El 75% de las mujeres separadas no accede a la cuota alimentaria

“Las mujeres cuando somos madres nos empobrecemos, mucho más si te separás -me dijo una vecina, sintetizando la situación que atravesaba con el padre de su niño-. Es brutal el empobrecimiento de las familias monomarentales y el desamparo por parte de la Justicia, porque los procesos son eternos”. Por su salud mental y física, decidió abandonar la pelea judicial. Cuida sola a su hijo, está endeudada y con sobrecarga de trabajo para llegar a fin de mes. Lo mismo viven miles de personas, la mayoría mujeres, en nuestro país. No es una cuestión privada o del orden de lo familiar: se trata de una arista más de la violencia de género.

En agosto de 2021, la diputada del Frente de Todos, María Jimena López, presentó un proyecto de ley que pretende avanzar sobre el problema del alto incumplimiento del pago de cuota alimentaria por parte del progenitor que no convive con sus hijes. “Queremos generar en el Congreso una agenda de la vida cotidiana de las mujeres -expresó el pasado 25 de agosto en el conversatorio en la Cámara de Diputados-. No puede ser más fácil en Argentina la cobrabilidad de una tarjeta de crédito que el derecho alimentario de nuestros hijos e hijas, hay que pensar en qué prioridades establecemos”.

Según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, sólo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con cuota alimentaria. Por su parte, el informe de 2022 sobre incumplimiento de la obligación alimentaria del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires, arrojó que el 66,5% de las encuestadas no recibe cuota alimentaria o la percibe eventualmente. El 8% señala que el progenitor cumple con sus obligaciones, y de ellas el 90% considera que es insuficiente para cubrir los gastos y necesidades de sus hijes.

Hacerse cargo solas de todo el costo económico de la crianza profundiza la pobreza a la que están expuestas las mujeres, quienes presentan menos actividad laboral que los varones, menores ingresos y mayor desocupación, subocupación e informalidad. Frente a esto, las mujeres despliegan distintas estrategias para garantizar la sostenibilidad del hogar, como incrementar la cantidad de horas de trabajo, endeudarse, solicitar ayuda económica a otros miembros de la familia o personas del círculo cercano, solicitar créditos o préstamos a familiares, bancos o financieras.

“Lo interesante de este proyecto es que detecta y pone sobre la mesa la discusión sobre la violencia económica y entiende que no tiene ningún sentido que vayamos a mediación por alimentos o a una audiencia de conciliación, como se hace en Córdoba, porque no podés conciliar o hacer una mediación en igualdad de condiciones cuando las partes no están en igualdad de condiciones”, explica la abogada Gabriela Coloccini -Marita- en conversación con MI Córdoba. “Me parece muy interesante la posibilidad de observar la violencia económica y darle lugar, porque es la madre de todas las violencias”, agrega.

El informe del Ministerio de las Mujeres de Buenos Aires destaca que con frecuencia la obligación alimentaria se transforma en una herramienta de manipulación, extorsión y dominio. El reclamo de la obligación alimentaria puede ser un disparador de situaciones de violencia física. El control del dinero por parte de los varones ex cónyuges también se utiliza frecuentemente para manipular y vigilar: “Existen casos donde el incumplimiento del pago de la obligación alimentaria va acompañado de exigencias sexuales a las mujeres”, refiere el informe.

Actualmente, para sortear las dificultades en el campo jurídico “hay mucha creatividad de quienes hacemos el abordaje, que siempre tiene que ser integral, pero que se nos dificulta porque tenemos diferentes fueros. En Córdoba tenemos el fuero de niñez, el de violencia, el de familia, el penal, entonces ese abordaje por separado invisibiliza la violencia. Separar es atomizar y atomizar mantiene la situación de violencia”, explica Marita.

Esta situación de los hogares monomarentales pone en situación de riesgo a las infancias y adolescencias ante la posibilidad de no acceder a la canasta básica y vulnera su derecho a ser cuidadas por sus progenitores. La falta de responsabilidad económica viene asociada a una falta de responsabilidad afectiva y emocional que impacta en les niñes. El informe citado señala que el “desligarse” de las responsabilidades parentales no comienza al momento de la separación, sino que estaba presente en las dinámicas familiares previas.

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El proyecto de ley presentado por López propone la creación de un Registro de Deudores Alimentarios a nivel nacional, estableciendo mecanismos para la retención automática de la cuota alimentaria y fijando un monto universal en función de la canasta básica.

Una de las dificultades es que, hasta la fecha, no hay retención directa de la prestación, sino que debe solicitarlo quien convive con les niñes. El proyecto de ley propone la creación de un Sistema Nacional de Prestación Alimentaria Básica Parental y establece la retención automática de los montos como mecanismo para garantizar la prestación, que deberá realizar el empleador, quien le efectúe el pago o será deducido por el Estado en caso de que sea beneficiario de pensión o programa. “El problema es que tenemos un universo de informalidad gigante que está quedando afuera -reflexiona Marita-, pero es un principio y como principio está bueno al menos para visibilizar”.

Actualmente, las madres separadas atraviesan un lento y largo derrotero judicial hasta poder fijar una cuota o lograr su actualización. El proyecto establece que, quien asuma el cuidado personal de las infancias y adolescencias, debe presentarse ante la autoridad de aplicación y peticionar informalmente el registro de esa situación y del riesgo alimentario, sin costo para la denunciante.

La prestación alimentaria básica parental se fijaría en un porcentaje de los ingresos mensuales de la persona obligada a su pago, que no podrá ser inferior a la Canasta Básica Total. Por un niñe o adolescente corresponderá un 20% del ingreso bruto mensual, por el segundo niñe un 10% adicional, por el tercero un 3% y por los sucesivos un 2% adicional.

Pese a que el proyecto de ley lleva un año presentado, todavía no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados. Para la abogada, esto se explica por la sociedad patriarcal que nos atraviesa. “La violencia económica es la primera y es la madre de todas las violencias. No se le presta la suficiente atención, y eso no es casual, se la naturaliza y a partir de allí comienza el ciclo de la violencia”, concluye.