Ante el eterno rumor sobre lo que sucede en esos espacios, hablaron con MI Córdobala abogada Gabriela Marita Coloccini, defensora de niñes y adolescentes, y les trabajadores de las residencias de SeNAF, que mañana marcharán al Ministerio de Justicia para plantear la situación y exigir la renuncia de sus autoridades.
Denuncias en la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia de Córdoba
En las últimas semanas trascendieron denuncias por abuso sexual en residencias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba (SENAF) ¿Qué protección existe para las infancias y adolescencias en el ámbito del Estado provincial?
Por Anabella Antonelli
Tiene 15 años, junto a su hermana vivieron unos meses en una Casa de Preegreso y en la Residencia Felisa Soaje, ambas dependencias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba (SeNAF). Dice que decidió denunciar “para que no le pase a otro” porque son graves las irregularidades. En el expediente de abril de este año se leen sus palabras: “Que había mucho abuso de poder, nos daban comida podrida (...) Que en el Soaje tenían que compartir cama con su hermana. Que en ambas residencias les hablaban mal. Que otra cosa eran las amenazas, los robos de comida, papel higiénico”, remarcando también la falta de atención médica a las internas.
Lo que vivieron no es aislado y se suma a denuncias que trascendieron en las últimas semanas. El 17 de agosto pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba a cargo de Julián López, publicó en redes sociales que la SeNAF había tomado conocimiento de hechos “de orden privado” ocurridos en una de las residencias del interior provincial. No dieron más precisiones. Trascendió entonces que se trataba de una denuncia contra un trabajador de la Secretaría por abuso sexual hacia cuatro adolescentes mujeres alojadas allí.
En conversación con MI Córdoba, la abogada de niñez Marita Coloccini refiere que resulta curioso que desde la institución hablen de un “delito de instancia privada”, cuando desde hace años los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son de acción pública, lo que implica que el Estado debe investigar de oficio, poniendo fin a la cultura de impunidad que rodea a estos hechos. Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusaron al Ministerio de no tomar más medidas que ese tweet y exigieron la remoción de las autoridades.
Durante días volvió el silencio en la dependencia, hasta que el 24 de agosto informaron de un nuevo abuso, esta vez hacia un niño de 11 años por parte de un joven, ambos alojados en la residencia Río Bamba. La reacción del Ministerio fue similar: una publicación en redes sociales. El gremio, esta vez, apuntó a las condiciones laborales. En ese recinto había sólo dos becarios para asistir a quince internos, algunos con discapacidad, lo que a todas luces resulta insuficiente para brindar la atención adecuada.
Los reclamos de les trabajadores de SeNAF no son nuevos y las malas condiciones laborales expresan la calidad de las políticas públicas destinadas a niñez y adolescencia en la provincia. Según el gremio, casi el 90% de quienes están en residencias son monotributistas o becaries con salarios que van de los $29.000 a los $48.000. Alrededor del 80% de quienes trabajan en residencias son mujeres sostenes de hogar. No cuentan con ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), aportes ni cobertura de salud.
Con asambleas y medidas de fuerza, les trabajadores reclaman también por las condiciones de las residencias y los complejos, que no cuentan con esquemas de seguridad ni matafuegos ni habilitación de bomberos en el ámbito de SeNAF. Denuncian el “vaciamiento” de programas y la falta de presupuesto.
Esta Secretaría es el órgano de aplicación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tiene la responsabilidad de poner a las infancias y adolescencias en el centro como sujetos de derecho, con igualdad ante la ley. Según Coloccini, esto no se refleja en el accionar de la institución que trabaja “como si nunca se hubiera modificado la normativa, a veces te dicen ‘hace 20 años que hago lo mismo’ -indica-. Actúan como si fueran un organismo de control y no de asistencia, sin capacitarse”.
“La falta absoluta de controles y la inaplicabilidad de procesos de autocontrol de los organismos, conjugados con la inexistencia de procesos administrativos o sumarios por incumplimiento de las infracciones, genera absolutos despropósitos”, explica Coloccini, señalando el daño que le hace a les niñes tomar contacto con SeNAF, “un sistema tan perverso que compromete su desarrollo”.
Uno de los señalamientos más importantes es hacia las personas que ocupan los cargos de gestión y su designación. Según el delegado Humberto Cabral, “el nepotismo con que se manejan para los nombramientos de personal a través de las ONGs y las Fundaciones, todas con un sesgo evangelista antidrogas, círculo de obreros católicos, boy scouts, Rotary Club, metiendo un combo de instituciones que nada tienen que ver con SeNAF. Estas fundaciones terminan definiendo las políticas de infancia en Córdoba, resolviendo dónde viven los pibes, qué comen, qué van a hacer”.
La designación de personas en los cargos jerárquicos, según les trabajadores, se hace discrecionalmente sin tener en cuenta la idoneidad, profundizando la desprotección de niñes y adolescentes. “La combinación del desconocimiento de la función y de las leyes aplicables y la soberbia del poder que se gana con amistad o compromiso y no con concursos, genera situaciones aberrantes como las que observamos cuando nos acercamos un poco a la gestión”, plantea Coloccini y agrega: “Hay falta de capacitación de los operadores, falta de concursos públicos para la selección de personal, los cargos son compromisos y favores políticos, no hay carrera administrativa para acceder y eso los compromete en los silencios por haber sido nombrados”.
“Las nuevas gestiones vienen de fundaciones fantasmas, lo que se prioriza no es al niño o adolescente, sino pura y exclusivamente a los intereses de esta gente que está ocupando estos espacios”, denuncia una de las delegadas de ATE, señalando que esas mismas fundaciones son las que contrata el Estado para diversos servicios, como la atención psicológica de les jóvenes o las capacitaciones del personal.
Mientras los procesos judiciales siguen su curso, les trabajadores resolvieron marchar mañana martes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reclamando el desplazamiento de las actuales autoridades del organismo “ante la profunda crisis que somete a la institución a constantes denuncias y escándalos públicos -afirmaron-. Nunca nos respondieron una nota, nunca nos concedieron una audiencia, sólo hemos tenido persecución sindical, hostigamiento, así que no nos queda otra que plantearle al ministro Julián López que revise el funcionamiento del organismo, porque la gente a cargo de SeNAF nos llevó a lo que está pasando”.

