Mujeres y participación en la política institucional

Por primera vez en Argentina, dos mujeres presiden la Cámara de Diputados y de Senadores. El hecho inédito expresa una desigualdad no saldada en los más 70 años de incorporación de las mujeres cis en la vida política institucional. Entre la paridad y la inequidad, mujeres e identidades disidentes celebran avances y luchan por ser incluidas sustantivamente.

Por Anabella Antonelli

En medio de los álgidos movimientos en el Gobierno nacional, la diputada Cecilia Moreau fue designada como presidenta de la Cámara Baja, en lugar de Sergio Massa, ahora ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Por primera vez una mujer preside este recinto. “Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer -dio Moreau al asumir-. No se confundan, no voy a gobernar con mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas”.

La aclaración parece increíble y expresa la mirada que cae sobre las mujeres en los espacios de poder. Este “hito en la historia legislativa” tiene cara de avance tardío. Pasaron décadas desde la incorporación de las mujeres a las esferas de la política institucional y varios años desde que las identidades disidentes ocupan cargos; tuvimos una ley pionera de cupo femenino y una más reciente de paridad; el último gobierno asumió prometiendo equidad. Sin embargo, la participación sigue siendo desigual.

Avance legislativo

En 1991, se aprobó en Argentina la Ley N° 24.012 de Cupo Femenino. Votada casi por unanimidad y precursora en el mundo, establecía que al menos el 30% de las candidaturas de las listas presentadas por los partidos políticos debían ser ocupadas por mujeres. En las primeras elecciones en que se aplicó, el incremento fue del 5 al 13,6% de participación de mujeres cis. Para 2005, la cantidad de mujeres en ambas Cámaras legislativas era del 42%.

La ley fue trabajada en conjunto por legisladoras de distintos bloques, algo que también sucedió con otras normativas que atañen a los cuerpos feminizados, como la de interrupción voluntaria del embarazo o la de divorcio. Virginia Tomassini es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María. En conversación con MI Córdoba, explica que “hay cuestiones que son transversales a la demanda y los sentires de todas las mujeres políticas, más allá del partido, porque las lógicas del patriarcado dentro de las instituciones y de la política las atraviesan y las viven todas las mujeres”.

La sinergia ante luchas históricas de mujeres en política viene desde sus orígenes, “desde el voto femenino en adelante, con precursoras como Julieta Lantieri, Alicia Moreau de Justo y Eva Perón, que venían de espacios diferentes y que tuvieron la decisión política de que el voto femenino saliera”, señala.

En 2017, tras ocho proyectos presentados, se aprobó la Ley Nacional N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, estableciendo que las listas de candidatos al Congreso de la Nación deben ser realizadas “ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”.

En las elecciones legislativas de 2021, los resultados marcaron algunos avances en relación a la representación de mujeres en las bancas y a la implementación de la Ley de Paridad. Según Ojo Paritario, espacio feminista que impulsa el fortalecimiento de la democracia paritaria, en la Cámara de Diputados, desde el 10 de diciembre, se dio un aumento del 42% al 45% de los escaños, la cifra más alta de representación femenina de la democracia argentina. Afirman además que “a nivel nacional, las mujeres somos minoría en las presidencias de los bloques y estamos segregadas en las comisiones que deciden sobre temas económicos o institucionales, como las de Presupuesto o Asuntos Constitucionales. 20 de las 24 provincias están gobernadas por varones y, en las Legislaturas provinciales, las mujeres ocupan en promedio un tercio de las bancas de diputados y un cuarto en los senados”. A su vez, sólo el 33% de las comisiones permanentes son presididas por mujeres y en su mayoría se trata de temas asociados al reparto de tareas más tradicionales en términos de género, como Familia, Niñez y Adolescencia o Mujer y Diversidad. En el gabinete nacional la situación es similar: sólo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el de Salud están a cargo de mujeres.

En Córdoba sigue habiendo una tendencia de mayoría masculina “porque en los distritos uninominales, por ejemplo, las candidaturas departamentales son encabezadas por hombres, las mujeres son suplentes, pero en el Poder Judicial y el Legislativo hay mayor representación femenina por estas leyes que garantizan esa participación”, explica Tomassini. En el Poder Ejecutivo la desigualdad es mayor, tanto en los municipios como en el gabinete. “Hay mucha inequidad, más en términos de diversidades, ahí tenemos una deuda. Una de las instituciones con mayor déficit son los partidos políticos, donde no existía esta paridad. Se está comenzando a revertir porque ahora la Justicia Electoral, cuando se presenta una elección interna partidaria, pide paridad en las listas”.

No sólo números

Hablar de democracia paritaria “es hablar de una representación no sólo descriptiva, sino sustantiva, es decir que no solamente se garantice la equidad en términos cuantitativos, el 50% que tanto costó conseguir, sino que también esas mujeres tengan potestad real en la toma de decisiones”, refiere Tomassini.

Las exigencias y violencias sobre las mujeres y disidencias aumentan a medida que ocupan más cargos en la esfera política. “Siempre hay un techo de cristal para las carreras de las mujeres. Para llegar a los mismos espacios que los compañeros varones hay que estar muchísimo más formadas, dar cuenta de muchísima más territorialidad y militancia, mientras las tareas de cuidado no se tienen en cuenta, hay siempre una desigualdad en ese sentido -explica Tomassini-. Cuando una mujer de carácter se impone ante sus compañeros varones, sigue estando el tilde de ‘la loca’. Si bien hubo muchos avances, siguen siendo subestimados los posicionamientos de las mujeres”.

Hay una enorme deuda con el colectivo LGTTBIQ+. En las últimas elecciones hubo alrededor de 30 personas trans candidatas para diversos cargos. Con la reglamentación del nuevo documento de identidad que acredita a quienes se autoperciben como otro género que el asignado al nacer, se crea una incompatibilidad a resolver.

La pregunta obligada es si la participación de las mujeres e identidades disidentes cambia la forma de hacer política y cuál es su rol en la política. Por un lado, más mujeres en los cargos políticos no implica que se trabaje con perspectiva de género ni garantiza una agenda feminista ni la presencia de personas trans travestis y no binarias, “algo que tenemos que profundizar”, afirma la politóloga.Por otro lado, los modos de la política institucional han exigido, tradicionalmente, una masculinización de las mujeres en el poder, “porque tuvimos que trabajar con esta lógica para defender esos lugares y empoderarnos -continúa Tomassini-. El desafío es realmente generar liderazgos diferentes, con diferentes estilos y que eso no sea una muestra de debilidad porque la fuerza de los feminismos está en otro lado”.

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