Impugnan al candidato a reemplazar a Bustos Fierro

La justicia federal tiene un mecanismo para buscar reemplazos de jueces cuando por distintas causas el juez natural no está en condiciones de estar al frente de un juzgado. Se trata de la figura de “conjueces”, que son personas dispuestas por el Senado de la Nación a partir de propuestas del Poder Ejecutivo y valoradas en cuanto a su mérito por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta.

Deben ser personas con formación y una conducta ética irreprochable para asumir la responsabilidad de reemplazar a un juez, situación que no estaría cumpliendo acabadamente el empleado judicial Juan Pablo Salvay, propuesto en un binomio junto a Mariano Longarini para estar dispuestos a reemplazar a los jueces federales de primera instancia de Córdoba, según publicación del Boletín Oficial de la Nación del pasado 16 de junio.

Quien podría abandonar de manera permanente a fin de año su juzgado es el juez Ricardo Bustos Fierro, magistrado que encabeza la mayoría de los escándalos que suelen envolver a la Justicia federal cordobesa. El último registrado por MI Córdoba fue por su actuación en el amparo contra las retenciones móviles que presentó la Sociedad Rural Argentina. Allí el juez se negó a apartarse del caso, por más que su hijo sea productor rural y debería dejar la causa por imperio de lo prescripto en el Código Procesal Civil y Comercial para esos casos.

De ser aprobado por el Senado, Salvay ejercerá la titularidad del juzgado, a pesar de estar siendo investigado desde hace dos años en una causa tras una denuncia en su contra presentada por el fiscal federal Enrique Senestrari. Por eso el fiscal impugnó la candidatura de Salvay ante el riesgo de que una persona en conflicto con la ley sea quien deba impartir justicia. El zorro en el gallinero.

Robo de documentación

Consultado por MI Córdoba ante la gravedad de la situación, Senestrari confirmó que fue él quien le pidió al Senado que no apruebe su designación: “Lo denuncié como un empleado desleal de la Fiscalía y hoy está imputado por sustracción de documentación en una causa que lleva adelante el juez federal Sánchez Freytes. También se lo investiga por conductas delictivas como manejo de información de la Fiscalía para fines que no son judiciales”.

A raíz de esa denuncia es que Senestrari lo impugna como candidato a conjuez. En los Tribunales federales sospechan que es el propio Bustos Fierro quien promueve a Salvay para que lo reemplace en caso de no obtener su anhelada prórroga en el cargo.

“Es llamativo que el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura omitan ver que se trata de una persona imputada por delitos desde el comienzo de su carrera judicial y que va a integrar un concurso. No se están cumpliendo las reglas, atento que se informó por medio de oficios del juez Sánchez Freytes, tanto al Concejo como a la Comisión de Acuerdos del Senado, y a la propia vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández en su calidad de presidenta del Senado, informando que se está por tratar el pliego de una persona en esta condición legal. Difícilmente lo haya informado él mismo en su concurso, lo cual ya es una irregularidad”, agregó Senestrari.

“Juan Pablo Salvay fue propuesto junto a Mariano Longarini para ser conjueces y reemplazar a los jueces federales de primera instancia de Córdoba, según publicación del Boletín Oficial de la Nación del pasado 16 de junio. El problema es que el primero está imputado por la comisión de un delito y el segundo quedó rezagado en el orden de mérito”

En la causa donde se investiga a Salvay debe determinarse si el imputado robó documentos de la investigación que encabezaba Senestrari por la estafa de la Financiera CBI, conocido escándalo que involucró pérdidas millonarias de ahorristas. “Todo se enturbió desde que decidimos incorporar al empresario Euclides Bugliotti a la investigación. Ahí Bustos Fierro se puso loco y se dedicó durante dos años a sabotear la causa hasta que le pedí el apartamiento y la Cámara Federal me dio la razón, lo echó del caso y se lo traspasó al Juzgado Federal N°3”, añadió el fiscal.

En el ínterin, siempre según el fiscal, Salvay se involucró durante el gobierno de Mauricio Macri en una operación para perjudicarlo, primero robando la documentación y después denunciándolo ante la Procuración General de la Nación. El empleado infiel acusaba a Senestrari de tener filiación política kirchnerista y desde el Gobierno macrista dieron luz verde a la denuncia, al punto de allanar la Fiscalía en busca de la documentación mencionada. “Posteriormente la hicieron aparecer espontáneamente en ese baño, justo en el momento que se realizaba una inspección en la Fiscalía a partir de la denuncia que ellos mismos impulsaron”, dice el fiscal.

“En la causa donde se investiga a Salvay debe determinarse si el imputado robó documentos de la investigación que encabezaba Senestrari por la estafa de la Financiera CBI, conocido escándalo que involucró pérdidas millonarias de ahorristas”

El ardid buscaba desplazar a Senestrari, pero finalmente fue Bustos Fierro el desplazado. “El juez Sánchez Freytes le allanó la casa a Salvay y recuperó un montón de información que estamos analizando. ¿Cómo se entiende que el Ejecutivo Nacional lo proponga? Uno de buena fe entiende que engañaron a las autoridades políticas omitiendo decir que está imputado. No sé quién lo avaló para que se presente, pero el que lo hizo se abstuvo de dar esta información”, concluye Senestrari.

Atento a que el juzgado federal N°1 es de competencia electoral, la gravedad institucional es mayúscula.

Otra Impugnación

La siguiente impugnación se origina en una presentación que realizó ante la Comisión de Acuerdos del Senado el empleado judicial Enrique Baronetto, que cumple funciones en el Tribunal Federal Oral (TOF) N°2. Baronetto aduce que él también se presentó al concurso junto a Salvay y Mariano Longarini y que a pesar de haber obtenido mejor puntaje que ambos, no fue tenido en cuenta.

Además cuestiona que el Poder Ejecutivo enviara al Senado sólo dos propuestas de conjueces cuando la Ley Orgánica 27.439 prescribe que deben presentarse un mínimo de diez candidatos y un máximo de treinta. De esta forma, la impugnación da a entender que estaría direccionada la propuesta para favorecer a ambos candidatos, sin contrastar méritos con otros postulantes.

“El empleado judicial Enrique Baronetto, que cumple funciones en el Tribunal Federal Oral (TOF) N°2, se presentó al concurso junto a Salvay y Mariano Longarini y a pesar de haber obtenido mejor puntaje que ambos en el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura, no fue tenido en cuenta para ser conjuez”

“Pongo en conocimiento –dice Baronetto en el escrito– que me encuentro en mejor posición que los nombrados (Salvay y Longarini) en el orden de mérito del concurso 419 convocado por el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

En efecto, en base a la documentación que adjunta, Baronetto puede acreditar que salió tercero en dicho concurso, contra la cuarta posición que obtuvo Longarini y la última que obtuvo Salvay.

La forma en que se manipuló la propuesta de los dos conjueces genera sospechas en los pasillos de los tribunales federales de Córdoba y abre la puerta a futuros cuestionamientos de las resoluciones judiciales que allí se resuelvan. Sin embargo, no sería la primera vez. Y Bustos Fierro lo sabe.