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Cortocircuitos en el Palacio de Justicia

Al borde de un ataque de nervios

Por Hernán Vaca Narvaja / @HVacaNarvaja

El riojano Miguel Ángel Rosales dejó tambaleando a los principales actores del juicio oral y (no tan) público contra Marcelo Macarrón. No porque haya aportado alguna prueba a una acusación que cada día cae un poco más por su inconsistencia, sino porque les dijo en la cara a los integrantes del tribunal técnico -Daniel Vaudagna, Natacha García y Gustavo Echenique-, al abogado Marcelo Brito y el fiscal Julio Rivero que hace tres meses protagonizan “circo” que terminará indefectiblemente conduciendo a la impunidad. “A la Nora la matan todos los años, cada noviembre”, les dijo Rosales con su pronunciada tonada norteña. Ysumó un reproche políticamente incorrecto dirigido al movimiento feminista, que recién esta semana anunció la convocatoria a una marcha para pedir justicia por Nora Dalmasso: “Hace 16 años que mataron a Nora y nunca las vi pronunciarse pidiendo Justicia por ella. ¿O acaso las víctimas rubias y de ojos azules no merecen justicia?”.

Aunque no haya aportado un solo elemento que permita apuntalar la acusación que pesa sobre el viudo -ser el instigador del homicidio de su esposa-, Rosales sí grafico la prepotencia y los prejuicios que trasladó a Río Cuarto la comisión policial que llegó de Córdoba para cerrar el crimen imputando a un perejil. “Yo podría haber sido ese perejil”, advirtió Rosales. Y recordó que el inefable comisario Rafael Sosa le advirtió en la Unidad Regional N° 9 de Policía que le tomaba declaración testimonial porque el fiscal todavía no había decidido imputarlo, pero que a él la gente decía que era “cocainómano, golpeador de mujeres y tenía hijos no reconocidos en La Rioja”.

“Todo se hizo mal. Vino Sosa y los policías de Córdoba no para descubrir sino para encubrir el crimen, y la gente se peguntaba quién les pagaba la estadía en el hotel Opera”, agregó Rosales mirando fijamente al fiscal Rivero que, incómodo, tal vez recordó que fue él mismo quien investigó esa denuncia y no imputo a los policías ni al vocero Daniel Lacase porque lo asaltó una “duda insuperable” (sic). Si hubiera imputado a Lacase, no le habría hecho falta mandar a pedir a todas las jurisdicciones del país si el vocero tenía alguna imputación que interrumpiera la prescripción para investigarlo en esta causa.

Reacción corporativa

Ante la falta de información dentro de la sala -el jueves no fue el imputado y por primera vez también faltó su abogado Marcelo Brito-, donde los jurados populares procuraron sobrevivir al tedio de la lectura monocorde de la prueba documental, el chisporroteo se armó en los pasillos de tribunales cuando se filtró al periodismo un comunicado “interno” de la Asociación de Magistrados y Funcionariosdel Poder Judicial de Córdoba. El texto expresaba la “profunda preocupación por las expresiones mediáticas difamantes y agraviantes dirigidas a funcionarios y magistrados que ejercen sus funciones en causas que generan alta expectativa en la sociedad tanto a nivel local como nacional” (sic). Y hacía saber “el apoyo institucional a quienes se desempeñan libres de todo intento interno o externo de torcer su voluntad en el ejercicio de la labor judicial dentro del marco de la ley y los postulados de la Constitución Nacional”.

Aparentemente dirigido a respaldar a la magistrada que lleva adelante la causa contra Leonardo Cositorto en Villa María, de tan ambiguo que fue redactado el comunicado calzó como anillo al dedo a los cuestionamientos que el periodismo viene haciendo al juicio contra Marcelo Macarrón. A tal punto que fue el propio Emilio Andruet, vocal de la otra Cámara del Crimen de Río Cuarto, quien salió a cuestionar los ostensibles privilegios del viudo. “No sé si son privilegios, pero indudablemente hay un trato distinto. Al lado de donde yo estaciono mi auto en tribunales, que es para uso exclusivo de funcionarios y magistrados, estaciona una persona que está imputada de uno de los delitos más graves previstos en el Código Penal”, advirtió Andruet, en clara referencia a la costosa camioneta en la que se traslada Marcelo Macarrón.

La costosa camioneta del imputado, estacionada en la playa exclusiva de los magistrados..jpg

No es la única prerrogativa de la que gozaron el imputado, su entorno y los testigos que declararon a su favor en los tres largos meses que lleva el juicio oral, y que contrasta con los insólitos impedimentos establecidos por el tribunal a los periodistas para que desarrollen su trabajo en la sala de audiencias.

Silvia Chiapero, presidenta de la Asociación de Magistrados de Córdoba, no dispuso de diez minutos para atender a MI Córdoba la semana pasada, pero desde su entorno aclararon que el comunicado de la institución era “interno” y no estaba referido al juicio que se desarrolla en Río Cuarto. Sin embargo, la defensa abstracta y corporativa de jueces y magistrados por el solo hecho de serlo pareciera abonar el terreno para el esperado y previsible epílogo de un proceso judicial que hace semanas marcha a los tumbos, sin conducción del tribunal -que aceptó la exclusión de testigos claves y la inclusión de otros intrascendente- y con un fiscal desorientado que por momentos parece más el auxiliar de Brito que el representante del Ministerio Público Fiscal.

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