El caso Arcoíris y la caza de brujas

El Poder Judicial de La Rioja allanó y secuestró elementos de trabajo en el domicilio de la periodista Manuela Calvo. El hecho fue repudiado por sindicatos y organizaciones protectoras de la libertad de expresión. El caso puso otra vez sobre el tapete la existencia de una Justicia patriarcal que persigue al mensajero mientras protege a los denunciados por abuso. Y evidencia la necesidad de que el Estado se involucre más en defensa de les menores.

Por Anabella Antonelli

Arcoíris es una niña riojana de seis años que, hace cuatro, comenzó a contar los abusos sexuales de parte de su abuelo paterno. Delfina Silva Zarranz, su mamá, la acompañó desde el primer momento, cuando todavía confiaba en que si denunciaban, la Justicia las cuidaría. El caso expresa un entramado de poder que encubre al agresor mientras persigue a quienes investigan, una Justicia que criminaliza a las madres protectoras y un Estado en deuda con las situaciones de abuso sexual en las infancias (ASI).

La causa consta de cinco denuncias por abuso realizadas entre 2018 y 2022 por la mamá de la niña. Sin embargo, Arcoíris fue obligada a mantener visitas parentales, aunque al volver manifestaba haber estado en contacto con el denunciado. La revinculación se ordenó desoyendo el miedo expresado por la niña y pese a que el padre está señalado como partícipe necesario de las agresiones.

Para Giselle Videla, abogada integrante del equipo Justicia por Arcoíris, la impunidad puede explicarse, en parte, por un entramado político que garantiza el encubrimiento del acusado. “Esto ya no es jurídico. La persona que está denunciada por abuso, el abuelo de la niña, no es cualquier persona”, señala la abogada, dando cuenta de las íntimas conexiones que mantiene el agresor con personas del Poder Judicial local.

Hoy, madre e hija se exiliaron de la provincia buscando protección. Este año, imputaron a Delfina por desobediencia a la autoridad por impedimento de contacto. La fiscalía pidió su detención y, si bien no prosperó, los antecedentes pesaron: en dos ocasiones la mamá estuvo completamente incomunicada durante meses de su hija, quien quedaba en guarda del padre. Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la situación es de alto riesgo y por eso dictó medidas de protección y prohibición de acercamiento del progenitor.

Cacería de brujas I

“Hay una criminalización al cuidado de las madres por proteger a sus hijes, ellas no impiden el contacto, sino que les protegen de un posible nuevo abuso y a veces acompañan la voluntad de les niñes de no querer vincularse”, explica la abogada. En Argentina hay, al menos, cinco casos con patrones y lógicas similares: Gilda Morales, la niña Sol, Michelle, la niña Alicia y Flavia Saganías, madre condenada en Córdoba a 23 años de prisión por denunciar públicamente al abusador de su hija. En todos los casos hay abuso sexual de las infancias, una mujer que denuncia buscando protegerles, hay prácticas de encubrimiento judicial persecutorias de las madres, grupos conservadores operando y escasas respuestas del Estado.

“Las madres protectoras sufren lo mismo en todo el país, es una forma sistemática de proceder de la Justicia. Cuando denuncian que su hije está sufriendo violencia y específicamente abuso sexual en la infancia, se activa una doctrina de la falsa denuncia. Se descree por completo y hay un pensamiento colectivo en el sistema judicial argentino de que las madres están locas e inventan cosas para que sus hijes no tengan contacto con el padre”, explica Giselle.

Además de la revinculación forzada, el llamado Síndrome de Alienación Parental, aunque carece de consenso científico, es una estrategia judicial muy difundida. Habla de un desorden psicopatológico en el cual un niño o niña permanentemente denigra e insulta sin justificación a uno de sus progenitores y se niega a tener contacto con él. Este síndrome es rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Americana de Psicología y por la mayoría de los Colegios de Abogados del país, al no reunir los criterios metodológicos científicos necesarios. “Sin embargo, en el único momento que se utiliza es en el sistema judicial para tildar a las madres de obstructoras del vínculo paterno filial y separarlas de sus hijes. Terminan entendiendo que la violenta es la madre porque, a base de mentiras, les aleja de los progenitores”, afirma Giselle.

Cacería de brujas II

El domingo 5 de junio la policía irrumpió en el domicilio de la periodista Manuela Calvo, en la ciudad de La Rioja. Allanaron su casa por orden de la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, quien autorizó el secuestro de “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”. Se llevaron la mayoría de sus herramientas de trabajo. El martes 7 de junio, paradójicamente el día de les periodistas, la citaron a declarar en la causa en su contra por “desobediencia a la autoridad”, aunque no está claro qué desobedeció.

Manuela venía investigando el caso de Arcoíris desde abril de 2021, para la realización de un documental. En febrero de este año, un día antes del estreno de su cortometraje de ficción sobre ASI, le prohibieron proyectarlo. “El corto tuvo censura previa y no era sobre el caso, pero la persona que hace la presentación aduce que sí. Sólo vieron el tráiler y las publicaciones del backstage”, explica la periodista. No pudo hablar más del tema y la obligaron a bajar publicaciones que, directa o indirectamente, hicieron referencia al caso Arcoíris.

Borró todo, no habló ni publicó más sobre el caso, ni siquiera de la censura sufrida, respetó lo que la Justicia le cuestionaba. “Cumplí con todo para poder contestar, no he tenido derecho a defenderme todavía, mi abogada no tiene ni acceso al expediente”, señala.

“Además de evidenciar que la prioridad no son las sobrevivientes, esto es un mensaje de disciplinamiento a la prensa local. Antes, los abogados defensores hablaban tranquilamente en los medios, decían cualquier barbaridad y nadie decía nada. Ahora el periodismo está más informado, interpela o hace preguntas difíciles. El mensaje es: ‘no te metas, si te metés te va a pasar esto’”, concluye la periodista.

Urgen las respuestas estatales

Los casos de abuso sexual en las infancias reclaman acciones del Estado. “Los equipos técnicos, los peritos psicológicos no están formados en ASI, el sistema judicial argentino pretende un relato expreso de la víctima sobre la situación que ha sufrido sin tener en cuenta que estas personitas son niñes -explica Giselle-. Son delitos de cuatro paredes, no están las pruebas así no más o muchas veces no hay pruebas físicas”. Para la abogada, es necesario avanzar en juzgados especializados, prohibiendo expresamente la utilización de síndromes sin sustento científico.

Según la abogada, es crucial la intervención de los organismos competentes, como SENAF, la Defensoría de niñes y adolescentes y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, constituyéndose como co-querellantes o amicus, para presionar frente a los casos de encubrimiento. Exigen una modificación de la Ley de violencia contra las mujeres, que incluya como un tipo de violencia de género, la violencia vicaria, es decir, la que se ejerce contra las mujeres por medio del daño a sus hijes.

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