Paola García Rey: "El Estado debe tener la capacidad de investigarse a sí mismo"

En diálogo con MI Córdoba, la directora adjunta de la ONG, Paola García Rey, explicó cual será su rol en el devenir de un proceso emblemático para la provincia y el país.

Amnistía Internacional desembarcó el martes pasado en Córdoba para monitorear el juicio en el que trece agentes de la Policía de la Provincia están siendo juzgados por asesinato y encubrimiento.El equipo se irá turnando para asistir a las audiencias claves, pero una persona estará presente en todas las jornadas para documentar y dar cuenta de lo que sucede cotidianamente. Para Amnistía Internacional, el caso de Blas Correas marca un punto de inflexión en la visibilización de la violencia policial en la provincia de Córdoba y obliga a repensar la estructura policial para procurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. “El Estado debe tener la capacidad de investigarse a sí mismo y estar dispuesto a romper la trama de poder que por lo general subyace a este tipo de casos de violencia policial”, dijo García Rey a MI Córdoba.

- ¿Cuál es el rol de Amnistía Internacional en el juicio?

- Vamos a estar haciendo una actualización constante sobre la causa porque queremos mostrar cómo opera la Justicia, cómo es el juicio oral y cómo son los debates. Por supuesto que vamos a proteger cuestiones que no puedan trascender públicamente, pero creemos que el dar cuenta del minuto a minuto, de cómo se lleva adelante el proceso judicial, es clave para contar la historia del Blas y garantizar que la Justicia rinda cuentas. Además, para que la Justicia esté a la altura de las circunstancias y que el Estado pueda investigarse a sí mismo. En este caso hay muchos intereses políticos y corporativos, ya sea de las fuerzas policiales y los poderes que intervienen. Incluso en la supervisión de la Policía, que tiene intereses en los hechos. Parte de nuestro objetivo es que el caso de Blas nos ayude a reflexionar y generar las reformas necesarias para desinstitucionalizar la violencia, que es palmaria en Córdoba, pero que trasciende a la provincia y es un problema de derechos humanos en todo el país. Así como trabajamos en el caso de Blas trabajamos en casos en otras provincias con este objetivo final: generar cambios estructurales que nos permitan reconstruir la confianza de la sociedad con las fuerzas de seguridad y con la Justicia.

- ¿Creés que la presencia de Amnistía va a influir en el proceso del juicio por Blas?

- Nosotros confiamos en la imparcialidad de la Justicia y por eso no queremos generar instancias de presión. Muy por el contrario, lo que queremos es visibilizar. La confianza que tiene Soledad Laciar en la Justicia la tenemos también nosotros y estamos convencidos de que poder transparentar y contar va a ayudar a que casos como éste no se vuelvan a repetir y a pensar también en reformas estructurales. Este juicio, con trece imputados, es emblemático para esta provincia, pero también a nivel nacional; queremos que navegue en aguas firmes para garantizar que haya condenas a los responsables.

- Laciar dijo en una entrevista a MI Córdoba que lo que más le preocupa es el tema del encubrimiento, ¿ustedes tienen la misma mirada?

- Sí. Y el problema es que esto no sólo sucede en Córdoba: es un modus operandi de situaciones de violencia institucional. El corporativismo policial inmediatamente encubre y tapa y la política también está en connivencia con ese corporativismo, que funciona en detrimento de la garantía de Justicia. Entonces, el mensaje que pueda salir de la Justicia de Córdoba va a trascender a la provincia para proyectarse hacia toda la sociedad y hacia todas las fuerzas de seguridad. Que casos como estos no van a ser tolerados y que hay una Justicia que está a la altura de generar las condenas no sólo de los trece imputados hoy en el marco de la causa, sino también de las responsabilidades hacia arriba que surjan. A futuro esperamos poder sentar a esos acusados también en el banquillo. No somos ingenuos, sabemos que es una batalla a largo plazo y muy compleja, pero estamos en esa dirección.

- ¿Manejan números de violencia institucional a nivel país?

- No, y parte de las múltiples reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Dirección de Violencia Institucional tienen que ver con pedir datos de violencia policial. Hoy hay cifras de gatillo fácil de algunas organizaciones y si bien somos muy respetuosos de la calidad de esa información, no dejan de ser datos armados muchas veces domésticamente o en función de notas de medios de comunicación. Creemos que Argentina tiene que trabajar en un diagnóstico. Sin un diagnóstico sobre los índices de violencia, sobre cómo opera el sistema y las fuerzas de seguridad, no se pueden brindar respuestas o pensar en reformas integrales para atacar estas problemáticas. Los índices de información y los datos que puedan ser centralizados a nivel nacional son claves para ese ejercicio y ese trabajo, con lo cual seguimos reclamando esos números. Este año Argentina rinde -entre otras cosas- lo que se llama el Examen Periódico Universal, un examen de Naciones Unidas sobre la vasta agenda de Derechos Humanos y uno de los ejes sobre los que va a tener que rendir cuentas es la violencia institucional. Esta es una oportunidad para remarcar los casos individuales, pero también la problemática estructural y la falta de información que permita tener diagnósticos certeros para trabajar en políticas públicas. Sin información no se pueden adoptar medidas.

Otros casos en Argentina

Amnistía Internacional acompaña otros casos de violencia institucional en el país. Por caso, el de Mauro Coronel, en Santiago del Estero. “Es un caso de tortura en términos de los hechos, pero parte del problema es que no se está imputando a las fuerzas de seguridad que intervinieron por el delito de tortura. Mauro fue detenido y hay videos que muestran que está atado a un mástil en ropa interior, gritando en la madrugada y que fue golpeado por la policía de la Comisaría 10 de Santiago del Estero. Hoy, a dos años de los hechos, hay apenas una investigación incipiente sobre vejaciones que no incluye la tortura”, detalla García Rey. Además, la organización está trabajando en Chaco con un caso de violencia y tortura contra referentes de comunidades indígenas, en el barrio de Fontana. “En comunidades urbanas pasa lo mismo: videos en los que se ve a la policía ingresando violentamente a los domicilios, luego son trasladados a la comisaría, donde siguen las torturas y los golpes. Hoy estamos próximos al inicio del juicio oral de la causa, pero tampoco hay una calificación de tortura que dé cuenta de la magnitud de los hechos y de la trascendencia institucional que tienen. Esto de naturalizar la violencia y lo fracturada que está la confianza de la sociedad con las fuerzas de seguridad en todas las provincias del país es un síntoma nacional que tenemos que trabajar”.

Sociedades violentas

La violencia policial no es un compartimento estanco, sino que forma parte de un entramado violento que atraviesa a toda la sociedad. Desde Amnistía Internacional empezaron hace algunos años con investigaciones al respecto. “Empezamos con lo que fue la discusión del aborto y los niveles de violencia hacia aquellas defensoras de los derechos humanos que se animaban públicamente a defender la salud sexual y reproductiva de las mujeres; sobre todo en las redes sociales, donde veíamos el odio muchas veces concertado en pos de atacar y silenciar las voces”, reflexiona Paola García Rey. En este sentido, advierte que hay un contexto en Argentina donde la agenda de violencia de género es prioritaria y la violencia digital y los discursos se han corrido del límite de lo decible: “Está habilitado cualquier discurso en cualquier contexto y a cualquier costo. Y eso también va en detrimento de la libertad de expresión. Hay muchas voces que se fueron apagando, corriendo del debate, medios de comunicación que salieron desesperados a sumarse a la agenda de género y a nombrar editoras de género, pero hoy están censuradas, silenciadas y no pueden escribir lo que quieren con total libertad. Y eso es sumamente preocupante”.