El Ministerio Público Fiscal de Córdoba, entre los peores del país

Un estudio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advierte escasa eficiencia en la tarea de los fiscales cordobeses para combatir el delito y dar respuestas a la sociedad. La Provincia figura entre las últimas en el "ranking de eficacia política criminal", apenas por encima de Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero.

Por Hernán Vaca Narvaja / @HVacaNarvaja

Sobre llovido, mojado. A la magra imagen que el Poder Judicial de Córdoba tiene en la ciudadanía y el silencio persistente de sus autoridades ante la proliferación de prisiones preventivas y juicios abreviados, ahora se conoce el primer “ranking de eficacia político criminal” del país, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en base a la información aportada por las distintas jurisdicciones provinciales. Su resultado no es halagador: el Ministerio Público Fiscal de Córdoba está ubicado en el décimo sexto lugar, apenas por encima de Jujuy, La Rioja y Catamarca.

La publicación del INECIP refiere al desempeño de distintos Ministerios Públicos Fiscales del país a lo largo del año 2019, antes de la pandemia. El instituto explica que el relevamiento y posterior procesamiento de los datos obtenidos en veinte jurisdicciones argentinas -no aportaron datos Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán- busca hacer una primera evaluación del desempeño de esos organismos a través de la elaboración de dos rankings: el de “eficacia político criminal”, que “busca mostrar la capacidad de cada Ministerio Público Fiscal para lograr que las causas penales que ingresan a las fiscalías reciban una respuesta que incida sobre la criminalidad de su jurisdicción”; y el ranking de “eficacia básica general”, que “mide la capacidad de las fiscalías de dar una salida que ofrezca alguna respuesta, aunque sea básica, al conflicto que dio origen a cada causa penal”.

“Este ranking, junto a otros análisis que se realizan en la investigación, buscan llamar la atención sobre la necesidad de que las fiscalías de nuestro país comiencen a evaluar su desempeño, como requisito para poder mejorarlo. La modificación de sus formas de trabajo actuales es un paso fundamental para lograr mejores resultados en las importantes funciones que deben cumplir: gestionar los intereses de las víctimas y contribuir al control de criminalidad”, advierte el INECIP.

Al tope del ranking elaborado por el INECIP figura la provincia de Entre Ríos, con el mayor índice de eficacia político criminal: 9,17 por ciento. Le siguen las provincias de Neuquén (8,66%), Chubut (6,81%), Río Negro (5,31%), La Pampa (5,24%), Salta (4,79%), CABA (4,76%), Buenos Aires (4,17%), Misiones (3,38%), Formosa (3,25%), Mendoza (2,97%),Chaco (2,97%), Santa Fe (2,76%), Corrientes (2,29%) y San Luis (2,26%). Detrás de Córdoba solamente quedaron Santiago del Estero, con un módico 2,06% de eficacia político criminal, seguida por La Rioja (1,55%) y Jujuy (1,38%).

La situación de Córdoba mejora cuando se mide la respuesta más “básica” a las causas que llegan al Ministerio Público Fiscal, es decir, que no resuelven los planteos de fondo pero al menos otorgan alguna respuesta -aunque sea insuficiente- a quienes acuden a las distintas fiscalías. En este ranking, la Provincia escala al puesto siete, con un 9,79 % de efectividad. De todas maneras, el INECIP aclara que en este caso se incluyen “todas las formas de archivos, desestimación, etc. que podrán tener una justificación más o menos cierta, pero que generalmente son realizadas de un modo tal que no producen una respuesta, sino una actividad que sólo es comprensible al interior de la organización”.

Un civilista al frente de los fiscales

A principios de 2019, año en que se tomaron los datos para el estudio, la Fiscalía General de Córdoba quedó en manos de los fiscales adjuntos, ya que el fiscal general Alejandro Moyano -designado en 2014 por José Manuel De la Sota- cumplió su mandato sin que Juan Schiaretti postulara a tiempo a su reemplazante. Recién en marzo del año pasado, con el voto casi unánime de los legisladores de la Unicameral, se aprobó el pliego de Juan Manuel Delgado, el abogado civilista -especializado en derecho bancario- que desde entonces rige los destinos del Ministerio Público Fiscal con un bajísimo perfil.

En su edición del 15 de agosto, MI Córdoba consultó a Delgado su opinión sobre la proliferación de prisiones preventivas y juicios abreviados en la provincia y la controvertida actuación del fiscal Julio Rivero en el juicio contra Marcelo Macarrón por el crimen de Nora Dalmasso, que se desarrolló el primer semestre del año en los tribunales de Río Cuarto. Sus respuestas fueron escuetas y en general avalaron la situación actual del Poder Judicial.

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“Es política criminal la utilización de herramientas procesales para concluir las causas”, dijo Delgado sobre la situación que se vive en las cárceles de la provincia, donde tres de cada diez presos no tienen sentencia firme, lo que incentiva los mal llamados “juicios abreviados”. Estos procesos terminan blanqueando una situación irregular y generan una condena anticipada por los tiempos de la burocracia judicial: con prisiones preventivas que se extienden por años, muchos presos optan por declararse culpables por haber cumplido ya la condena que les dictarían en caso de ir a juicio.

En su edición del 27 de junio, MI Córdoba publicó que de los casi doce mil detenidos que hay en las cárceles de la provincia, sólo el 37 por ciento tiene condena. El resto cumple prisiones preventivas que se extienden indefinidamente en el tiempo hasta que el juicio abreviado les permite -admisión de culpa mediante- disminuir sus condenas y acceder así a la libertad.

En declaraciones realizadas al programa Redacción Abierta, que se emite los jueves por Canal 10 de Córdoba, el ex fiscal General de la Provincia Miguel Ortiz Pellegrini cuestionó la escasa incidencia de Delgado en la tarea de los fiscales: “El Ministerio Público Fiscal es una estructura piramidal y a la cabeza debe estar una persona con autoridad”, sostuvo. Y admitió que en la actualidad los fiscales actúan prácticamente en función de su libre albedrío,al carecer de directivas claras y controles por parte de la Fiscalía General.

“Si las fiscalías no son eficaces, nuestras democracias y estados de derecho corren un grave riesgo: que se imponga la “justicia por mano propia”, en reemplazo del sano principio democrático de prohibición de la autotutela. Es decir, que los sistemas de justicia penal sigan sin poder reducir los niveles de violencia que afectan a nuestras sociedades”, advierte el documento del INCECIP. El organismo aclara que “no pretende resolver acabadamente el problema de cómo evaluar el desempeño de los Ministerios Públicos”, sino simplemente “poner ese problema sobre la mesa, tanto al interior de los Ministerios Públicos, como en el debate público”.

La investigación fue dirigida por Alberto Binder y desarrollada por el grupo de trabajo sobre Ministerios Públicos Fiscales del INECIP, a cargo de Julián Alfie. El equipo de redacción del documento estuvo conformado por Victoria Llorente, Hugo Mangione, Gonzalo Petit Bosnic y Santiago Pérez Mitta.

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