que se reconoció que las autoridades tenían que reaccionar frente al cuadro de contaminación del río. Atento a que el Comité de Cuenca se creó por ley en 1989, resulta evidente que con la sola normativa no alcanza para que las políticas públicas se ejecuten” “La clave del fallo de la Corte sobre el saneamiento del Riachuelo es que se reconoció que las autoridades tenían que reaccionar frente al cuadro de contaminación del río. Atento a que el Comité de Cuenca se creó por ley en 1989, resulta evidente que con la sola normativa no alcanza para que las políticas públicas se ejecuten”

Entre la larga lista de medidas que reclama judicialmente Fundeps para detener al menos el agravamiento de la situación, el amparo plantea la necesidad de que “la Provincia realice un plan de comunicación para que podamos saber el estado del agua. Porque ya se sabe que no pueden bañarse las personas, ni es apta para consumo, pero tampoco hay una noción pública sobre el estado real del lago. Hay noticias sobre la calidad del agua, que está verde y llena de algas. La crisis hídrica es ostensible, pero no hay comunicados oficiales ni campañas de comunicación para generar conciencia al respecto”, explica la abogada.

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Mientras corren los plazos judiciales, transcurre también el tiempo de descuento para que la comunidad asuma la gravedad de la situación. Desde el INA advierten que, a nivel mundial, en aquellos casos donde se trabajó fuertemente para recuperar cuerpos de agua con la misma problemática, a las autoridades le llevó entre 15 y 20 años alcanzar los objetivos. El calendario impone un ritmo que el Estado no puede ignorar.

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