Ambientalistas reclaman protección ante la violencia policial

Un amparo colectivo presentado a principios de mes en Tribunales denuncia la violencia injustificada de las intervenciones policiales ante protestas por conflictos ambientales y exige medidas preventivas. El Acuerdo de Escazú crea la figura del defensor ambiental. Una abogada podría terminar imputada por intervenir en defensa de manifestantes. La APDH pidió una audiencia con el gobernador Juan Schiaretti.

Por Guillermo Posada / @cortodemira

Fotos por Diego Cabrera

El pasado 28 de julio la Mesa de Asambleas Ambientales y Comunidades Indígenas irrumpió en el edificio de Tribunales I para reclamar que el Poder Judicial de Córdoba active la resolución de denuncias y amparos derivados de diversos conflictos ambientales que se suceden en los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

La más conocida es una medida cautelar que intenta paralizar la construcción de la llamada “Autovía de Punilla”, ya que denuncian el fuerte impacto que la obra tendrá en la conservación ambiental de la zona, la afectación de la cuenca hídrica que alimenta al maltratado dique San Roque y el paso del trazado por zonas arqueológicas. Pero los activistas aseguran que son más de 150 causas de diverso tipo las que no han obtenido respuesta del Poder Judicial en la última década porque fueron cajoneadas.

El año pasado se realizaron audiencias públicas sobre la controvertida autovía y el 90% de los expositores se manifestó en contra. “No tiene licencia social para avanzar”, denuncian los ambientalistas. Pero el Gobierno provincial reafirmó la voluntad de continuar el proyecto y las empresas contratistas enviaron ya sus máquinas a distintos puntos del valle.

Cansados de tanto destrato, un nutrido grupo de militantes ambientalistas permaneció alrededor de 12 horas en Tribunales, hasta que una funcionaria enviada por el Tribunal Superior de Justicia los recibió. Fueron atendidos luego por la jueza de Control que estaba de turno, Celeste Ferreyra, y acordaron abandonar el Palacio de Justicia ante el compromiso de agilizar el tratamiento de las causas pendientes. Los manifestantes acordaron además que presentarían un Habeas Corpus Colectivo y Preventivo en el Juzgado de Control de 9° Nominación. “El habeas corpus lo escribimos a mano ahí mismo y se lo llevó la jueza. Pero al día siguiente realizamos una ampliación pormenorizada y detallada de algunos de los casos de violencia policial que vienen sufriendo los grupos ambientales, fuera de toda razonabilidad, sin cumplir con los protocolos de procedimiento y con mucha agresividad”, explicó la abogada Eugenia Scarpinello, integrante del grupo de asesores letrados.

Brutalidad policial

Los últimos casos de brutalidad policial sobrevuelan el ambiente porque algunos salieron a luz precisamente en Punilla y preocupan tanto a las organizaciones como al Gobierno provincial, cuya política de seguridad está muy cuestionada por los casos de gatillo fácil, el asesinato por asfixia en la comisaria de La Falda de Jonatan Romo y la pésima investigación del feminicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. En ese caso la pesquisa policial apuntó al joven Lucas Bustos y la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, lo terminó procesando en base a los testimonios de los policías. Los efectivos declararon que el chico confesó el crimen en la comisaria, pero en el juicio oral el tribunal lo absolvió por falta de pruebas.

Al Gobierno lo golpea la problemática ambiental porque las asambleas son quizás el único actor social que logró detener varias de sus iniciativas, como el intento de modificación de la Ley de Bosques en 2017 para extender las zonas cultivables, repudiado en las calles por miles de manifestantes convocados por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo; o el rechazo a la instalación de una fábrica de semillas de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, resistida por las asambleas ambientales y los vecinos de la zona. De hecho, con posterioridad esa localidad eligió a un intendente vinculado a esa protesta.

Ahora son la construcción de la promocionada Autovía de Punilla y el estado lamentable del lago San Roque, que provee de agua “potable” a la ciudad de Córdoba, los mayores focos de conflicto.

Cumplido el plazo de ley desde la presentación del Hábeas Cospurs Colectivo, la jueza Ferreyra todavía no se expresó al respecto. Consultada por MI Córdoba, la magistrada dijo estar trabajando en el caso. El jueves, un grupo de activistas se presentó nuevamente en Tribunales I para exigirle al Tribunal Suprior de Justicia (TSJ) una respuesta ante la medida cautelar de la Autovía Punilla, que tampoco llega.

Violencia institucional

El planteo del Habeas Corpus tiene carácter preventivo: reclama al juzgado que se ordene al Gobierno “se abstenga de incurrir en nuevas conductas que cercenen las libertades de los ciudadanos de las localidades y comunidades especificadas, brindando especial protección a quienes se identifican como defensores ambientales conforme el art. 9 del Acuerdo es Escazú - Ley Nacional 27.566”.

El Acuerdo de Escazú es el un tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene fuerza de ley en Argentina y entró en vigencia 22 de abril de 2021. En su artículo 9 establece que los Estados suscriptos garantizarán “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

El Habeas Corpus describe el contexto de una serie de conflictos ambientales y apunta que “ante la insensibilidad del Poder Ejecutivo (sea) Provincial, Municipal y Comunal, estos conflictos comienzan a desembarcar en el Poder Judicial, una vez que ya el humor social en las poblaciones llega a límites más que alarmantes”. Y advierte: “La demora sistemática en resolver las medidas cautelares (que debían serlo en forma urgente) y, en los escuetos casos en que se otorgaron, la falta de voluntad de funcionarios y magistrados en hacer cumplir las mismas; la persecución, sometimiento a procesos penales, las imputaciones por parte de Fiscales, muchas veces pedidas o sugeridas por los propios jueces a cargo de los Amparos, como un modo de lograr un control sobre la causa absolutamente inadecuado; todo ello comenzó a generar la sospecha de que ambas funciones (ejecutivas y judiciales) actuaban en sincronía”.

El documento describe intervenciones policiales de carácter represivo: el violento desalojo judicial a una anciana campesina de la vivienda que ocupaba en Salsipuedes; el desalojo de los defensores ambientales que protestaban en la localidad de Molinari, empujados descalzos hacia el monte; los desalojos en Paravachasca de dos acampes, uno con orden de un fiscal y otro sin documento judicial alguno que lo justificara; y el desalojo de vecinos y periodistas de un predio a la vera del lago San Roque, cuando reclamaban a la constructora Chediak que mostrara los documentos que la habilitaban a intervenir en ese lugar, entre otros.

Los letrados solicitaron que se exhorte al Gobierno de la Provincia “a la elaboración de un protocolo de actuación para los conflictos que se susciten con motivo del ejercicio ciudadano del derecho-deber de tutelar el ambiente, reservando el uso de la fuerza pública sólo para casos excepcionales, de notoria gravedad, como última ratio y luego de instrumentar mecanismos preventivos del conflicto de cuya aplicación deberá dar cuenta la Secretaría de Seguridad Provincial”.

Latinoamérica es la región más letal para los defensores de la tierra según el registro que lleva la organización Global Witness desde 2012. Según informó el diario español El País en junio pasado, la posibilidad de un ataque violento contra activistas ambientales se vuelve casi una sentencia.

¿Imputada?

El jueves pasado la abogada Eugenia Scarpinello fue notificada cuando se encontraba junto a un grupo de activista ambientales en el sector de “la juntura del río Yuspe”, en Cosquín, por un oficial de la Policía de la Provincia. El uniformado, de apellido, le leyó la notificación que la emplazaba a no interferir en la circulación de personas y vehículos de las empresas Caminos de las Sierras y SACDE. Scarpinello adujo que estaba en el lugar asesorando a sus clientes, pero igualmente fue apercibida por desobediencia a la autoridad. Los activistas ambientales a los que asesora legalmente estaban en el lugar para preservar un sitio arqueológico originario, que podría ser degradado por la intervención de la constructora SACDE, encargada de la construcción de la Autovía Punilla. MI Córdoba intentó conocer la postura del Ministerio de Seguridad de la Provincia sobre las intervenciones policiales denunciadas, pero el ministro Alfonso Mosquera no respondió a la requisitoria.

La ADPH pidió una audiencia con el gobernador Schiaretti

En una nota dirigida al gobernador Juan Schiaretti, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba solicitó una entrevista con carácter. “Estamos sumamente preocupados dado el creciente número de acciones de brutalidad policial que se registran desde que inició su tercer mandato en diciembre de 2019 y que se han incrementado desde mediados de 2020 hasta la fecha”, advirtieron. “Nos preocupa que el Estado provincial no está garantizando el derecho a la vida y el respeto a las garantías constitucionales que nos rigen y deben prevalecer ante todo”, añadieron. Y no ahorraron críticas al actual ministro de Seguridad: “Desde que (Alfonso) Mosquera asumió como ministro, el 10 de diciembre de 2019, en coincidencia con la asunción de su tercer mandato como gobernador de Córdoba, hubo diez casos de violencia institucional con víctimas fatales”. Además de enumerar los casos de gatillo fácil sucedidos en los últimos tres años, la APDH alertó sobre “la violencia institucional en manos de la Policía de Córdoba también se da en ámbitos de la protesta social”.

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