Córdoba lidera el ranking de estafas telefónicas desde la cárcel

AdolfoRuiz / @adolruiz

Los casos se repiten. Sistemáticamente. Los titulares de los diarios y los portales informativos vuelven sobre los mismos títulos: "Desbarataron un call center tumbero". Y las historias siempre tienen los mismos detalles y protagonistas.

Gente estafada en algún lugar del país (Lomas de Zamora, Venado Tuerto, Jujuy, Río Negro) y jueces locales que empiezan a tirar del hilo, a hacer el trazado de las llamadas, para llegar inexorablemente hasta una cárcel cordobesa.Se trata de organizaciones perfectamente aceitadas, con cabecillas, con perros, con trabajadores esclavos, con torturados, con prestanombres o presta cuentas, y fundamentalmente con complicidades que resultan claves.

El último episodio se registró la semana pasada en la cárcel de San Francisco, al este de Córdoba. Establecimiento Penitenciario N°7, habitado por 452 internos. Ninguna mujer. Y,toda una rareza para el ecosistema carcelario cordobés: aloja más condenados que procesados.

En ese centro penitenciario funcionara hasta hace muy pocos días un verdadero "call center tumbero", según lo definió la propia Policía Federal.

La investigacióncomenzó hace más de dos años, según consignó esa fuerza, cuando se detectaron maniobras de una banda que hacía llamadas a estaciones de servicio de la firma YPF. Se hacían pasar por personal de las empresas Lapos o Posnet (firmas que prestan el servicio de cobros con tarjetas de crédito y débito) y les solicitaban a sus víctimas "la devolución de crédito por las ventas producidas".

"Se estableció que los internos de esa unidad carcelaria poseían una especie de 'call center' armado dentro del penal, y que a su vez recababan cuentas en las que dirigían el botín de los hechos a través de transferencias bancarias", explicó la Federal en un comunicado.El resultado de los procedimientos fueron 19 personas detenidas y la individualización de 12 presos que "trabajaban" desde los pabellones 2, 4, 6 y 7 de esa unidad penal.

La crónica policial involucra más detalles, como el dinero secuestrado, armas, vehículos, tarjetas telefónicas, cuentas bancarias y varias otras precisiones, sobre las que han ahondado medios periodísticos locales y provinciales.

Lo que no se abordó hasta ahora fueron las complicidades de los jefes penitenciarios para que esta organización delictiva pudiera actuar con absoluta organicidad, y también impunidad desde el interior de una cárcel.

¿Habrá sido completamente desbaratada la banda? Da la sensación que no es así. Al menos en ese tenor fueron las declaraciones del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien está subrogando en su par de Lomas de Zamora. "Todavía no está concluida la investigación, y no le puedo adelantar por dónde vamos a continuar, porque se podrían arruinar líneas investigativas que todavía estamos trabajando", se excusó ante la consulta de MI Córdoba.

“¿Puede responderal menos si se están investigando personal y mandos medios del Servicio Penitenciario de Córdoba?”, insistió este medio. Armella hizo una pausa para pensar su respuesta. "Mandos medios y no tan medios", respondió. De esta manera, confirma lo que todos saben y nadie asume: para que funcione un “call center” dentro de una cárcel hace falta la complicidad de los penitenciarios.Por eso se mira con recelo la labor que cumplía el director de ese establecimiento, el alcaide mayor Sergio Molina (hermano del director General de Seguridad de todo el SPC, el prefecto Gustavo Molina). También hay miradas incómodas que se posan sobre el jefe de Seguridad de ese establecimiento, el alcaide Daniel Gómez, señalado junto a Molina como responsables directos por lo que sucedía en los pabellones bajo su cuidado.

El negocio de prohibir

Córdoba es una de las pocas provincias cuyas autoridades políticas y judiciales siguen manteniéndose firmes en la decisión de declarar la ilegalidad del uso de celulares dentro de las prisiones.Es una puerta que nadie quiere abrir y sobre la que los resultados prácticos demuestran absoluta inutilidad.

Casi todas las provincias fueron abriendo ese cerrojo con el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Primero de manera transitoria y por la situación sanitaria; luego de forma permanente ante los buenos resultados. Lo cierto es que hoy en día la mayoría de las personas detenidas pueden contar con un equipo de telefonía celular.

Para implementar esta reforma se aprobó un reglamento claro (que se repite en cada una de las provincias) que establece la modalidad de ingreso del aparato y -lo más importante- su registro. Al ingresar un smartphone, se deja consignado el código IMEI del equipo y el código del chip, además del número de la línea telefónica. De este modo, se puede identificar con absoluta precisión a su responsable si desde esa línea o aparato telefónico se perpetra algún delito.

"La experiencia refleja que el uso reglamentado de dispositivos electrónicos constituye una herramienta que reduce la violencia y el mercado ilegal. La regulación clara y adecuada desalienta que las personas privadas de libertad recurran a la clandestinidad", señala la Asociación Pensamiento Penal. "La mayoría de ellos -agrega el comunicado emitido en junio de este año-, utiliza teléfonos celulares y computadoras con acceso a la red para contactarse con sus familias, estudiar e informarse. Solo una minoría, como sucede en el medio libre, los emplea con fines ilícitos, cosa que, a instancias de la regulación, podrá identificarse con más facilidad".

Córdoba no va

Esa mirada difiere radicalmente de lo resuelto por la Justicia de Córdoba y particularmente por los camaristas Marcelo Jaime, Inés Lucero y Martín Bertone, miembros de la llamada "Cámara Covid", que tomó las causas generadas durante la pandemia. Tuvieron que resolver un pedido del abogado Iván Adolfo Mochkofsky, en representación de un grupo de internos que pedían les garantizaran el derecho a la comunicación con sus familias. Y contrariamente a lo que venían resolviendo la mayoría de las provincias, decidieron que "la utilización de celulares en poder de los internos, sin control, genera un problema mayor del que podría solucionar, atentando contra la posibilidad de un daño inminente hacia la sociedad". El fallo se dio a conocer en mayo de 2020.

Desde entonces, ninguno de los pedidos para habilitar el uso de celulares en prisión modificó la cerrada oposición del Poder Judicial de Córdoba.

¿Cuál fue el resultado?

• En la última semana de junio, un juez federal de Lomas de Zamora desandó el camino de una organización delictiva con estafas telefónicas hasta llegar a cuatro pabellones de la cárcel de San Francisco. Ahora investiga a los responsables penitenciarios.
• Tres semanas antes, el 4 de junio, la Justicia Federal de Venado Tuerto allanó la cárcel de Villa María, donde existía otra usina de estafas telefónicas.
• En agosto del año pasado, la Justicia de Chubutdeterminó que desde las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje salían llamadas que estafaban gente de esa provincia patagónica.
• En mayo, también de 2021, la Justicia de Córdoba detectó que en la cárcel de Cruz del Eje operaba una banda de teledelincuentes se hacían pasar por personal de la ANSES y lograban apoderarse de las cuentas bancarias de sus víctimas.
• En septiembre del año pasado quedó registrada en cámara una de las estafas en Bouwer, cuando un interno se grabó jurándole venganza al responsable del asesinato de su hermano, mientras detrás se veía y se escuchaba a otro interno, en la misma celda, haciéndose pasar por un operador de Edesur para cobrarle 89 mil pesos por el servicio de instalación a una víctima, a 800 km de distancia. La secuencia recorrió el país.

“Es así, lamentablemente Córdoba ha tenido varios de estos episodios que no vemos en otros distritos”, admitióa modo de confirmación el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

¿Quiénes se benefician del negocio de los “call centers tumberos”?¿Quiénes trasladan los aparatos y quiénes hacen la vista gorda?¿Quiénes se ensucian el uniforme y quiénes liberan la zona?¿Quiénes organizan, quienes negocian y quiénes ejecutan?¿Hacia dónde van las utilidades?¿Hasta dónde llega la complicidad en la línea de jerarquía del SPC?

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