En medio de los anuncios de una posible movilización masiva de taxistas en reclamo de aplicaciones ilegales que ofrecen servicio de transporte en la ciudad de Córdoba, la Municipalidad anunció la clausura del local de Uber que funciona en barrio General Paz.
A través de la Dirección de Control de Transporte, se llevó a cabo la clausura de una oficina comercial ubicada en el segundo piso de un edificio ubicado en Av. 24 de septiembre 1536; lugar que ya había sido clausurado anteriormente.
Según indicaron desde el Palacio 6 de Julio, en esta oportunidad se constató que continuaba en funcionamiento y sin las medidas legales para hacerlo, violando la disposición de clausura anterior.
Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la Municipalidad, expresó que "en forma independiente de la marca con la que funcione una agencia ilegal, el operativo de control y clausura que se lleva adelante es similar al que se realiza al detectar cualquiera de las remiserías ilegales que han sido clausuradas en la ciudad".
El funcionario detalló que "en estos casos se procede a la clausura porque se trata de emprendimientos que no cumplen con los requisitos para funcionar como agencia".
Además, Rodio reiteró que la Municipalidad va a ser “inflexible con estos sistemas ilegales, tanto por el resguardo y el respeto de todos los taxistas y remiseros que cumplen con todos los trámites y abonan tributos, como para con la seguridad de los usuarios, toda vez que los servicios regulados por el Estado municipal son prestados por choferes que no tienen antecedentes y responden a centrales que cuentan con monitoreo de las unidades".
Desde la Municipalidad agregaron que continuarán con estos operativos para detectar agencias ilegales y también con los controles en vía pública para detectar y secuestrar los vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros en forma irregular.
Por su parte, este martes hubo un anuncio por parte de taxistas que aseguran que en la mañana del jueves habrá servicios resentidos tanto en la terminal de ómnibus como en el aeropuerto, mientras que exigen una ordenanza que prohiba el uso de las aplicaciones.