Por Guillermina Delupi
"La pandemia generó un clima de mayor impunidad hacia el campesinado"
Darío Sánchez y Raúl Almeida forman parte de un movimiento cuyo día a día consiste en resistir los numerosos intentos de desalojos a los que se ven sometidos por parte de grandes especuladores, generalmente con la complicidad del Poder Judicial. Mientras tanto, buscan asentarse en la producción agroecológica y en la formación campesina. "No queremos que se apropien de palabras como 'ambiental' o 'agroecología', que son nuevas para nosotros pero las hemos ido incorporando", admiten.
Constataciones falsas de oficiales de Justicia, topadoras que tapan el único pozo de agua de la zona, sanciones y ardides tribunalicios son las fotos de una dinámica de la injusticia, del día a día de campesinos sometidos a un Poder Judicial que juega siempre a favor de los poderosos y que los obliga incluso hasta a vender sus pertenencias en pos de no perder lo poco que les queda: sus tierras.
El Movimiento Campesino de Córdoba articula a nivel nacional con el MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena), a nivel Latinoamericano con la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y a nivel mundial con la Vía Campesina. Además, de manera conjunta con el Movimiento Nacional Campesino Indígena y con la Federación de Cooperativas Federadas y la Unión de Trabajadores de la Tierra, han conformado una Mesa Agroalimentaria Argentina para trabajar desde lo productivo.
En diálogo con MI Córdoba, Darío Sánchez, miembro del MCC y Raúl Almeida, abogado de la organización, detallan la realidad de los campesinos hoy.
- ¿Cómo opera la Justicia en el campo hoy?
- Raúl Almeida: Venimos viendo algunos modos de proceder de la Justicia que son llamativos. Normalmente lo que suele estar en juego cuando hablamos de campesinos y tierra es el delito de usurpación. Ordinariamente por ese delito nadie suele ir preso, pero tuvimos un caso, en la zona de La Aguadita, en el que casi toda una familia fue presa por nueve meses. El caso, que si bien no es de la organización, tuvo una manera muy inusitada de proceder por parte de la Policía y por ende sostenida por el Poder Judicial. Así es el día a día del campesinado. Algo que para alguien de la ciudad es absolutamente cotidiano y es presupuesto, como por ejemplo el hecho de ir a hacer una denuncia y que haya un policía que la reciba, para nosotros supone hacer gestiones especiales. Esto siempre fue así, pero después de la pandemia se agravó.
- ¿A qué lo atribuyen?
- Raúl Almeida: Entiendo que la pandemia generó un clima de más atribuciones en ese eslabón fino que es la Policía mal formada y que es la que tenemos. Y cuando digo atribuciones, también puede traducirse en impunidad, en procederes irregulares sin ninguna consecuencia. Esto es importantísimo porque es de todos los días. Debería existir un protocolo especial en la Policía porque estamos hablando de confrontación de culturas. No son lo mismo los saberes de un campesino que alguien de una ciudad. Eso debería estar ya asumido por las instituciones. Y el Poder Judicial puede ser elegido como un refugio para los negocios, porque estamos hablando de gente que tiene la posibilidad de contratar abogados y que puede acudir a la litigiosidad infinita.
- ¿De qué manera resisten?
- Darío Sánchez: Depende, porque cuando las familias están organizadas y tienen experiencia, es distinto; el problema son las familias que no están organizadas, porque al no tener las herramientas de la organización terminan gastando un montón de plata en abogados. Además, les terminan ganando por cansancio. Si les ponen medidas como las de No Innovar, en las que el campesino no puede modificar ni hacer nada en sus tierras, al que viene a especular no le importa esperar, pero el que tiene que producir no resiste demasiado tiempo.
- Raúl Almeida: Y hay muchos empresarios que tienen este modus operandi. Han llegado a contratar policías adicionales para proteger una topadora que tapó un pozo de agua. Hay que reflexionar sobre esto: cómo es posible que alguien pueda contratar policías para un hecho como este, que resultó ser una usurpación, y que gracias al trabajo de la organización pudimos demostrarlo. Logramos que lo que ordinariamente es la criminalización del campesino dueño de la tierra sea en este caso la imputación y la elevación de la causa a juicio. Esto sucedió hace tiempo, pero nosotros lo ponemos como ejemplo porque fue uno de los primeros casos en los que fuimos por daños y perjuicios en contra del empresario. Fue un caso excepcional, pero creemos que lo simbólico es fundamental: que un campesino haga por primera vez un juicio por daños y perjuicios a un empresario de este tenor es importantísimo. La litigiosidad es una herramienta muy cobarde para cansar al débil.
- Y no hay cuerpo que resista...
- Raúl Almeida: Así es. Y eso es tan literal. Porque se muere la gente. No es sólo el hecho de tener energía, o la fuerza de una organización, sino cómo sostenerse si al mismo tiempo uno tiene que vivir.
- ¿Cómo ha evolucionado el movimiento desde sus inicios?
- Darío Sánchez: Al principio era tan alta la conflictividad de la tierra que era un lugar más de resistencia que otra cosa. Llegamos a tener casi 80 imputados, teníamos topadoras por todos lados. Entonces, la principal actividad era hacer guardias, sobre todo en los momentos de ferias judiciales, que era donde más aprovechaban. Cuando empezamos a poder producir en algunos lugares, pudimos empezar a ocuparnos de otras cuestiones.
- ¿Qué pasa con las mujeres y las juventudes dentro del movimiento?
- Darío Sánchez: Hay mucha juventud con ganas, la mayoría han sido cosecheros y con ellos estamos empezando la experiencia de que tengan sus propias producciones. Ya hay fábricas de tomate triturado, de dulce de leche, de queso de cabra y marroquinería. Muchos de nuestros jóvenes eligen quedarse en el campo. Y las mujeres tienen un rol importantísimo también. En Cruz del Eje la gran mayoría son mujeres.
- Ustedes hablan de soberanía alimentaria, ¿qué implica esto?
- Darío Sánchez: Es muy necesaria la discusión de la tierra y conocer las diferentes formas en que podemos producir. Dentro del movimiento hemos construido varias cuencas lácteas caprinas, tenemos leche fluida pero también hemos podido darle valor agregado y hacer quesos y dulce de leche. Aunque ahí nos encontramos con otras cuestiones que tienen que ver con las habilitaciones. En Córdoba tenemos un local (NdR: ubicado en Rivadavia 758) donde se venden productos nuestros y de otras organizaciones. Hablar de soberanía alimentaria tiene que ver con que las personas tengan la posibilidad de elegir, pero para eso tiene que haber más volúmenes de producción. En los barrios y pueblos estamos construyendo fábricas donde se da valor agregado a la producción que hay en los alrededores, pero todo es muy a pulmón. Estamos armando un corredor agroecológico de producción de verduras, pero nos encontramos con que el Ministerio nos provee la quinta parte de lo que realmente necesitamos para poder producir con volumen y no quedarnos en una huerta.
- ¿Cómo estamos en materia de leyes?
- Raúl Almeida: Hay varias. Pero el problema son las reglamentaciones. Por un lado está la Ley Nacional de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra (N°27.118), que está vigente en todo el país y hay provincias que han adherido, aunque no está reglamentada. Luego está la Ley Provincial de Agricultura Familiar (N°10.657) y la Ley de Emergencia Territorial Indígena (N°26.160), que es la más importante porque es una ley que se logró a partir de mucha lucha con compañeros y organizaciones de todo el país y que tiene toda la letra de lo que nosotros necesitamos. En esa ley se habla de bancos de tierra, de las semillas y también de los desalojos. Se destaca al sujeto de derecho, al agricultor familiar que ahora se llama campesino indígena. Y en cuanto a la problemática, establece la emergencia al punto de suspender los desalojos. Pero tampoco está reglamentada. Es un caso muy parecido al de la Ley de Humedales: leyes que siempre están a punto de salir, pero no salen por falta de voluntad política.
- ¿Cómo están las políticas públicas para estos sectores?
- Darío Sánchez: Algo hay, pero son programas insuficientes. Casi no hay dinero y los proyectos son muy complejos. Y es imposible que podamos crecer si no hay un apoyo fuerte del Estado.
- Raúl Almeida: Hubo mucho decires, incluso del Gobierno nacional, respecto a que esta coyuntura que obligaba a resolver la situación de los alimentos también obligaba a mirar otras cosas, como por ejemplo saber de dónde salen los alimentos. Pero no hay estrategias ni miradas de lo importante que es esto para todos los pueblos, no sólo para salvar la no extinción del campesinado. Somos un país rico en recursos pero en términos de matriz productiva lo que existe hoy de ninguna manera va a resolver el problema de la alimentación.
“Nos capacitamos para que no nos roben las palabras”
Además de resistir los embates del empresariado que usurpa sus tierras, el Movimiento Campesino es consciente de la necesidad de formación y ha desarrollado áreas que se enfocan en género, en la tierra y en los derechos.
“Creemos que esto es importante porque si no, nos roban las palabras, se las apropian otros. Palabras como ‘ambiental’ o ‘agroecología’ son nuevas para nosotros, pero las hemos ido incorporando; también el concepto de Movimiento Campesino como forma de vida, que no necesariamente implica irse a vivir al campo”, resume Darío Sánchez. El área de formación del Movimiento también está haciendo una Escuela de Guardianes, que se articula a las brigadas que nacieron en el monte por el problema de los incendios.
“Queremos que se reconozca al sujeto campesino como guardián del bosque”
Según señala Raúl Almeida, a la Provincia le queda apenas entre el 2% y el 3% del monte, que es “lo que permite que un montón de cosas sucedan”. En este sentido, desde el Movimiento Campesino vienen llevando a cabo un relevamiento sobre la cantidad de familias que hay en la zona de Ansenuza y en la costa del Río Dulce. “Esto se hizo de manera conjunta con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y habla de unas 150 familias”, dice Almeida.
El trabajo busca además el reconocimiento y la protección de la vida campesina, particularmente en esa zona, donde hay una forma de uso de la tierra específico, ancestral y único. “En toda esa zona de muchísimas hectáreas hay productores que viven y producen de una manera abierta y colectiva; cada uno se conoce y trabaja en función de los otros con la trashumancia, que es básicamente hacer diferentes momentos de pastaje en función de las altas y las bajas del río y del lago; y llevando y trayendo animales de un lugar a otro. Hoy hay un parque nacional recién creado, que celebramos siempre y cuando se reconozca la existencia del sujeto campesino como guardián del bosque y que los proteja y no los perturbe”.

