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Cada vez más lejos del 82 por ciento

Mientras las demandas sobre la inconstitucionalidad de la ley 10.694 esperan hace dos años en el Tribunal Superior de Justicia, los haberes de los jubilados se deterioran al ritmo de la inflación. Y los aumentos llegan con dos meses de retraso.

Por Roy Rodríguez

El mediodía del 21 de mayo de 2020, mientras las calles estaban desiertas y la mayoría de la población cumplía el aislamiento social obligatorio, el gobernador Juan Schiaretti envió a la Unicameral el texto de reforma del sistema previsional provincial. A la madrugada del día siguiente, era Ley. Fueron 46 votos a favor, 12 en contra, tres abstenciones y nueve ausentes.

Bajo el nombre Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, la ley 10.964, permitió en la práctica el recorte de haberes a buena parte de los jubilados de la Caja de la Previsión de la Provincia. La sorpresa y quietud iniciales dieron lugar a protestas y presentaciones judiciales. Sin embargo, dos años después, algunos artículos siguen a la espera por una acción declarativa del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ)sobre suinconstitucionalidad, mientras los sueldos de los jubilados se degradan por la inflación.

“Al modificarse el cálculo sobre el haber inicial y pasar del promedio de los últimos cuatro años a diez, la ley nos ha dejado a los docentes de Córdoba con la peor jubilación docente del país. Quien se jubila hoy está cobrando un 60 o 65 % de lo que cobraba en actividad. Y con dos meses de diferimiento para los aumentos. Y,lo que es más grave, por el artículo 54, se descuenta el 20 % a muchos de los que perciben otro beneficio previsional”, explica Zulema Miretti, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)

En la práctica la ley rige para todos los beneficiarios y aportantes de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, es decir, para los trabajadores y jubilados estatales. Fuentes del Gobierno provincial consultadas por Marca Informativa Córdoba decidieron no hacer comentarios. “Es una ley”, dijeron.

El texto del artículo 2 dice de manera textual: “el Programa instituido (…) en ningún caso importarán (sic) reducción alguna en los haberes nominales de los beneficios previsionales actuales”.

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Con la ley 8.094 del año 1990, al momento de finalizar sus trámites jubilatorios, el nuevo beneficiario recibía el 82 % de su último sueldo. Ese fue el punto de partida de un derrotero de leyes y decretos que fueron reduciendo, en la práctica, los haberes jubilatorios. En 1995, el gobernador Ramón Mestre firmó el decreto 1.777. Cambiaba la forma de calcular el 82 % móvil al descontar del monto total los aportes del trabajador activo. Los nuevos jubilados cobraban el 73 %. El TSJ convalidó el recorte, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nacióndeclaró su inconstitucionalidad.

En el caso de la ley vigente, al menos tres demandas colectivas iniciadas por la UEPC, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Empleados Públicos(SEP) buscan que el TSJ declare la inconstitucionalidad. “El TSJ es una especie de escribanía que convalida las reformas previsionales, cada ajuste.Desde el decreto de Mestre a las reformas de De la Sota y Schiaretti: 2008, 2009, 2012, 2015 y 2020. Todas fueron convalidadas y fueron peores para los jubilados que las anteriores. Siempre regresivas, recortando derechos, procurando un ahorro fiscal”, afirma Aníbal Paz, abogado patrocinante de una de las causas.

Jorge Horacio Gentile es profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica de Córdoba. Opina que, al dilatar su opinión sobre la constitucionalidad o no del recorte, el TSJ se alinea con los intereses del Gobierno. “En la práctica esto es una confiscación. Es como si a usted le sacaran su casa. Si le quitan el derecho a cobrar parte de una jubilación, eso también es una confiscación”, dice.

Con la ley actual, la primera jubilación de un estatal pasó a calcularse por el promedio de sueldos de los últimos 10 años. Eso redujo el haber inicial. Además, cada aumento acordado, el jubilado lo percibe con dos meses de retraso. Y, en aquellos casos donde el beneficiario percibe,además de su jubilación,otro ingreso previsional y el total supera los seis haberes mínimos (unos$ 204.000) sufre un descuento del 20 % como “aporte solidario al sistema”.

Justicia a medias

Desde 2020, el TSJ emitió resoluciones parciales sobre la validez de algunos puntos de la norma. En un fallo del 28 de diciembre de 2020 dijo que no correspondía “descuento por aporte solidario para quien percibe un beneficio previsional provincial y otros ingresos por arrendamientos, alquileres o beneficio previsional de una caja profesional.” Sin embargo, para Miretti, la línea adoptada iría “contra su propia jurisprudencia, como ladel caso Bossio”.

En diciembre de 2009 el TSJ, por unanimidad, dictaminó que “ni siquiera por razones de emergencia”, ninguna restricción previsional puede afectar el 82 % móvil del sueldo líquido del trabajador activo. “Este es un límite infranqueable fuertemente adquirido por las normas constitucionales”, decía el fallo en favor de Emma Esther Bossio.

Las fuentes consultadas coinciden en que políticamente sería muy difícil, en este momento, volver atrás, en caso de que el TSJ emitiera la inconstitucionalidad de los artículos que permiten la reducción de haberes. Y que, si bien las bases gremiales presionan para que se tome una resolución, la quietud de las aguas es aceptada por la mayoría de los actores. “Hay afinidades políticas cruzadas, entonces, mover una ficha es muy difícil para cualquiera”, explican.

Desde la UEPC coinciden en que es necesaria una “decisión política”. Con ese objetivo, hace algunas semanas enviaron una carta al gobernador Schiaretti.”No obtuvimos respuesta”, dicen. Y si bien las protestas siguen, “en las calles estamos solos”, reconoce Miretti.

En ese marco, según Aníbal Paz, son las mujeres jubiladas o pensionadas las más perjudicadas por la situación. Según su visión,la problemática actual requiere, además, aplicar una perspectiva de género. “El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, por ejemplo, habla de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato a mujeres, niños y ancianos”.En el caso del descuento del 20 % son las mujeres “las máximas afectadas, tanto en el monto como en cantidad”.

Si el TSJ emitiera una resolución en favor de la constitucionalidad de la ley, habilitaría un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Todo llevaría tiempo.La UEPC, por su parte, propicia que cada nuevo jubilado inicie una demanda reclamando el 82% móvil. Para Gentile, “el Gobierno sabe que quién haga juicio lo va a ganar.Ellos crearon todo un sistema judicial con el que chicanean pero no cumplen con lo que dice la Constitución, la ley, ni la jurisprudencia. No les interesa, total lo va a pagar el próximo”.

DESTACADOS:

“Bajo el nombre Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, la ley 10.964, permitió en la práctica el recorte de haberes a buena parte de los jubilados de la Caja de la Previsión de la Provincia”

“Al modificarse el cálculo sobre el haber inicial y pasar del promedio de los últimos cuatro años a diez, la ley nos ha dejado a los docentes de Córdoba con la peor jubilación docente del país” (Zulema Miretti, UEPC)

“El TSJ es una especie de escribanía que convalida las reformas previsionales, cada ajuste. Desde el decreto de Mestre a las reformas de De la Sota y Schiaretti: 2008, 2009, 2012, 2015 y 2020. Todas fueron convalidadas y fueron peores para los jubilados que las anteriores” (Aníbal Paz, abogado)

“Para Jorge Horacio Gentile, profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica de Córdoba, al dilatar su opinión sobre la constitucionalidad o no del recorte el Tribunal Superior de Justicia se alinea con los intereses del Gobierno provincial”

RECUADRO

Testimonios de docentes jubilados

Ni para la tiza

Lilian Soto. Jubilada, docente del ex Consejo del Menor: “Cuando me jubilé cobré el 82 %. Hoy cobro el 82 % del 89 %. Y eso afecta mi posibilidad de acceder a una vida tranquila. Sentir que la jubilación alcanza. Los remedios aumentan, la inflación aumenta. Somos un sector al que nos cuesta juntarnos, trasladarnos y este Gobierno hace oídos sordos y nos atropella porque no estamos en condiciones de salir a la calle y luchar como lo hacíamos cuando éramos jóvenes”.

Viviana Carnero. Jubilada, ex docente de educación tecnológica en la Escuela Grecia de barrio San Vicente: “La ley nos afecta en la vida diaria, porque cuando les dan un aumento a los docentes activos, a nosotros nos llega dos meses después, licuado por la inflación. Por eso reclamamos que se deroguen los artículos que afectan nuestra dignidad. Una ley justa y solidaria no es una ley que se apoya en los jubilados para descontarles”.

José Luis Salinero. Jubilado, ex vicedirector de la Escuela Gregoria Matorras y preceptor del Ipem 337. “Cuando recién me jubilé cobraba casi lo mismo que en actividad. Hoy he perdido uno de los dos sueldos. Y los jubilados próximos van a cobrar mucho menos. Gracias a esta ley, y a los recortes de los últimos años, la jubilación docente más pobre del país está en Córdoba”.

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