13 años de la desaparición de Yamila Cuello: "En Córdoba hay trata"

Yamila tenía 17 años cuando conoció a Néstor Simone, 19 años mayor que ella. La relación estuvo marcada por la violencia de género de parte de Néstor y su hermano de crianza, Ramón Palacios. “Ambos asistían con ella a eventos de juego y apuestas clandestinas, ofreciendo la explotación sexual de Yamila a cambio de saldar apuestas perdidas”, testimonió Soledad Cuello, su hermana. La violencia siguió en aumento hasta que familiares y amigos la rescataron de la casa de Simone, donde estaba encerrada.

El 25 de octubre de 2009 Yamila salió de su casa y no regresó. Vivía con su abuela en barrio Coronel Olmedo, de la Ciudad de Córdoba. Antes de irse discutió con alguien por teléfono y, aunque su amiga Karina Da Silva borró la evidencia del celular de Yamila, se presume que hablaba con Simone, quien la seguía rondando. La familia quiso hacer la denuncia inmediatamente en la comisaría del barrio, pero no se la tomaron, les dijeron que debían pasar 72 horas porque “puede haberse ido por ahí con alguien”. Esto fue clave para perder el rastro de la joven.

La causa, radicada en el Juzgado Federal N°1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro, en la fiscalía de Enrique Senestrari, fue caratulada como trata de personas. En estos 13 años se elaboraron diferentes hipótesis, pero la familia insistió en señalar a los agresores de Yamila como responsables de su desaparición y a Da Silva como cómplice. “A Simone se le dictó un sobreseimiento en septiembre de 2010, muy próximo a la fecha de desaparición de Yamila, que quedó firme porque no había querellante y nadie discutió esa resolución, entonces hoy no se lo puede seguir investigando por trata de personas", explica la abogada Graciela Taranto, representante de Soledad Cuello. Actualmente la investigación sigue en curso, con la imputación de Simone por homicidio calificado y de Palacios por trata de personas y homicidio calificado.

Se trata de “Nora”

Nora es el nombre ficticio de una joven actriz cordobesa captada mediante mentiras cuando todavía era menor y sometida a condiciones de esclavitud. Eduardo Zanello, abogado y jubilado del Poder Judicial de la provincia, está investigado como el presunto entregador de la joven a Eduardo Garzuzi, de 52 años, funcionario retirado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Mientras ella mantuvo una supuesta relación sentimental con Garzuzi, se alejó de sus vínculos, dejó su trabajo, comenzó a depender de él económicamente y para comunicarse, su cuerpo y su psiquis se deterioraron y presentaba marcas de violencia física. Nora les contó a personas de su entorno que él la llevaba a fiestas para que tuviera relaciones sexuales con otros hombres. El 3 de junio de 2020, la familia presentó una denuncia por trata de personas en la Fiscalía Federal N°2, que llevó al allanamiento del departamento donde se encontraba Nora.

Después de dos años de lucha, en septiembre pasado, se elevó a juicio la causa, que tiene como imputado a Garzuzi por los delitos de trata agravada por la condición de vulnerabilidad de la víctima y por haberse confirmado la explotación para la que había sido captada y sometida. Zanello, en tanto, fue detenido por amenazar a la familia. La causa está en etapa de investigación.

“Es un avance porque los denunciados eran personas vinculadas al Poder Judicial de la provincia y porque es una causa que primero no se la veía como trata y se la redefinió a partir del trabajo jurídico, del acompañamiento y la presión social en las calles”, señaló la abogada Natalia Bilbao Carmona, integrante de la querella junto a Claudio Orosz. “Consideramos que es una red, un trabajo en equipo. A lo largo de la causa hay desprolijidades o descuidos que dan indicios de que quizás haya otras personas implicadas para encubrir, minimizar o tergiversar la situación”, insiste la abogada.

Juntes y en la calle

“Al principio me quedé en mi casa, hice lo que me dijeron y no recibí respuesta. Entonces salí a la calle y ahí me di cuenta que no estaba sola”, dice Soledad que, junto a la Coordinadora por la Aparición con Vida de Yamila Cuello, instalaron en la agenda pública la existencia de redes de trata en la provincia. El próximo viernes 28 de octubre, como cada año, se movilizarán reclamando también por la aparición de Silvia Gallardo, Luz Oliva, Jimena Natalí Arias, Delia Gerónimo Polijo y todas las personas desaparecidas en democracia, señalando la responsabilidad del Estado “que no las busca” y la complicidad institucional.

Desde el espacio “Se trata de Nora” entienden que la movilización permanente “surtió efectos en los tribunales” y remarcan la importancia del acompañamiento del Movimiento de Mujeres, la Asamblea Ni Una Menos, organizaciones sociales, personalidades políticas, Actrices Argentinas, medios de prensa alternativos y legisladoras de la izquierda.

La explotación sexual es un delito. La trata de personas existe. La línea 145 es gratuita, anónima y nacional. Si algo te hace dudar no dudes, llamá ya al 145.

Jesús Rodolfo Pérez es miembro del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

En conversación con MI Córdoba, señaló que este delito atraviesa todos los sectores sociales y casi todos los procesos productivos y que “en la actualidad en nuestra provincia la trata de personas con finalidad de explotación sexual ha cambiado su metodología delictiva, pero existe fuertemente, y cuesta más identificarlo porque los métodos de captación y de ofrecimiento se han profundizado a través de las redes sociales (...) vemos el crecimiento del fenómeno del Grooming y el uso de la virtualidad en toda la cadena delictiva”.

Según el Programa Nacional contra la Trata, en 2021 se rescataron 331 personas víctimas de trata para explotación sexual, la mayoría mayores de edad y de nacionalidad argentina. Pérez hace hincapié en la importancia de la asistencia integral a las víctimas y recuerda como emblemática la resolución de la causa de los hermanos Fabio y Ricardo Barey un año atrás, quienes captaban mujeres jóvenes, vulnerables y migrantes con promesas engañosas de trabajo. “De la exhaustiva investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba se logró probar que más de 30 mujeres fueron víctimas de trata y explotación sexual y laboral, además del delito de lavado de activos con los recursos económicos obtenidos por esta explotación”, refiere. Además de la condena a cuatro años de prisión, deben indemnizar a las víctimas por 30 millones de pesos. Los bienes incautados serán rematados y servirán para ayudar a reparar económicamente a las 30 víctimas, tal como establece la Ley 27.508.

“Estamos convencidos que el Estado tiene que tener una participación más activa e interdisciplinaria para combatir el crimen organizado. Entender que la trata de personas es el tercer delito que más activos mueve en el mundo, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas, es fundamental para tomar el compromiso necesario que este flagelo necesita”, concluye.