Media sanción a la Ley Integral de VIH, Tuberculosis y Hepatitis

El hashtag se multiplica en la exigencia de la aprobación de la Ley. Habla de urgencia, necesidad y hartazgo tras nueve años de lucha y cuatro proyectos que perdieron estado parlamentario. Avanza hacia el Senado una propuesta que cambia el paradigma biomédico de la antigua Ley de Sida Nº 23.798 y propone una respuesta integral con perspectiva de género y derechos humanos para quienes conviven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), tuberculosis o hepatitis.

Por Anabella Antonelli

El 2021 terminaba, otra vez, con una deuda histórica. Cerraba otro año legislativo sin tratar una nueva Ley de Respuesta Integral al VIH. En los seis años que el proyecto estuvo en Diputados se estima que fallecieron 15.000 personas por causas relacionadas al SIDA, a las hepatitis virales o a la tuberculosis y hubo 28.800 nuevos diagnósticos. “Se siguen muriendo 13 personas por día en nuestro país”, dijo la diputada oficialista Carolina Gaillard al presentar el proyecto de Ley trabajado por organizaciones y activistas VIH+, y agregó que 140 mil viven hoy con el virus en nuestro país, y hay 4.500 diagnósticos nuevos por año.

A fines del año 2020, la Organización Panamericana de la Salud informó que los casos de VIH aumentaron en América Latina un 21% entre 2010 y 2019. Durante el gobierno de Mauricio Macri la situación de desprotección se agudizó. Con la desaparición del Ministerio de Salud y el recorte presupuestario para la Dirección Nacional de VIH/Sida, hubo un faltante constante de reactivos y medicamentos para sostener los tratamientos de forma adecuada de unos 15 mil pacientes.

Pero el virus no vive sólo en la sangre, sino también, y fuertemente, en la sociedad. El estigma y la discriminación social ataca todos los ámbitos de la vida de las personas que tienen VIH. Aún hoy persisten los temores irracionales a la transmisión del virus, las actitudes y los juicios negativos hacia las personas positivas. “Es importante y urgente que salga la Ley para subsanar el estigma y la discriminación en los más de 40 años desde que salió el primer diagnóstico en Argentina, y las 13 muertes diarias que vienen sucediendo mientras los diputados y senadores deciden”, expresó a Marca Informativa Córdoba, Florencia Ceballo, activista cordobesa, defensora civil y presidenta de la Red Argentina de Jóvenes y Adolecentes Positivos (RAJAP).

Una nueva Ley

La Ley que se aplica en la actualidad tiene 30 años y, lógicamente, no responde a las necesidades actuales. Su enfoque es biomédico, dirigido a garantizar el tratamiento de las personas con VIH. “Este nuevo proyecto tiene una perspectiva de género y derechos humanos, apuntando a una respuesta integral para personas con VIH, hepatitis y tuberculosis”, explica Ceballo, haciendo foco en los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma. Se logró un apoyo conjunto e intersectorial, con la firma de 61 diputades de distintos bloques como co-autores, con el apoyo del Ministerio de Salud, el de Mujeres, Géneros y Diversidades, el INADI y la ANSES.

En Argentina las personas con VIH pueden acceder a un diagnóstico y un tratamiento gratis para mejorar la calidad de vida, pero desde las organizaciones señalan que hay dos factores que llevan a la muerte: la pobreza y la discriminación. Según el Programa Sumar del Ministerio de Salud, casi el 70% de las personas con VIH en el país no tienen un empleo registrado, combinándose con la discriminación en el ámbito laboral. Un estudio realizado por RAJAP arrojó que al 17% de les encuestades se les negó un empleo o fue despedide por tener VIH.

Una de las medidas que propone el texto es la prohibición del test de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual para ingresar a un puesto de trabajo, en los exámenes médicos preocupacionales. Se creará además el Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación en la órbita del INADI, para que las infecciones no sean motivo para impedir el ejercicio de derechos.

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La Ley prevé tratamientos destinados a quienes tienen el virus por transmisión vertical y poblaciones clave como mujeres, personas trans, travestis y no binaries, y la extensión de la provisión de leche de fórmula hasta los 18 meses para bebés de madres positivas.

Establece además pensiones no contributivas para personas con VIH y Hepatitis B o C que tengan necesidades insatisfechas en situación de extrema vulnerabilidad social. Propone un régimen especial previsional, para acceder a una jubilación con menos edad y años de aporte, pensado para quienes, por la cantidad de tiempo que están con diagnóstico y tratamiento, adquirieron el “síndrome de inmunosenescencia”, es decir, un envejecimiento prematuro y la posibilidad de tener mayores comorbilidades. A esto se le suman los 40 años de discriminación sistemática y medidas expulsivas en espacios laborales, en la que muy pocas personas con diagnóstico positivo llegaron a cumplir los 20 años de aportes.

Solo ocho diputados votaron en contra. Ellos son: Francisco Sánchez, Ricardo López Murphy, Pablo Torello y Paula Omodeo de Juntos por el Cambio; José Luis Espert y Carolina Píparo de Avanza Libertad; Javier Milei y Victoria Villarruel de La Libertad Avanza. Los argumentos, que levantaron algunos medios masivos, fueron desde el desacuerdo por el mayor gasto público hasta traducir el régimen previsional somo jubilaciones de privilegio.

Mientras tanto, las organizaciones ya están trabajando para que este año el Congreso esté a la altura de la problemática. “Tenemos el lema de que no hay más tiempo -dice Ceballo- siguen muriendo compañeros mientras esperamos que el Senado nos de la Ley”.

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