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Superpoderes en boca de diputados cordobeses

Los legisladores adelantaron posturas sobre el proyecto de Ley de Parámetros Epidemiológicos y Sanitarios Regulatorios de la Emergencia COVID.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley que fija parámetros para la toma de decisiones por parte de los Estados nacionales y provinciales en zonas en las que se declare el alerta epidemiológico.

Puntualmente, el proyecto establece que “si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables al momento de evaluar las medidas adoptadas, queda facultado el Poder Ejecutivo Nacional para adoptar restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, previa consulta con el gobernador, la gobernadora o el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, y siempre que cuente con la intervención de la autoridad sanitaria nacional que fundamente la razonabilidad de la medida sanitaria a adoptar”.

Estas restricciones adicionales incluyen el cambio de modalidad para el dictado de clases de presencial a virtual, restricción de circulación entre las 20 y las 6, utilización del transporte público permitida sólo para personal esencial, prohibición para realizar reuniones sociales con más de 20 personas en domicilios particulares, entre otras.

Quienes se oponen, se basan principalmente en tres argumentos para asegurar que el proyecto es inconstitucional: que avasalla la autonomía de las provincias, que los legisladores no están facultados para transferir estas potestades al Presidente y que la iniciativa no es clara con respecto a los plazos en los que el Ejecutivo haría uso de las facultades extraordinarias.

Con respecto al último punto, el artículo cuatro del proyecto establece que estas potestades estarán ligadas a la duración de la emergencia sanitaria, plazo que define el mismo Poder Ejecutivo.

Los representantes cordobeses del interbloque Juntos por el Cambio salieron alineados a hablar de inconstitucionalidad, unitarismo y avasallamiento a los gobernadores.

El Poder Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario El Poder Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario

Mario Negri, diputado de la UCR y presidente del interbloque Juntos por el Cambio, cuestionó que “el Poder Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario”

y agregó que “una vez más el PEN cree que el Congreso es una escribanía, que va a votar a libro cerrado lo que aquel proponga. Las facultades que el Presidente pretende que se le deleguen son facultades legislativas. Corresponde al Poder Legislativo entonces determinar si se las delega y por cuánto tiempo lo hará. Somos una república y cada rama de la administración tiene sus funciones delimitadas. No corresponde que el Ejecutivo pretenda apropiarse de una de ellas”.

Su compañero de bancada, Diego Mestre, sentenció “Es abiertamente inconstitucional. Se están afectando las autonomías provinciales y esto ya fue dicho por la Corte. Es claro que no hay una lealtad del federalismo y no se puede tratar de delegados a los gobernadores. Es evidente que hay una concepción unitaria de concentración de poder que no es lo que establece nuestra Constitución”. Además, profundizó que “el artículo 21 (el que establece la suspensión de las clases presenciales) está siendo evaluado por los mismos miembros oficialistas del Senado. Esta Ley, así como está planteada, no puede ser sancionada en el Congreso de la Nación”.

La radical Brenda Austin dijo que “el proyecto es inconstitucional porque vuelve a caer en un error que ya les señaló la Corte y es pretender atribuirse competencias que corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Nuestra Constitución establece que las delegaciones legislativas por regla general están prohibidas y sólo pueden ser admitidas en una materia determinada y por un tiempo fijado. Ambos aspectos no están presentes: la materia fijada es absolutamente amplia dándole algo así como la llave del Congreso al Presidente de la Nación y a la vez también porque el plazo de duración tampoco está claramente determinado sino que faculta al Gobierno a través de sus propios decretos a prorrogarse esta delegación legislativa” explicó Austin.

Soledad Carrizo (UCR) argumentó en sintonía con sus pares y opinó que “El PEN viene a coronar el monopolio del poder como lo ha venido realizando, bajo el pretexto de la situación epidemiológica. Nos pide delegar facultades que nosotros como legisladores no podemos entregarle”.

Héctor Baldassi, del PRO, dijo que “en el contexto en el que estamos no hay ninguna posibilidad de hablar de superpoderes. Tenemos que hablar de garantías para el derecho a la salud de la gente, a que puedan abrir las escuelas, los comercios, las actividades en general con libertad y mucha responsabilidad. La regla debe ser la libertad, siempre. Y con criterio excepcional se pueden limitar. El gobierno debe concentrarse en vacunar ya a la población que la necesita con urgencia. No es con superpoderes, es con instituciones eficientes”.

Entonces ahí surge un interrogante: si el Presidente no destruyó, no pulverizó, no aniquiló su credibilidad Entonces ahí surge un interrogante: si el Presidente no destruyó, no pulverizó, no aniquiló su credibilidad

Luis Juez, también del PRO, fue un poco más allá y reflexionó: “En una segunda lectura deberíamos preguntarnos para qué quiere superpoderes si a cualquier presidente del mundo, con los poderes que tiene por el sólo hecho de ser presidente le deberían sobrar. Entonces ahí surge un interrogante: si el Presidente no destruyó, no pulverizó, no aniquiló su credibilidad”.

Con respecto al bloque Schiarettista, el diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, adelantó hace algunos días en conferencia de prensa que no acompañarán la medida: "Vamos a rechazar toda ley que avasalle las autonomías provinciales", sostuvo el jefe de dicha bancada de la Cámara baja.

"Por qué se necesitaría una normativa sobre cuestiones ya previstas en la Constitución provincial y nacional", agregó el diputado al ser consultado por la iniciativa que avanza en el parlamento.

El oficialismo cordobés de la Cámara baja prefirió evitar las declaraciones hasta tanto el proyecto no entre formalmente en discusión. Quien habló fue Gabriela Estévez, del Frente de Todos. Si bien la diputada no habló del proyecto en sí, cruzó los dichos de Mario Negri exigiendo que “en vez de poner palos en la rueda atándole las manos el Gobierno, deberían poner el hombro, acompañando y aportando soluciones”. Además, Estévez es la única representante cordobesa del oficialismo en la Cámara baja que se expresó se metió en la discusión. Consultados por este medio, Pablo Carro y Eduardo Fernández evitaron dar declaraciones.

En Córdoba, la oposición está alineada y firme en la postura de no acompañar el proyecto de Ley de Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19, que le otorgaría al Presidente facultades para limitar actividades en el marcho de la pandemia.

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