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Violencia de género en Córdoba: Las deudas del Estado

El Encuentro de Organizaciones, el espacio Casa Comunidad y la Organización CISCSA presentaron el informe "En Córdoba la deuda es con nosotres", con los resultados de un relevamiento sobre las políticas públicas locales contra la violencia de género. Entre los datos se destacan la falta de políticas a largo plazo, la precarización de las trabajadoras del Ministerio de la Mujer y la reducción del presupuesto destinado a combatir las violencias

Por Anabella Antonelli

El lunes 28 de noviembre se expuso en el Museo de Antropología un análisis de las herramientas y recorridos institucionales para dar respuesta a las situaciones de violencia de género en Córdoba. Los datos fueron recolectados a partir de encuestas a personas que atravesaron o acompañaron situaciones de violencia, y a profesionales que trabajan y asisten en instituciones estatales. “Este informe tiene que ver con nuestra experiencia acompañando a más de 300 personas desde el año 2015 -explica Clara Dalmasso, integrante de Casa Comunidad, a MI Córdoba-. Hemos visto bien la creación del Polo de la Mujer y muchas cosas interesantes fueron cambiando gracias al impacto del movimiento feminista, pero ya pasaron seis años y no vemos los avances que necesitamos”.

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El evento de presentación del relevamiento se llevó a cabo en el Museo de Antropología. Foto Gentileza: Casa Comunidad

El evento de presentación del relevamiento se llevó a cabo en el Museo de Antropología. Foto Gentileza: Casa Comunidad

El contexto de los últimos años profundizó la problemática. Durante la pandemia, el “quedate en casa” significó para muchas una condena. Se multiplicaron las llamadas por violencia de género pidiendo ayuda o asesoramiento. La crisis actual complejiza las situaciones, “cada vez más las instituciones y las organizaciones que trabajamos en territorio nos vemos desbordadas. Las políticas públicas no están acompañando ese proceso”, sigue Clara. El objetivo del informe es visibilizar la situación con la esperanza de que “el Gobierno identifique las fallas y piense una política de soluciones”.

Datos, no opiniones

Casi la totalidad de quienes respondieron y acompañan situaciones de violencia son identidades feminizadas o disidentes. Estas tareas son parte del trabajo de cuidados que está invisibilizado, que no se remunera (o su remuneración es baja) y que es exhibido como un rol “natural” de género, cargando a las mujeres de una doble o triple jornada laboral. Esto impacta también en las trabajadoras del Polo de la Mujer que desde hace años denuncian las malas condiciones laborales y los bajos salarios. El 80% de quienes respondieron tienen contratos por tiempo indeterminado, becas o son monotributistas, y casi el 70% expresó que la remuneración económica percibida se encuentra por debajo de la canasta básica alimentaria. A la inestabilidad laboral se le suma el deterioro de su salud mental por la sobrecarga de intervenciones con bajas remuneraciones y sin asistencia terapéutica.

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Uno de los principales obstáculos que manifiestan las personas en situación de violencia a la hora de pedir ayuda se asocia al tiempo de espera para la atención. Casi el 30% dijo haber esperado entre 3 y 8 horas, mientras que otro 30% estuvo más de 8 horas. “Es muchísimo tiempo para una mujer que va acompañada de sus hijes porque no tiene otra opción, o que va mientras la pareja violenta está trabajando y sus hijes están en la escuela. A su vez las trabajadoras plantean que están completamente desbordadas, que no hay equipos suficientes para atender la gran demanda”, explica Clara.

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Para más del 70% de las trabajadoras del Polo, la atención que ofrecen es poco o medianamente adecuada. Manifiestan una saturación en la atención, ser pocas profesionales para desarrollar la tarea satisfactoriamente, escasez de espacios y de tiempo para realizar los acompañamientos y seguimientos. A su vez, la mitad de les trabajadores del Poder Judicial, Tribunales de Familia y Centros de Acceso a la Justicia que respondieron, manifiestan que la atención brindada es poco adecuada a la demanda.

Fuera de la ciudad capital, la situación se complejiza. Quienes trabajan allí, consideran que la atención es poco o medianamente adecuada por la insuficiente infraestructura, la escasez de recursos materiales y humanos, y la nula articulación con los territorios. La centralización de la atención en Córdoba capital dificulta el acceso a los recursos. Mientras en la ciudad las personas en situación de violencia asisten a dependencias especializadas, casi todas las personas consultadas de otras localidades acuden a comisarías de su zona: “se vincula a la invisibilización o inexistencia, en la mayoría de los lugares de la provincia, de Puntos Mujer o unidades especializadas en violencia”, refieren.

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Respecto a las respuestas de las instituciones, las principales medidas otorgadas son la restricción de acercamiento, la denuncia penal, el botón antipánico, el asesoramiento y contención, y la exclusión del hogar para el agresor, la mayoría tendientes a salir de la urgencia. Sólo el 7,2% participó de algún taller psico-socio-educativo o socio-laboral. Esto se relaciona con el proceso de acompañamiento. La mayoría obtuvo una atención inmediata que no se sostuvo en el tiempo y sólo el 6% tuvo acompañamiento de más de 6 meses. A su vez, casi el 20% dijo que no hubo ningún tipo de acompañamiento de equipo técnico, talleres o recursos económicos.

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La violencia económica es una de las más sufridas, abarcando el 60% de las respuestas, pero sólo el 8.7% accedió a una ayuda o programa. Dentro de los obstáculos encontrados para ‘salir’ de una situación de violencia, el 20% manifestó que es la cuestión económica es uno de los principales factores inhibidores, por no contar con recursos propios para mantener su casa e hijes. Los programas actuales, a su vez, tienen montos ajustados en Marzo de 2022, sin actualizarse hasta el momento. En la partida presupuestaria se incrementaron un 34.2% aunque la inflación anual prevista es cercana al 100%.

Según el informe, son limitadas las políticas habitacionales para fortalecer las redes de apoyo y contención, espacio de atención psicológica, programas para la inserción laboral o recursos económicos. “Otro de los datos interesantes tiene que ver con las infancias. No hay estructura para atenderlas y más de 85% de las personas en situación de violencia dijo tener hijes a cargo que han atravesado directa o indirectamente la violencia”, señala Dalmasso. Según el informe, casi el 50% de las infancias fueron víctimas de violencias en el hogar.

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“Una de las motivaciones de este informe fue el femicidio de Giuliana Silva en 2019. La acompañamos, tenía todas las medidas de protección, denunció a su agresor muchas veces, denunció las amenazas, se indicó una consigna policial que nunca llegó y fue asesinada a balazos en la puerta de su casa. Ahí comprobamos que las políticas públicas no eran suficientes y lo que había no funcionaba. Trabajamos sobre propuestas que entregamos al Ministerio de la Mujer, pero no obtuvimos respuesta, no fuimos contactadas, no quisieron trabajar de forma articulada. No denunciamos porque sí, necesitamos que funcione, la vida de muchas personas está en juego”, concluye Clara.

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Subejección presupuestaria en Género

“En nuestra provincia, los derechos humanos y la igualdad de género no se declaman, se practican. Y no se hace política con ello”, expresó el gobernador Juan Schiaretti en la apertura del 144° período de la Legislatura Provincial. Desde el año 2016, el presupuesto en materia de género venía en aumento en la provincia de Córdoba y, aunque desde el Gobierno afirmaron que el de 2022 había sido elaborado bajo una perspectiva de género, hubo una reducción del 3% en esta materia. Según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), el presupuesto de género del año pasado sufrió un alto nivel de subejecución: para las capacitaciones de la Ley Micaela se ejecutó solo un cuarto del total disponible, mientras que el Consejo Provincial de las Mujeres utilizó menos de la mitad de los fondos y los Programas de Género lo hicieron en un 55%.

Un femicidio cada 34 horas

“Este relevamiento surge de un apuro y una necesidad -expresaron desde Casa Comunidad-. Las cifras de femicidios son la punta de un iceberg de horror. Lo que está por debajo es la violencia sistemática, en sus diversas modalidades, que padecemos cada día las identidades feminizadas y disidentes”. Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2022, ocurrió 1 femicidio cada 34 horas, 21 de éstos en Córdoba. Hubo 188 intentos de femicidio, 36 intentos de femicidios vinculados y 9 transfemicidios/travesticidios. Los agresores en su mayoría son varones parejas o exparejas de las víctimas, y el 65% ocurrió en su vivienda. 40 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 27 tenían medidas de protección, “lo que significa que estas medidas han sido ineficientes, que el Estado no pudo darles respuesta”, expresan. Al menos 200 niñes perdieron a sus madres víctimas de femicidios, en muchos de los casos en manos de sus propios padres, incluso siendo testigos de las agresiones.

Podés leer más notas de Anabella Antonelli en este enlace.

PARA DENUNCIAR VIOLENCIA DE GÉNERO

En la provincia de Córdoba, podés denunciar las 24 hs llamando al 0800 888 9898 o a través de Whatsapp escribiendo al número 3518141400.

¿Dónde acudir en caso de violencia de género en Córdoba? Mesa de Entrada de Denuncias por Violencia Familiar y de Género. San Jerónimo 258, B° Centro, ciudad de Córdoba. Tel: (0351) 4481000 int. 11983.

También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

A nivel nacional se encuentra disponible la línea 144. Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Recomendaciones de la Policía de la Provincia en caso de atravesar una situación de violencia de género.

¿Qué es la violencia familiar y cómo detectarla? La Justicia de Córdoba ofrece respuestas.

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