'La cabra' Gilly contra todos, el juez que desafió a la dictadura

Corría 1956 y regía, en todo el país, el Decreto 4.161 que penalizaba la utilización del nombre del líder depuesto Juan Domingo Perón y sus derivados. Todo lo que oliera a peronismo era perseguido por el gobierno comandado por el dictador Pedro Eugenio Aramburu. Pero un juez de la provincia de Córdoba le hizo frente al terror y la persecución. Y no sería la única vez.

Por Juan Cruz Taborda Varela

A comienzos de 1956, un grupo de amigos de San Francisco, al este de la provincia, en el límite con Santa Fe, se reunieron en un local gastronómico en tren de festejo de cumpleaños. Después del extendido brindis, entrada la noche, cuando cada uno comenzaba a retornar a sus hogares, comenzó la despedida. Y las despedidas, en la vereda de un bar, todos juntos, tras haber brindado y una y otra vez en medio de tanto afecto, se estiran y viran hacia lo emocional. Eso pasó esa noche del ‘56 en San Francisco. Algo borrachines, los cófrades se abrazaron y en plena vía pública, comenzaron:

- Los muchachos peronistas / todos unidos triunfaremos…

San Francisco se paralizó. Como un efecto mágico, todos los ojos de la ciudad enfocaron al grupo de amigos que se despedían al son de la canción prohibida.

- Y como siempre daremos / un grito de corazón: ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!

Cantaban abrazados los hombres envueltos en las penas nostálgicas del ayer inmediato, en aquel entonces penuria y dolor.

El policía que nunca falta, que oficiaba de guardia en la noche esteña, no pudo evitar la tentación de ser, nuevamente, el brazo de la represión. Y sin mayores explicaciones los detuvo. Tras el traslado al calabozo, en los inicios de una práctica persecutoria que encontraría su punto extremo en los fusilamientos de José León Suárez, el policía dio aviso al juez de Instrucción de la ciudad, Héctor Gilly. Cuentan las crónicas de la época que Gilly recibió el informe policial y en la misma madrugada llegó a la comisaría, entrevistó y tomó declaración a los amigos cantores.

Menos de doce horas después, ‘La Cabra’, como solían decirle al juez por cierto ímpetu que algunos identificaban como locura, decretó la libertad de los reos. Y no sólo eso. Gilly, ‘La Cabra’, hizo honor a su apodo:

- Dictamino la inconstitucionalidad del decreto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional que prohíbe mencionar al ex presidente Perón.

El dictador de entonces no temió: suspendió a Gilly de sus funciones y conformó un jury de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.

El jury de enjuiciamiento se realizó en prolongadas sesiones en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de la capital provincial, inundada de dirigentes políticos, abogados y estudiantes. Pese a que Córdoba era llamada por entonces ‘la heroica’, dado que se había convertido el principal territorio del golpe del ‘55, ahora se entusiasmaba ante la posibilidad de poder mantener las libertades básicas que el nuevo régimen había confiscado.

El asunto logró una popularidad masiva: alguien, un juez, desafiaba a la dictadura. Y en el desafío se jugaba la cabeza ante un tribunal que lo hacía caminar al límite. Las audiencias asemejaban a un encuentro de fútbol: debates, pasión y un jugador estrella. Que no era otro que Gilly, que logró evitar la destitución. Tras el triunfo legal, se generó casi una fiesta popular en Córdoba, con ‘La Cabra’ ovacionado y envuelto en lágrimas. Tanta conmoción se produjo –recuerda un testigo de aquellos días– que el gobierno no pudo resistirse al clamor para que se trasladara a Gilly a Córdoba, algo que ocurrió a los pocos meses, cuando se convirtió en juez en esta ciudad, ratificado por el Senado de la semi democracia de 1958. Pocos años después, Gilly llegaría nuevamente a la tapa de los diarios.

Protagonismo otra vez

Seis años después de aquel episodio que lo tuvo sentado en el banquillo de los acusados, Héctor Gilly volvió al protagonismo público, una vez más por un hecho político. Tuvo, bajo su juzgado de Instrucción de Segunda Nominación, a los acusados y detenidos por el atentado a la Shell, producido en 1960 supuestamente por militantes peronistas que respondían al ala derecha del movimiento.

Pese a que la causa se tramitaba en la Justicia ordinaria, el general Juan Carlos Sánchez ‘secuestró’ a los detenidos bajo el pretexto de que éstos debían ser juzgados por la Justicia militar. Gilly volvió a ser ‘La cabra’.

Según recuerda Carlos Gaitán, se presentó ante el juez Gilly el delegado de la Policía Federal portando el decreto 3.157 del 29 de marzo de 1960, en el que el presidente de la Nación resolvía “detener a disposición del Poder Ejecutivo Nacional…” a una serie de personas: los detenidos por la explosión.

Gilly, a tono con su conducta histórica, lejos de aceptar el decreto, rechazó la intimación del Ejecutivo y produjo una resolución diciendo que “los referidos acusados continúan estando a disposición de este Juzgado, con absoluta exclusión de otra autoridad, hasta que por otra resolución del Tribunal competente sea modificada”. Ante la negativa, el Ejército dispuso secuestrar a los presos y para ello decidieron tomar por asalto la cárcel de Encausados, que estaba en la calle Belgrano al 1.300. La operación la realizó la Brigada Aerotransportada del RI 13, cuyo jefe era el entonces Mayor Manuel Haroldo Pomar, que, señala Gaitán, tenía bajo sus órdenes un equipo de perros adiestrados para la guerra, que utilizaba en sus allanamientos a las casas de militantes peronistas.

Tras el asalto comando, los detenidos fueron trasladados a los calabozos existentes en el Parque Sarmiento, que eran parte del ex Regimiento 4 de Artillería. Gilly, utilizando todos los recursos legales, se dirigió al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba denunciando el avasallamiento. El TSJ avaló su postura y procedió a denunciar lo sucedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Benjamín Villegas Basavilbazo, por este entonces presidente del máximo tribunal, fue el hombre encargado de avisarle al presidente del Tribunal Superior de Córdoba, que no era otro que Antonio de la Rúa, que la Corte había resuelto restituir a los presos a su legítimo juez. El 2 de mayo de 1960, los presos que estaban detenidos en el Consejo de Guerra Especial retornaron a la cárcel de Encausados de Córdoba.

La explosión de la planta de combustibles nunca se aclaró. Poco tiempo después Frondizi dispuso la intervención de la Provincia y la destitución de su hombre en estas tierras, el doctor Arturo Zanichelli. En el medio, Héctor Gilly quedaba como el único magistrado que, desde el Imperio absoluto del Derecho, había derrotado a un dictador y a un presidente semi democrático sólo utilizando la ley como máxima defensa.

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