Autorizan un aumento del 15,33 % en la tarifa del agua en Córdoba

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) de Córdoba aprobó un aumento del 15,33% en la tarifa del servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba. Con este incremento, correspondiente al período febrero - mayo de este año, el agua ya lleva una suba acumulada del 64,83% en lo que va del año.

La empresa argumenta que este pedido es consecuencia de la persistencia del proceso inflacionario que provoca “la variación permanente de los costos operativos”.Así lo sostuvo la jefa de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas, Cristina Barrientos, en la audiencia pública convocada por ERSeP, realizada de manera virtual el miércoles 18 del corriente y en la que participaron las partes involucradas y un ciudadano (Sebastián Heredia) que rechazó la suba propuesta y reclamó al organismo de control que agilice la causa penal por la contaminación del agua. También estaba inscripto para hablar el legislador provincial Marcelo Cossar (Juntos UCR), pero cuando fue llamado a exponer, no se presentó.

La audiencia fue dirigida por el presidente del ERSeP, Mario Agenor Blanco. Durante su exposición, la representante de Aguas Cordobesas afirmó que el ingreso por tarifa es el único que percibe la empresa y explicó el mecanismo mediante el cual la empresa puede solicitar una suba: el contrato de concesión establece que se puede iniciar la revisión tarifaria cuando se verifique una variación de costos igual o superior al ocho por ciento. Desde la empresa sostienen que ese índice ha sido mayor al 16%.

El incremento aprobado por el ERSeP se hará efectivo una vez que se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Luego de la participación de Lucas González, representante del ERSeP en la Mesa Tarifaria, un ciudadano llamado Sebastián Heredia pidió la palabra y rechazó el incremento. El hombre también consultó al presidente del ERSeP porqué convocó a la audiencia de manera virtual y dijo que la modalidad suponía una “forma medio escondida” de comunicar el aumento a la sociedad. También dijo sentirse desilusionado por la posición del organismo frente a la denuncia penal presentada por la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH): “Ustedes como ente regulador miran para otro lado, deberían estar apoyando a ONGs y los partidos políticos que están luchando en esta causa”, le recriminó.

Agenor Blanco le contestó que se evaluaba volver a las audiencias presenciales y defendió su postura a favor de la empresa en torno a la presunta contaminación del agua potable que se distribuye en la ciudad: “Siento un gran respeto” por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA), entidad perteneciente a la Universidad Tecnológica, que lleva a cabo los análisis del agua “, insistió.

“¿Cómo podés autorizar un aumento a una empresa que tiene denuncias en la Justicia?”, insistió Heredia. El presidente del ERSeP respondió que era una audiencia tarifaria y que ese tema no estaba en agenda para ser debatido, por lo que dio por terminada la discusión. “Si vos te querés contactar con nosotros, fijamos día y hora y nos reunimos. Pero este no es el marco”, concluyó Agenor Blanco.

La causa penal

Mientras el ERSeP aprobaba un nuevo incremento en el costo del servicio de agua potable en la ciudad, la Justicia provincial rechazaba por tercera vez el pedido de la diputada provincial Luciana Echeverría de constituirse como querellante en la causa que investiga la presencia de toxinas dañinas para la salud en el agua de Córdoba. “Entiendo que solamente nos queda el recurso de casación para que la causa llegue al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Echeverría.

El expediente volverá a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico, a cargo de Franco Mondino. A principios de octubre, la APDH anexó ante esa Fiscalía una ampliación de la primera denuncia presentada en mayo, en donde los denunciantes sumaron como elemento de prueba a la causa los resultados de los últimos estudios difundidos en septiembre, en los cuales se verifica una presencia de toxinas 17 veces mayor a los permitidos por los organismos internacionales.

En esa ampliación también se solicitaba que el médico Medardo Ávila Vázquez, secretario general de la APDH, se constituyera como parte de la querella y se cuestionaba la integridad del CIQA como organismo de control de contaminación del agua, ya que consideran que esa entidad “tiene intereses comprometidos en los hechos que se investigan” debido a su “estrecho vínculo” con el ERSeP.