Por Anabella Antonelli
"Fuera Porta", un grito que cumple 10 años
Vecinos Unidxs por la Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), la Asamblea Fuera Porta y organizaciones socioambientales cordobesas viajaron a Buenos Aires para exigir que avance la causa por ilegalidad y contaminación contra la empresa Porta Hermanos.
“Acá todas las enfermedades son autoinmunes -expresa Silvia Cruz, referente de VUDAS, a MI Córdoba-. Pequeñas dosis de químicos respirados todos los días atacan los cuerpos en el sistema inmunitario, generando una sensibilidad múltiple”. Para seguir aportando pruebas, en el año 2020 hicieron un estudio de genotoxicidad a 20 niños y niñas del barrio. El resultado demostró que el daño genético es igual al de los niños fumigados, “todos con metabolitos de la producción de Porta”, señala.
La casa de Silvia, en Barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, está pegada a la planta Porta Hermanos, la única en el mundo que produce bioetanol a base de maíz transgénico en un barrio residencial. Ella, junto a su comunidad, denuncia desde el año 2013 el impacto negativo que provoca la producción de la empresa sobre la salud de las personas, señalando además que no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental, como lo prevé la Ley Provincial 10.208 de Políticas Ambientales y que expone a distintos barrios a riesgo de explosión.
En 2012 detectaron que la planta era un peligro para su comunidad. Notaron que el olor era más intenso y que muches vecines padecían diferentes afecciones, desde picazón en la nariz hasta cáncer y abortos espontáneos. Un año después, un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC arrojó que el índice de patologías estaba muy por encima de los parámetros que se contemplan en otras partes del mundo. Decidieron iniciar una demanda en la Justicia provincial. En 2014 la pericia ambiental analizó muestras de aire del barrio y de la planta encontrando compuestos asociados a las enfermedades detectadas, en proporciones fuera de lo legal. Sin embargo, el Poder Judicial cordobés consideró que no había pruebas suficientes y archivó la causa. “Pensamos que nos iban a proteger. Fuimos con la inocencia por no conocer los entramados de poder, pero nos fuimos curtiendo, fuimos aprendiendo y entendiendo que lo más importante éramos nosotras, que no teníamos que esperar tanto, sino que debíamos exigir que el sistema funcione, que se adecúe a nuestra realidad, que las voces de las comunidades se escuchen”, explica Silvia.
Se encontraron con una empresa poderosa vinculada a los poderes municipales y provinciales, y con funcionarios que, si antes cortaban la calle con ellas, al acceder a un cargo público “no quisieron saber nada más con nosotras -explica la vecina-. El peso era mucho, pero aprendimos que la confianza no tenía que estar en ese sistema sino en la red vecinal, con una responsabilidad de adulto por los más pequeños, por los hijos, por eso continuamos”.
En 2019, el juez Hugo Vaca Narvaja falló a favor de las acusaciones de las vecinas, pero en lugar de exigir el cierre inmediato de la empresa o el cese de la producción, solicitó una Evaluación de Impacto Ambiental, que no fue realizada, pese a ser ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. “Los certificados médicos acompañados por los vecinos acreditan las afecciones producidas por la contaminación ambiental y sirven para demostrar que efectivamente se está causando un daño en la salud de la población”, expresó el juez Ignacio María Vélez Funes, apoyado por el voto del juez Eduardo Ávalos. Sin embargo, la Cámara tampoco ordenó el cierre o relocalización de la fábrica.
Tras diez años de resistencia y agotando todas las instancias judiciales en Córdoba, el año pasado presentaron un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “aunque claramente, el camino legal no comprende la urgencia con la que deberían resolverse las causas que ponen en peligro el derecho a existir”, dicen desde la Asamblea. Esperaron 15 meses y decidieron que ya era tiempo. Una comitiva de 56 personas se movilizó a Buenos Aires los pasados 23 y 24 de octubre con un petitorio destinado al secretario de jueces de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Cafferatta, para que avance la causa contra Porta Hnos. Realizaron el “Festival Primavera sin Porta” frente a la Corte, con la participación de numerosos artistas, visibilizando la problemática y recorriendo distintos espacios y organizaciones de la capital del país.
“Queremos dejar precedente para que no pase más. El tema Porta tiene que ver con una idea de negocio y con un pensamiento político del gobernador de la Provincia de Córdoba, que tiene hoy una política pública de sacrificio de personas y de la naturaleza para enriquecer los negocios de Córdoba -explica Silvia-. Si hay que matar gente para hacer biocombustible, entonces se necesita otra forma de negocio. Seguramente esta es la más rápida y la que más dinero da, pero humanamente y con la naturaleza no es la mejor”.
Las mujeres al frente
Silvia cuenta que en la asamblea participan varones, pero que son las mujeres las que se juntan día a día y las que, entre mate y mate o mientras tienden la ropa, van tramando las acciones. “No hay un protocolo o una agenda, pero es tan serio, responsable y potente como cualquier organización -señala-. Hacemos tareas de cuidado en nuestra casa, en la asamblea, adónde vamos, en la comunidad. Empezamos a valorar lo que hacemos como un trabajo. No recibimos dinero, pero sí es un trabajo que obviamente lo hacemos con todo el amor, pero no deja de ser un trabajo, como las tareas de la casa”.
La violencia sobre quienes habitan el barrio no deja marcas visibles, pero les afecta profundamente. “Si, nosotras somos violentadas, no tenemos moretones en la cara, pero sufrimos violencia institucional y la violencia de la contaminación que pasa por los cuerpos. Hemos sido violentadas por la Policía, por el sistema, por Schiaretti, por Llaryora, por Mestre, psicológicamente y físicamente”, afirma y sostiene que ellas no devuelven con lo mismo: “Porta no es agredido por los vecinos, nosotros no vamos y destruimos los camiones, no les tiramos piedras, y eso que nos están matando. Su acción sí es violenta, el Estado es violento”.
Silvia narra siempre en plural, con otras, con sus vecinas Rosa, María y Carmen, con sus compañeras de la asamblea, con una extensa red de personas que dan batalla en diferentes territorios, un entramado de distintas luchas que son parte de lo mismo. “Para mí feminismo son las mujeres en acción en todos los órdenes. Es Viviana Alegre buscando a su hijo, es Andalgalá contra las mineras, son las mujeres en la huerta siendo fumigadas, las mujeres recogiendo la papa en San Antonio. Hay mujeres que están luchando en sus territorios, en las comunidades indígenas, en las villas, con las uñas llenas de tierra, con los cuerpos contaminados, con días en un acampe. Mujeres que le están poniendo el cuerpo en todos los territorios, esas mujeres son feminismo en acción”, concluye Silvia.
“Un monstruo en mi barrio”
La organización VUDAS (Vecinos Unidxs por la Defensa de un Ambiente Sano)presentó recientemente una historieta en la que cuentan los diez años que llevan exigiendo justicia ambiental. El material, titulado “Un monstruo en mi barrio”,tiene 14 páginas en las que se narran los orígenes del conflicto, las respuestas de la empresa, los estudios científicos, los problemas de salud, las historias familiares y el proceso legal que llevó a vecinas y vecinos a tocar las puertas de las instituciones estatales a nivel municipal, provincial y nacional. Puede verse en https://vudas.wordpress.com/2022/10/14/un-monstruo-en-mi-barrio-10-anos-de-lucha-por-justicia-ambiental.

