Deudas y desafíos

En Córdoba, el 23 de abril un hombre roció con alcohol etílico a Julieta Urbano Charras, mujer trans, después de agredirla sexualmente. En medio de un juicio colmado de irregularidades, no hay verdad ni justicia por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Flavia Saganías sigue condenada a 23 años de prisión por denunciar públicamente por abuso sexual al padre de su hija. El 21 de enero la brigadista Loana se suicidó tras el hostigamiento padecido por denunciar el abuso sexual de parte del entonces funcionario provincial Diego Concha, hoy denunciado e investigado por otros casos de violencia, abuso y femicidio. Yamila Cuello, Delia Gerónimo Prolijo y Tehuel de la Torre siguen sin aparecer.

La lista sigue, interminable. Consecuencias terribles y últimas de las múltiples violencias que atravesamos a lo largo de nuestras vidas.En estos siete años, el movimiento Ni Una Menos fue una herramienta para visibilizar, identificar y denunciar las agresiones que sufrimos por ser mujeres cis, lesbianas, trans, travestis, no binaries, bisexuales. En nuestras casas, en el trabajo, en la comisaría, en la mesa familiar, en la calle, en el baile, en la reunión, en los medios, en laJusticia.

Betiana Cabrera Fasolis es médica especialista en medicina familiar y general, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, presidenta de Libres del Sur Córdoba y coordinadora local de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Desde 2015 impulsa, con 30 personas de 20 provincias, el Observatorio Mumalá, un espacio autogestivo que registra casos a partir de lo visibilizado en medios de comunicación, redes sociales y en sitios especializados.

La tarea de observar

“Es una deuda histórica la ausencia de cifras oficiales vinculadas al Ejecutivo. Nuestro primer Ministerio de las Mujeres debería haber mostrado, en tres años de gestión, cifras oficiales sobre los distintos tipos de violencia a la que somos sometidas mujeres y disidencias -señala Betiana en conversación con Marca Informativa Córdoba-. Hay una ausencia en visibilizar y transparentar, no dialogar con la sociedad con estadísticas. Es muy difícil hacer políticas públicas si no existen datos públicos”.

En el Observatorio Mumalá registran femicidios, femicidios vinculados, travesticidios, intentos de femicidios y suicidios femicidas, es decir “situaciones en las cuales el agresor no nos asesina, sino que nosotras nos terminamos matando y lesionando por estar expuestas a esta violencia tan extensa”. También registran muertes por abortos inseguros, “lo tenemos vigente, pero cada vez más en desuso y eso nos da mucho orgullo”, expresa.

Según lo registrado desde el primero de enero al 29 de abril de 2022, hubo 134 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Se produjeron 162 intentos de femicidios y 92 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madres. El 65% de los crímenes fueron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida y el 66% fueron cometidos por parejas o ex parejas. La edad promedio de las víctimas es de 40 años y el 21% había denunciado a su agresor. Más de la mitad tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 12% botón antipánico. El 7% de los femicidios fue cometido por integrantes de fuerzas de seguridad y en casi la mitad de los asesinatos con armas de fuego se utilizaron las armas reglamentarias.

La deuda es con nosotres

Cuando los gobiernos hablan de pagar la deuda del FMI, las feministas responden que hay deudas históricas sobre las que poco se avanza. Gracias al esfuerzo y la sinergia del movimiento feminista, la violencia patriarcal entró en la agenda de las políticas de Estado. Sin embargo, desde Mumalá afirman que hay deudas que todavía no encuentran respuesta.

La mayoría de las políticas públicas tienen como objetivo la asistencia a personas en situación de violencia, con escasas acciones tendientes a la prevención. Los recursos, la información y la disponibilidad de contención se concentran en las grandes ciudades, lo que representa un problema para Córdoba, donde “hace 10 años el 70% de los feminicidios ocurren en el interior provincial -explica Betiana-. Necesitamos que haya equipos interdisciplinarios en cada localidad alejada de la capital para poder contener y asistir, porque suele ser mucho más difícil denunciar o aplicar una orden de restricción en un lugar donde todos nos conocemos”.

Desde Mumalá insisten en que la tarea es hacer un cambio cultural, “con una profunda implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que en nuestra provincia y en otras no se aplica, con masivas campañas de sensibilización y concientización, con una aplicación de la Ley Micaela más coherente con sus contenidos, no como un curso online a cumplir”, afirma la activista.

“Es hora de ver qué vamos a hacer con los varones”, señala y explica que los feminismos tienen propuestas en torno a fomentar masculinidades no hegemónicas y anti patriarcales, tanto a nivel educativo, social, en los medios de comunicación, como con dispositivos específicos. “Hay un Centro de Varones que está totalmente saturado y centralizado en la ciudad de Córdoba. Si un varón tiene que viajar para asistir, probablemente no lo va a hacer, y solo se puede acceder con orden judicial, excluyendo otras necesidades”.

Para Betiana falta profundidad y coherencia en materia de políticas públicas, por falta de voluntad y porque implica “contraponerse con los sectores más conservadores de nuestra sociedad, que hoy ya tienen hasta representación política en la Legislatura y en la Cámara de Diputados”.

Desafíos en la región

El Observatorio integra la Red Latinoamericana Contra la Violencia de Género junto a 35 organizaciones de doce países. Si bien existe disparidad entre los territorios, todos comparten la ausencia de estadísticas oficiales y muchos no cuentan con políticas públicas vinculadas a los femicidios. Betiana señala, además, que el avance de las derechas y de los sectores más conservadores y fundamentalistas es un fenómeno extendido: “No solo vienen a cuestionar y a dejar de problematizar la violencia de género, sino que buscan avanzar sobre otros derechos como al acceso a la salud sexual y reproductiva y la educación sexual”, explica.

Algunas problemáticas que emergían en ciertos países, van apareciendo en otros territorios. “Por ejemplo los femicidios vinculados a las economías delictivas narcos, que en Colombia tienen larga data, es un fenómeno que empezamos a registrar en la ciudad de Rosario”, donde ya superan a los femicidios domésticos, señala. Lo mismo sucede con las desapariciones de personas. Si bien hay registros a nivel local, en países como México se dan en una escala mayor. “Esos van a ser los próximos desafíos”, concluye Betiana.