Por Anabella Antonelli
Violencia de género en el mundo digital: "Necesitamos leyes que nos amparen y protejan"
Con el uso masivo de internet y su importancia cada vez mayor en la vida cotidiana, aparecieron nuevos problemas y los del mundo físico se trasladaron al ciberespacio. En julio pasado se presentaron dos proyectos de ley para garantizar derechos en el mundo digital, que todavía esperan tratamiento. La violencia de género se extiende al territorio virtual
El ciberespacio se volvió fundamental en la vida de gran parte de la población. La violencia, como otras problemáticas del mundo físico, se traslada a internet y afecta diferencialmente a las identidades feminizadas y disidentes, impactando en su salud física y psíquica, y en el acceso a los derechos digitales. La violencia de género en este contexto suele producirse como una continuación de la violencia fuera de internet, basada en una relación desigual de poder de lo masculino sobre los otros géneros y, en este caso, ejercida con herramientas tecnológicas. Las modalidades varían y se suele sufrir más de una. Puede darse a partir de la obtención y difusión no consentida de material íntimo, su uso para la extorsión y la amenaza, la exhibición en la red de violencia sexual, el acoso digital, las amenazas virtuales, el abuso sexual a través de las tecnologías y un largo etcétera. Estas conductas tienen la particularidad de que el daño no termina al cerrar la computadora o alejarse del agresor: son violencias que se propagan de manera indeterminada y que pueden permanecer indefinidamente en el tiempo.
Según la Encuesta nacional sobre consentimiento y violencia en el mundo digital, promovida en 2021 por Fundación Avon, 8 de cada 10 mujeres recibieron imágenes o mensajes sexuales sin su consentimiento y 7 de cada 10 fueron presionadas a enviar fotos íntimas, incluso luego de negarse. Al menos la mitad de ellas sufrió o conoce víctimas de sextorsión o de difusión de imágenes íntimas sin permiso. Diferentes fuentes señalan que las personas con identidad de género disidente tienen más posibilidades de sufrir acoso, amenazas y violencia en el ciberespacio.
“Las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y las mujeres indígenas, lesbianas, bisexuales y transgénero, y las mujeres con discapacidad corren un riesgo aún mayor. Cuando estas identidades se entrecruzan, aumenta la exposición a la violencia en línea”, explica el informe del 2022 de ONU Mujeres. Expone además que las mujeres y niñas experimentan tasas más altas de violencia en línea y con formas más graves cuando participan política y públicamente, especialmente en causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la justicia de género, con un efecto inhibidor y debilitando su libertad de expresión.
La pandemia por Covid 19 nos arrojó directo a las tecnologías, a internet y las redes sociales. Las usamos para trabajar, hacer trámites, estudiar, comunicarnos, vincularnos afectivamente y recrearnos. “Se exacerbó el uso de la tecnología y con eso se puso en evidencia que el patriarcado también se mete allí. Adapta sus formas de violentarnos al mundo digital, por eso necesitamos leyes que nos amparen y protejan”,señalan activistas de la organización GenTIC, promotora de los derechos digitales de mujeres y el colectivo LGTTBIQ+.
A comienzos de diciembre, un participante del reality show Gran Hermano dijo abiertamente que guardaba fotos íntimas de mujeres y que las mostraría si ellas lo molestaban. La falta de sanciones a estos comportamientos habla de un vacío legal y una naturalización de la obtención y difusión de material íntimo sin permiso. “Miles de varones están en grupos de WhatsApp o Telegram viralizando material sin consentimiento y eso genera daños de todo tipo en las víctimas, mientras los varones no registran la peligrosidad ni el conflicto -siguen las activistas-. Las extorsiones de parejas o exparejas que se dan en el cara a cara, se extienden en la manipulación de fotos y videos íntimos.”
Las herramientas legales que existen son limitadas y no atienden toda la dimensión de la problemática. “Si hubiera amenaza previa a la difusión de material no consentido, en todo el país se puede investigar, pero muchas fiscalías con falta de criterio y perspectiva de género deciden no investigar las amenazas o extorsiones previas -explican desde GenTIC-. En cuanto a nuestra Ley 26.485, que prevé medidas de protección para las víctimas de violencia de género, sólo en algunos juzgados las otorgan por violencia digital y son innovadores.”
Ante el vacío legal, en julio de 2022 la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), presentó dos proyectos de ley elaborados junto a la organización GenTIC y el Grupo Ley Olimpia Argentina, que esperan tratamiento. El primero lleva el nombre de Belén San Román, una mujer de Bragado, provincia de Buenos Aires, que a fines de 2020 fue inducida al suicidio como consecuencia de la violencia digital que sufría. Tenía 25 años, dos hijos y era policía. Había decidido terminar la relación virtual que tenía con Tobías Villaruel quien, como respuesta, difundió imágenes íntimas obtenidas sin su consentimiento.
En su memoria, la normativa busca incorporar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o desnudez y la sextorsión. Establece sanciones para quien, sin autorización o mediando engaño, “videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”, y para quien los publique. También estipula agravantes si la acción se comete en una situación de violencia de género, con fines de lucro, por placer, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual o identidad de género, o contra menores de edad.
El segundo proyecto es la Ley Olimpia, inspirada en la lucha de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, víctima a los 18 años de la difusión sin consentimiento de un video íntimo y de la explotación que páginas pornográficas hicieron de su identidad exigiendo dinero para borrar el material. La normativa propone incorporar la violencia digital como otra forma de violencia de género en la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, creando medidas de resguardo para las sobrevivientes y políticas públicas para la educación digital y la prevención. “Necesitamos visibilizar esta forma de violencia y concientizar masivamente. Las políticas públicas son necesarias, sin educación no sirve, no nos interesa únicamente el punitivismo. La Ley Olimpia propone pensar estrategias de acompañamiento, de concientización y educación en cuanto a estas violencias”, señalan desde GenTIC, y concluyen: “La estrategia es poner la temática en agenda, que se empiece a hablar, que haga ruido por todos lados y logremos la sanción de estas leyes.”
Violencia en la web
La Red Géneros, Internet y Derechos Digitales, lanzó recientemente la campaña “16 días de activismo contra la Violencia Machista en la Era Digital”, informando sobre las conductas dañosas en internet. Éstas son: el acoso virtual, que es una de las más corrientes y suele ser la “antesala” de la violencia física; el “doxing” o revelar datos sensibles de una persona por internet sin su consentimiento para que sea fácilmente identificada; los discursos de odio en internet contra las identidades feminizadas y disidentes que las censuran y expulsan del espacio digital; el “phishing” o engaño para que revele información para controlar sus cuentas, suplantar su identidad o vaciar sus cuentas bancarias; la difusión no consentida de material íntimo; la violencia digital y telemática que lesiona los derechos o bienes digitales como el acceso a la información, la libre expresión digital, la identidad digital y la reputación digital; la suplantación de identidad; los ataques difusos en redes sociales, que son agresiones en masa de manera sistemática y organizada, con un alto contenido sexista, exponiendo la intimidad de la víctima, su sexualidad, vida familiar o su pasado; el “cyberflashing”, es decir el envío intempestivo de imágenes o videos sexuales sin el consentimiento de la persona receptora; el uso de imágenes para fines indebidos y el acceso indebido a cuentas de redes sociales (hackeo).
Extorsión
Dentro de los avances en el combate a la violencia de género en la web se destacan dos fallos judiciales de fines de 2022. En el primero, una mujer denunció a su ex pareja por haber difundido videos íntimos grabados sin su consentimiento. Declaró, además, que el hombre se había llevado su celular y había hackeado sus cuentas. La mujer solicitó que su ex pareja borrara el material y no se acercara a ella. Si bien en primera instancia el juzgado que intervino no hizo lugar al pedido, tras la apelación se ordenó que en 48 horas el hombre eliminara los contenidos para evitar ser multado. En el segundo caso, el 21 de diciembre la Justicia condenó a Sergio Pogonza por “tentativa de extorsión”, delito cometido en un contexto de violencia de género, con pena de tres años de prisión en suspenso y múltiples restricciones a su libertad. El caso se inició cuando una mujer santafesina denunció en reiteradas ocasiones que Pogonza, su ex pareja, la extorsionaba luego de que ella decidiera terminar la relación. La constante amenaza de divulgar información privada convirtió su vida en “un infierno”, que afectó la salud física y psíquica de la mujer. La primera denuncia fue desestimada por falta de perspectiva de género; la segunda denuncia aportó nuevas pruebas y al encuadrar el accionar de Pogonza como delito de “extorsión” en contexto de violencia de género, se logró su condena.
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PARA DENUNCIAR VIOLENCIA DE GÉNERO
En la provincia de Córdoba, podés denunciar las 24 hs llamando al 0800 888 9898 o a través de Whatsapp escribiendo al número 3518141400.
¿Dónde acudir en caso de violencia de género en Córdoba? Mesa de Entrada de Denuncias por Violencia Familiar y de Género. San Jerónimo 258, B° Centro, ciudad de Córdoba. Tel: (0351) 4481000 int. 11983.
También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (Entre Ríos 680, Córdoba Capital).
A nivel nacional se encuentra disponible la línea 144. Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.
¿Qué es la violencia familiar y cómo detectarla? La Justicia de Córdoba ofrece respuestas.