Este jueves el Senado de la Nación aprobó y convirtió en Ley un proyecto que modifica la Ley de Tránsito y ordena "tolerancia cero" para el consumo de alcohol en los conductores de vehículos de motor.
El Senado convirtió en ley la tolerancia cero de alcohol al volante
La iniciativa, que ya está implementada en siete provincias y 13 localidades del país, fue aceptada con 48 votos a favor y 9 en contra. Durante la jornada los legisladores también aprobaron de manera unánime la Ley Lucio, que previene abusos y violencia contra las infancias
La iniciativa que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre, obtuvo 48 votos a favor y nueve en contra. La iniciativa conocida como Alcohol Cero, fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre por una mayoría de 195 votos, por lo que se descontaba un amplio apoyo también de senadores de todo el arco político.
La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre en autos; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.
La "tolerancia cero" con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual. La presidenta de la Comisión de Transporte, la oficialista formoseña María Teresa González, describió al proyecto como "un paso importante y el inicio de un gran cambio cultural que nuestra sociedad necesita y demanda".
El jujeño Mario Fiad, coincidió en que este proyecto "constituye un cambio cultural", aunque remarcó que es necesario "que el ciudadano respete la ley y dejemos de correr tras los hechos tan lamentables".
El opositor santafecino Dioniosio Scarpin anunció que iba a votar en contra "para que realmente se trabaje a conciencia", al tiempo que reclamó "cómo bajar" el número de accidentes viales. Enfatizó que "la cosa no cambia porque hay una ineficiencia total del Estado desde que se sancionó la Ley de Tránsito en 1994" y agregó que "no se avanzó prácticamente en nada".
La mendocina Mariana Juri, de Juntos por el Cambio, también anunció su voto en contra y mencionó que la norma "destruye miles de trabajos". Además, resaltó que "es una ley que no toma ni una sola recomendación que todos los especialistas del mundo dieron para bajar la siniestralidad en la Argentina" y precisó que "no se sanciona un endurecimiento de las penas".
Aprueban la Ley Lucio, que previene abusos y violencia contra las infancias
El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas su madre y la pareja de esta.
El proyecto fue debatido en el recinto de sesiones durante poco más de una hora, ya que existía la intención entre los legisladores de sancionar rápidamente la iniciativa.
El expediente plantea capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto para luchar contra la violencia en perjuicio de los niños.
En su articulado se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una "obligación inmediata y directa" en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con "cierta experiencia acumulada".
Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.
Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando "la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad".
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio (de cinco años de edad) en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Páez.
En el recinto se encontraba presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien arribó al Congreso junto a otros familiares y reclamó la aprobación de la iniciativa, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.
Diez senadores de las distintas bancadas se anotaron en la lista de oradores para exponer sobre esta iniciativa, que llevó poco más de una hora, ya que los legisladores querían sancionar el proyecto lo más rápido posible.
En representación del Frente de Todos (FdT), el primer orador, el senador Daniel Bensusán (La Pampa), expresó que "la violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas".
El senador destacó "la importancia de legislar sobre el tema para evitar la violencia que se ejerció contra Lucio Dupuy", pidió que "se dejen de meter bajo la alfombra (este tipo de hechos)" y consideró que con esta ley se estará "respondiendo en forma madura como sociedad".
Por la oposición, María Belén Tapia, senadora por Santa Cruz, dijo que el abuelo de Lucio fue "un ejemplo" porque "sacó fuerzas de donde tal vez no sabía que las tenía" al pedir justicia y recordó que todos los espacios políticos "tienen intenciones de legislar" sobre este tipo de casos desde hace tiempo.
El debate fue cerrado por la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien mencionó que "las estadísticas son insoportables" y "una responsabilidad que debemos atacar desde lo Legislativo, lo Ejecutivo y lo Judicial".
"Necesitamos la aplicación rápida de esta ley porque creo en ella. He visto durante muchos años la falta de sensibilidad de los efectores públicos que deciden sobre la vida de niños que no tienen quién los defienda", sentenció Fernández Sagasti.
Fuente: Télam.

