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"Faltan políticas de Estado para solucionar el déficit de viviendas"

Desde el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la UNC dos especialistas analizan las ocupaciones de terrenos sin uso y los loteos irregulares en Córdoba para explicar un fenómeno que recrudece con la crisis social. "El acceso a la tierra está liberado al mercado, que deja sin respuesta la demanda de los sectores más pobres", advierten. De las 120 villas registradas en Córdoba capital y su conurbano, 40 son tomas de tierra.

Por Guillermo Posada / @cortodemira

La semana pasada se generó una fuerte polémica la provincia de Buenos Aires, a partir de un fallo judicial que eximió de culpa a las familias que protagonizaron una toma de terrenos fiscales en inmediaciones de la ciudad de La Plata. Se trata de la ocupación de terrenos ociosos donde actualmente se asientan tres mil familias en la localidad de Los Hornos.

La noticia produjo agrios debates mediáticos que no lograron abordar la naturaleza de un fenómeno como es la “toma de tierras”, que se viene reproduciendo de forma organizada desde la década del ’90 y que también tiene presencia Córdoba Capital y alrededores.

Según informa el Registro Nacional de “Barrios Populares” (RENABAP), en base a una encuesta que realizó el Ministerio de Desarrollo Social en 2019, en la ciudad hay 120 villas de emergencia, de las cuales 40 son resultado de la toma de tierra.

Para entender algunas de las características de la conflictiva problemática, Marca Informativa Córdoba entrevistó a la arquitecta Cecilia Marengo, investigadora de CONICET y presidenta del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Córdoba. La charla se realizó conjuntamente con Virginia Monayar, también arquitecta y doctora en Ciencias Sociales con orientación en Geografía e investigadora del mismo instituto universitario. Monayar realizó su tesis de doctorado sobre la "Informalidad urbana y acceso al suelo. Políticas habitacionales en el municipio de Córdoba 1990-2010", analizando dos décadas de políticas habitacionales.

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“No se puede hablar de ocupaciones informales sin ver si la gente tiene o no posibilidades de acceder a la vivienda”, comienza Marengo, sentada junto a Monayar en la cantina de la FAUD. Para darle un contexto histórico, la arquitecta ubica el puntapié inicial del fenómeno masivo de la toma de tierras en la década de los ´90 “cuando se desmembra el FONAVI, el gran programa del Estado que daba una apertura amplia de clases medias y sectores populares, para dar comienzo los programas de vivienda focalizados, dejando de lado las políticas universales de vivienda y hábitat”.

Monayar explica que antes de esa década “las villas se llaman de emergencia porque eran habitadas por migrantes que se asentaban temporalmente esperando mejorar su situación, aunque por supuesto después se quedaban establecidos de manera permanente. Las tomas ya conllevan una organización colectiva donde buscan establecerse. De entrada se consideran barrios de la ciudad, de hecho son una extensión de la ciudad, pero de manera irregular”.

Y agrega: “Estos movimientos se relacionan con crisis sociales muy profundas y se identifican como periodos de fuerte crecimiento de la demanda de vivienda. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia hubo muchas familias que no pudieron pagar los alquileres, ahí las tomas pasan a ser la única salida para la vivienda”.

-¿Hay una relación directa entre marginación social y falta de vivienda que sectores pobres resuelven por propia mano?

-Cecilia Marengo: Es una situación de mucha informalidad de la comunidad, donde el Estado tampoco ofrece salidas. De hecho, en Córdoba muchas tomas de tierra las realizan familias beneficiarias del programa de vivienda “Mi Casa, Mi Vida”, que ocupan terrenos colindantes a esas urbanizaciones que hizo el Estado hace 20 años, ante la necesidad de ampliar los núcleos habitaciones. Los sectores urbanos evolucionan de diferentes maneras.

-Virginia Monayar: Estamos viendo tomas de tierra de las siguientes generaciones de aquellos que fueron beneficiarios del programa de vivienda. Porque también sufren las mismas desigualdades que sus padres y no están teniendo otra vía para el acceso al suelo que no sea la toma. El disparador en buena medida es el hacinamiento: las familias jóvenes que necesitan independizarse y salir de la casa de los padres. Porque los lotes son chicos y no hay espacio para construir en los fondos. Vale recordar que los loteos de “Mi Casa, Mi Vida” son de 200/250 metros.

Procesos conflictivos

Las especialistas explican que en general cuando las tomas tienen conflicto con los propietarios, se inician procesos de negociación con el Estado. “Depende de los casos”, apunta Monayar: “Hubo casos muy conflictivos como el sucedido en Juárez Celman, donde se produjo un desalojo compulsivo muy importante. En otros casos se establecieron negociaciones donde intervienen tanto el que ostenta la propiedad de la tierra, como el Estado y la organización colectiva”.

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-¿Cuál es el foco principal del conflicto?

-Cecilia Marengo: El problema de base es quién paga el costo de la tierra. Provincia tiene antecedentes de expropiación de tierras privadas para el alojamiento de las familias que están ocupando.

-Virginia Monayar: En muchos casos se trata de tierra colindante con las urbanizaciones existentes, que antes eran tierra rural y que ya no se puede utilizar así porque choca con el uso urbano, no se puede fumigar y los propios dueños prefieren negociar una salida. En el caso del barrio Marta Juana González, en los fondos de Villa Libertador, la empresa Ecipsa cedió un parte de un terreno -dos hectáreas- para regularizar la situación del barrio. Para eso el Estado es un actor clave.

-Cecilia Marengo: También se dieron casos de loteos fraudulentos, donde alguien que toma un terreno grande después lo lotea y lo vende sin ninguna legalidad. Y eso genera un proceso de ocupación en los bordes de la ciudad, con esas compras que la gente realiza engañada. El caso paradigmático es “Nuestro Hogar III”, que ahora es un desarrollo urbano sumamente importante en la zona sur de la ciudad. Son viviendas de material, de buena factura, con servicios, donde el Estado facilitó la solución después de un largo proceso judicial.

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Falta más Estado

“Los que toman tierra se ven como personas que están ejerciendo su derecho. No se ven como quien está robando algo, ni que estén en conflicto con la ley. Tampoco yo lo veo así”, explica Monayar. “No tienen otra forma de acceder a la vivienda, porque vía el mercado es imposible: entre el 30 y el 40% de las familias en Córdoba tiene ingresos que no superan el salario mínimo, menos van a poder ahorrar para comprar una casa”, describe la especialista.

-En la toma de tierra de Los Hornos el Estado nacional facilitó una resolución comenzando un proceso de urbanización. ¿Qué está sucediendo en Córdoba?

-Cecilia Marengo: Después de “Mi Casa, Mi vida” no se hizo más nada a gran escala. En Córdoba ni siquiera hay actualmente un registro de demanda de viviendas. Es decir, si necesito una casa no tengo donde anotarme en el Estado para el momento que salga un plan de vivienda. No hablamos de regalarle nada a nadie, pero sí facilitar programas, armar registros. Hay gente con capacidad de pago que no encuentra la forma de acceder porque los programas se retiraron y liberaron la tierra solo a los instrumentos bancarios. La crisis de los salarios hace el resto.

-¿Qué papel tiene la especulación inmobiliaria?

-Cecilia Marengo: La especulación inmobiliaria existió siempre, pero en las últimas décadas se exacerba el proceso. Las grandes inversiones inmobiliarias disponen de capital, intervienen en la ciudad, producen enormes emprendimientos, pero en el otro extremo del arco no ves nada como posibilidad de pensar desde el Estado.

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