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Crece la protesta social

Las marchas recurrentes de quienes reclaman atención del Estado frente al aumento de los alimentos o la necesidad de útiles escolares en este comienzo de año tensionan una convivencia difícil. El Gobierno asegura que no va a reprimir mientras las organizaciones sociales justifican la modalidad de la protesta.

Por Guillermo Posada

A caballo del aumento constante de precios y el desgaste de los ingresos populares, la inflación llena de gente las calles de Argentina. Es el reflejo condicionado que el cuerpo social expresa como fruto de la experiencia histórica acumulada. El famoso contencioso argentino, manifestado en la efervescente protesta callejera con formato de piquete, corte de calle o interrupción del tránsito no reconoce distinción social: puede ser parte de las protestas de ruralistas sojeros contrarios a pagar impuestos, sindicatos impulsados por sus agendas gremiales o barriadas pobres reclamando que el Estado garantice niveles mínimos de supervivencia.

En ese marco, el debate sobre cuál debe ser el rol del Estado frente a las derivaciones que implican esta modalidad de la protesta es permanente.

El lunes pasado el ministro de Seguridad de la Provincia Alfonso Mosquera dijo que la Policía actúa cuando hay orden judicial. “Nosotros en esos momentos somos auxiliares de la Justicia”, apuntó en declaraciones a Radio Mitre y agregó: “cuando la Justicia imparte una orden el operativo siempre se realiza con prudencia y razonabilidad, atajando impulsos violentos”.

Mosquera dijo que no se desarmará a manifestantes que porten palos “si tenemos que usar postas de goma o reprimir con gases corriendo el riesgo de afectar a mujeres, niños y, muchas veces, embarazadas”. “Eso no va a ocurrir”, insistió, admitiendo que el Gobierno parece haber asumido que la conflictividad social y la protesta callejera llegaron para quedarse.

En esa línea, fuentes de la cartera dijeron a Marca Informativa Córdoba que “frente a una movilización con 10 mil personas -como la del miércoles 16 de marzo- qué vamos a hacer. Hace falta un ejército para desalojarlos y no lo tenemos”.

Mosquera pasó la posta a la Justicia, es decir, a la resolución que la fiscalía de Turno Distrito 1 pueda tomar al respecto cuando se trate de manifestaciones en el centro de la ciudad.

Desde la Fiscalía General de la Provincia se negaron a dar criterios concretos de intervención y dijeron que cada fiscal toma su determinación. Aclararon que el Fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, no haría declaraciones, pero adelantaron -en la misma línea que Mosquera- que “hay que cumplir la ley”, refiriéndose al derecho a circular “preservando la vida y la seguridad de los manifestantes”.

La precaución oficial contrasta con la nafta que desde algunos sectores se echa al fuego de la protesta. El concejal radical Juan Negri -hijo del diputado nacional Mario Negri- presentó un proyecto de ordenanza para incrementar el monto de las multas que establece el Código de Convivencia Municipal a quienes corten calles. También propuso quitarle la ayuda alimentaria que brinda el municipio a los manifestantes que la reciben.

Desde el peronismo kirchnerista, el diputado nacional Pablo Carro dijo que teniendo en cuenta el proceso que atraviesa el país “es casi inimaginable pensar una situación sin conflictividad social”.

“¿Cómo enfrentar esto? Con la doctrina Néstor Kirchner. Hay que aguantársela, con paciencia y tratando de resolver las demandas que plantean esos sectores. No necesariamente cumpliendo con cada demanda puntual, pero si hay que entender que hay una cantidad de demandas que están absolutamente justificadas, más allá de que generen inconvenientes en el tránsito”, añadió el diputado.

Carro cuestionó el criterio del Ministerio de Seguridad de la Provincia: “La respuesta a esta situación es política porque la resolución a las demandas no pueden venir de la Justicia, que además tiene otros tiempos y nunca está en línea con las urgencias de este tipo de demandas. Recostarse sobre la Justicia es una manera de desentenderse”, fustigó.

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Pasado y presente

La modalidad del corte ruta o el piquete, muy extendida en las protestas, nació en la década de los ’90, cuando el ajuste del presidente Carlos Menem perdió apoyo social y comenzaron a verse las uñas de la pobreza estructural y la desocupación en amplias capas de la población. En Córdoba son recordados los primeros piquetes en la ruta 38, en Cruz del Eje, cuando en 1997 los desocupados salieron a reclamar ayudas de subsistencia. Otro tanto ocurrió en Tartagal (Salta) y en Cutral-Co (Neuquén), con sendas puebladas motorizadas por la crítica situación social.

En un texto clásico de la historiadora Mónica Gordillo (“Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada 1955-1973”), la intelectual cordobesa sostiene que las acciones de protesta se encuadran en “marcos culturales (…), es decir, las representaciones simbólicas y las interpretaciones colectivas acerca de los acontecimientos que condicionaron los modos de acción y llevaron a la utilización de distintos repertorios de confrontación, según los actores sociales involucrados y las oportunidades políticas abiertas para la exteriorización de la protesta”.

Los movimientos sociales, los sindicatos, tienen en las calles el espacio para visibilizar sus reclamos y exigir respuestas del Gobierno. La crisis inflacionaria, las deudas de los años de pandemia y el arrastre del gobierno de Mauricio Macri en materia de pérdida de poder adquisitivo nutren de manifestantes las convocatorias.

Con puntos de recurrencia frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre avenida Vélez Sarsfield, frente al shopping Patio Olmos, en Vélez Sarsfield y bulevar San Juan, o en Colón y General Paz, las marchas alteran el ánimo de usuarios del transporte, automovilistas y comercios del centro.

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“Podés prohibir la quema de gomas o los morteros pero eso no elimina el problema que lo origina. Hay que ir a las causas y entender que se viene un tiempo de mucha conflictividad, que está basada en la brutal desigualdad. Si no la resolvés, podrás meter bajo la alfombra una o dos protestas, pero eso va a terminar por en un estallido”, advierte Carro.

Uno de los movimientos sociales que más músculo viene mostrando en las últimas protestas en el centro es el Polo Obrero. Su referente Emanuel Berardo afirma que “siendo 46 millones de habitantes en un país que produce alimentos para 400 millones de personas es inaceptable que haya hambre y desnutrición infantil”. El 16 de marzo el Polo Obrero convocó a buena parte de los diez mil manifestantes que coparon el centro de la ciudad.

Frente a los reclamos de limitar la ocupación del espacio público, Berardo critica a los sectores de derecha –libertarios o macristas, que lideran las encuestas de imagen de Córdoba- porque “plantean un odio hacia los pobres y los trabajadores. Pretenden limitar el reclamo de la mitad de la población que vive bajo la línea de la pobreza y el derecho constitucional a la protesta”. “Acá no es un problema de tránsito sino un conflicto entre dos derechos: a la protesta y a circular. Pero hay que detenerse en que la protesta se da porque una parte de la población ni siquiera puede comer: reclama alimentos”, insiste Berardo.

El dirigente explica que “es más importante satisfacer la vida de personas -si uno no come, no vive- que un problema de circulación. Cuando dicen que los comerciantes pierden un día de trabajo por las movilizaciones olvidan que el problema es que cayó el consumo y eso es lo que perjudica a los pequeños comercios, porque los grandes empresarios siguen teniendo ganancias”.

Las voces de la protesta

Luciana Echeverría, legisladora del –MST en el Frente de Izquierda:

“Ante la malaria generalizada tanto la Nación como la Provincia tienen que dar respuesta asistencial inmediata, para luego avanzar en generar trabajo genuino, por ejemplo, con un programa público de construcción de viviendas. La derecha no se opone a todos los piquetes sino a los que hacen los sectores populares que sufren la vulneración de los derechos más básicos, pero no a los tractorazos de los ruralistas como el que sucedió esta semana en Córdoba. Ahí hay una mirada clasista”.

Silvia Quevedo, Barrios de Pie: “La pandemia dejó en evidencia la profunda desigualdad en el país. Los sectores vulnerados son los más castigados porque desde hace mucho tiempo el Estado dejó de tener presencia y ese lugar lo asumieron los movimientos sociales a través de los espacios comunitarios. Como sociedad tenemos el desafío de combinar la necesidad de visibilizar la realidad en los barrios o los trabajadores de la economía popular. Es clave entender que la movilización siempre es la última opción cuando los canales de diálogo ya no funcionan.

Federico Nanzer, Partido Comunista (funcionario de la Secretaria de Relaciones Políticas y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional): “Desde el Estado el conflicto social no se debe gestionar desde una perspectiva de aminorarlo o disolverlo porque hay una problemática. Reconocemos la preocupación en el Gobierno por la imposibilidad de ejecutar el programa del Frente de Todos en 2019. A quienes nos toca gestionar parcelas del Estado debemos interlocutar, dialogar y articular la palabra de los dirigentes ante los organismos estatales. No es tarea de un Gobierno popular regular la coexistencia social en desmedro del que tiene debilidad manifiesta.

Glenda Heinze, Corriente Clasista y Combativa: “La derecha está envalentonada por el resultado electoral del año pasado y no extraña que quiera limitar la protesta social. También es cierto que cuando el pueblo sale a la calle es difícil que lo puedan encorsetar. Hay un punto de inflexión a partir del acuerdo con el fondo y creo que se va formar una unidad alrededor de las resistencias que genera ese acuerdo. Es complejo encontrar el equilibrio entre los que protestan y los que necesitan llegar a su trabajo, pero quienes deben resolverlo son los que generan esta situación. Cuando disminuya la pobreza y haya trabajo de calidad seguramente no será tanta la necesidad de salir a la calle.

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