Los gobernadores tienen la lapicera

Cuando en marzo pasado la Argentina firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pocos especialistas visualizaron que el revalúo del impuesto inmobiliario comprometido se transformaría en un tetris político y económico de difícil solución. Es que, sin la posibilidad real de generar nuevos impuestos, la medida era una manera de aumentar los ingresos y reducir el déficit. Pero en la práctica quienes deciden los aumentos en las alícuotas de inmuebles rurales y urbanos son los Estados provinciales. Y será la voluntad política de cada uno de ellos la que ponga en juego la continuidad o no de las metas pactadas con el organismo internacional, aun cuando la enorme diferencia entre las valuaciones fiscales y los valores de mercado tanto en Córdoba como en la mayoría de las provincias indicaría que sería una medida acertada.

“En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”, decía el texto oficial publicado por el gobierno nacional en marzo. En la práctica se esperaban recaudar 65.000 millones de pesos más este año. Y, por el impacto del revalúo en el impuesto a los Bienes Personales, 130.000 en 2023.

La ministra de Economía Silvina Batakis tuvo a su cargo en la Secretaría de Provincias y Municipios el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (OFEVI). Y lo trasladó a la órbita de Economía tras su asunción. El ente debería acordar políticas con las provincias para acordar una homogeneización de criterios en el cobro del impuesto inmobiliario.

En octubre de 2018, mediante el decreto 938, Mauricio Macri creó el OFEVI. Era una manera de avanzar sobre la letra de la Ley de Consenso Fiscal aprobada un año antes, con el acuerdo de la mayoría de las gobernaciones. Cada provincia se comprometía con la Nación a facilitar el acceso a datos que permitieran adoptar una política común.

“La idea era que las provincias aumentaran los impuestos inmobiliarios a través de una mayor valuación de los inmuebles con el objetivo de que iba a desaparecer Bienes Personales”, explica Humberto Bertazza, profesor en el posgrado de Derecho Tributario de la Universidad de Belgrano.

“Muchas veces en Argentina se trata más de ver cómo se recauda que cuánto se recauda”, reflexiona Alejandro López Acotto, licenciado en Economía y ex docente de la Universidad de General Sarmiento. Autor y compilador, sus textos aportan datos sobre la evolución impositiva de los Estados provinciales: en Córdoba, la incidencia del impuesto inmobiliario en el total de la recaudación era en 1984 del 26 %. En 2011, al finalizar el primer mandato de Schiaretti, había bajado al 6 %. En 2021, se ubicó en el 5%. Al mismo tiempo, desde 1984 a 2011 la progresividad impositiva provincial disminuyó a la mitad. En los albores de la democracia era del 48%. En 2011, 24%. Esto incide directamente en la autonomía financiera: el año pasado el 60 % de los ingresos provinciales los aportó Estado nacional.

Según un estudio de López Acotto y otros, “en 2010 la presión fiscal del impuesto inmobiliario era en la Argentina del 0,36% del PBI; en Brasil, del 0,42%; en Chile, del 0,50%; en España, del 0,88%; en Australia, del 1,42% y en Estados Unidos, del 3,13%”. Se trata de un impuesto progresivo, donde paga más quien más posee. Y es posible trazar una relación entre el nivel de desarrollo económico y social de un país y el porcentaje de las tasas de impuesto a la tierra en el PBI.

Subvaluados

Algunas valuaciones fiscales provinciales se encuentran actualmente entre 10 y 20 veces por debajo del valor de mercado. Por ejemplo, una casa que vale 100.000 dólares, según el talón de Rentas no supera los 3 millones de pesos. La idea del Gobierno nacional de elevar los valores fiscales alcanzaría tanto a propiedades urbanas como rurales e impactaría en la recaudación del impuesto a los Bienes Personales y en las tasas municipales.

Pablo Eladio Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, reconoce: “Los valores en relación a los precios de mercado están realmente atrasados. Fuera de eso, Córdoba viene aumentando en términos del 60 % anual, a un ritmo casi inflacionario, en vez del revalúo, se revalúa el cupón. Entonces te va acompañando. No haría falta el revalúo”.

A fines del año pasado todas las provincias, menos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adhirieron a un nuevo Consenso Fiscal, refrendado en la ley de 2017. Se comprometían a simplificar tributaciones y a compartir información. Desde esa idea debería haber avanzado el OFEVI. Su organigrama, diseñado por el macrismo, prevé un representante permanente de las principales jurisdicciones: Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

En octubre de 2018, el gobernador Juan Schiaretti designó como representante cordobés en el OFEVI al agrimensor Mario Andrés Piumetto. Interesado en saber sobre los avances en el plano técnico, este cronista lo consultó. Piumetto pidió que se tramitara la entrevista en el Ministerio de Finanzas. Desde allí bajó la voz: “Sobre temas nacionales no vamos a decir absolutamente nada. Es un pedido generalizado y tenemos que respetarlo”.

Aumentos selectivos

“Hay provincias que para establecer las normas de valuación toman en cuenta cuál es el grado de afectación, de uso o de actividad que tienen los territorios. Dentro de las facultades del diseño del impuesto pueden priorizar algunas actividades sobre otras. En algunos casos, como en las actividades agropecuarias, las provincias deberían evaluar si realmente, una vez que tengan la nueva valuación, van a cobrar un mayor impuesto”, analiza Humberto Bertazza.

“Nosotros generalmente desde CARTEZ (Confederaciones Rurales de la Tercera Zona) o la Mesa de Enlace nos sentamos con el Gobierno y tratamos de negociar lo que más se pueda. Para el aumento de este año tuvimos varias reuniones. Fue del 40 % para las propiedades más chicas y con menor valor, y hasta cerca del 60 % en las zonas núcleo. Porque esto se arregla a principios de año para adelante”, explica Pablo Martínez.

En la práctica, el cobro del impuesto inmobiliario, sobre todo a grandes contribuyentes con varias propiedades, muestra inequidades que van en contra de la progresividad original del tributo. “Como se cobra por partida tributaria y no por titular, y se dan casos de personas que poseen inmuebles en diferentes provincias, son muchos los casos en el que ese contribuyente no paga por sus propiedades la alícuota mayor que le correspondería”, informa López Acotto.

El especialista aboga por una actualización anual de las bases imponibles. “En un contexto de 50 años de inflación, el Estado le está regalando la plata a los privados”. Y agrega que la Argentina está en condiciones de llevar el impuesto inmobiliario a un 3 % del PBI en el mediano plazo y al 5% en el largo plazo, teniendo en cuenta en la transición a los contribuyentes más pequeños. Bélgica o España, por ejemplo, cobran valores superiores al 3%. La AFIP marcó un camino: en abril decidió modificar la forma del cálculo de la valuación fiscal en la ciudad de Buenos Aires. Lo llevó del 7 al 28% del valor de mercado.

Con todo, la meta de acordar en setiembre el nuevo revalúo parece lejana. La próxima revisión de cuentas trimestral del FMI finalizará por entonces. Los gobernadores que se reunieron la semana pasada con la ministra Batakis eligieron no mencionar el tema en sus declaraciones. Resta saber qué voluntad política tendrán cada una de las partes.