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Cinco referentes de la izquierda y un gremialista de ATE van a juicio por cortar calles en Córdoba

El fiscal Ernesto de Aragón los imputó por "desobediencia a la autoridad e impedimento de transporte". Es por un hecho ocurrido a principios de abril. El secretario general de ATE afirmó que el procedimiento fue coordinado con las fuerzas de seguridad pero que luego cambiaron su versión.

Seis militantes políticos irán a juicio en Córdoba por cortar calles en el marco de una protesta social. La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 1°, acusó a cinco referentes locales del Polo Obrero, MTR, MST y Libres del Sur, y al secretario general del gremio ATE Córdoba, Federico Giuliani, de los delitos de “desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios Públicos”.

El fiscal Ernesto de Aragón dispuso las imputaciones y están vinculadas con la movilización a nivel nacional que se realizó el 5 de abril. Según la Fiscalía “existió un plan, ejecutado por estos referentes para producir cortes de manera deliberada e ilegal en diversas calles y rutas de acceso”.

"La marcha comenzó en el Puente Centenario donde se pudo mantener la media calzada y en un determinado momento de la marcha, desoyendo las directivas policiales, fueron desbordados y ocupándose todo lo que fue General Paz y Vélez Sarsfield", remarcó De Aragón.

Los argumentos de la Fiscalía para la acusación son que “se desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular en un punto neurálgico de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Esto afectó a los medios de transporte público y privado”.

“El argumento de llevar a cabo una protesta, representando intereses de grupos cuyos derechos se entienden vulnerados, no brinda una coraza o salvoconducto para valerse impunemente de medios delictivos como instrumento para visibilizar el reclamo”, dijeron.

Tras conocerse las imputaciones, el titular de ATE Córdoba cuestionó los fundamentos de la resolución judicial.

La palabra de los imputados

"Se está usando una vara para medir lo que es una consecuencia, una movilización es la visibilización de una problemática puntual", dijo Giuliani ante el micrófono de Canal 10.

Además remarcó que todo lo ocurrido en abril pasado fue coordinado con las fuerzas de seguridad para respetar la media calzada y permitir el paso de las ambulancias. "Después la Policía cambió de posicionamiento y dijo todo lo contrario de lo que habíamos acordado"

Comunicado de la CTA Autónoma

La CTA-A Córdoba repudió en un comunicado de prensa "la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares", y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad, el Gobierno -a través de la Justicia adicta- persigue y procesa a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los derechos básicos a una vida digna que padece la inmensa mayoría de la población”.

El documento dado a conocer por la central concluye: “El Gobierno y la Justicia de Córdoba tienen que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la inseguridad que golpea a los que menos tienen, la violencia institucional de la Policía, el hambre y la marginalidad crecientes, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la Justicia Social".

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