Con la detención de una enfermera comienza a develarse el horror en el Hospital Neonatal

El pasado viernes 19 de agosto, alrededor de las 18 horas, se concretó en la ciudad de Río Ceballos la detención de la enfermera Brenda Cecilia Agüero, acusada por “homicidio calificado reiterado” de los cinco bebés muertos entre marzo y junio en el Hospital Neonatal de Córdoba, dependiente de la Provincia, donde se desempeñaba en el área de partos.

El Neonatal es el centro de salud público de más actividad obstétrica de Córdoba y allí nacen un promedio diario de 16 bebés, unos 5.800 al año. Se trata de un hospital de primera línea donde concurren a tener sus hijos los sectores carecientes de la población que no tienen cobertura social prepaga ni obra social, lo cual torna aún más dramático el cuadro.

Agüero ingresó a trabajar en el hospital en diciembre de 2020, bajo la modalidad de “contrato COVID”, en plena pandemia de Covid 19, como enfermera profesional diplomada. Son encontradas las versiones sobre su perfil, ya que mientras algunos medios difundieron que su paso por el hospital generaba sospechas, otras versiones indican que era una trabajadora en apariencia aplicada y sin conflictos.

Lo cierto que el 11 de agosto se hizo pública la investigación que desde principios de julio llevaba adelante el fiscal Raúl Garzón, titular de la Fiscalía de Distrito 3, Turno 7.

Cabe señalar que Garzón investigó las cinco muertes, a la postre determinadas como homicidios, después de acumular en su Fiscalía dos denuncian que en principio habían sido radicadas en la Fiscalía de Distrito 4, turno 6.

Según pudo saber MI Córdoba, la detención de Agüero fue resultado de un cúmulo de pruebas que reunió la investigación y no se produjo antes porque el fiscal Garzón esperó a reunir la mayor cantidad de elementos posible. Y si bien se tomó su tiempo para ordenar la detención de la enfermera, al menos desde el desde el martes de la semana pasada tenía la íntima convicción de que ella era prima facie la autora de los homicidios. Pero ante la enorme repercusión pública que tuvo el caso apenas trascendió a los medios de comunicación, prefirió aguardar los resultados de una pericia médica complementaria a las autopsias. Estos nuevos estudios fueron realizados por el Instituto de Medicina Forenseen base a los dos primeros casos que llegaron a la Justicia.

El fiscal esperó los resultados de la pericia complementaria para decretar la detención de la enfermera y en el mismo acto decretó la imputación por “omisión de deberes de funcionario público” a la ahora ex directora del Hospital, Liliana Asís, y a las jefas del Departamento de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Luisa Morales.

“Muertes llamativas”

La enormidad de los hechos, la desprotección extrema a la que están sometidos un niño o niña recién nacido y la confianza que las familias y el sistema sanitario depositan en el personal de salud ubican los crímenes -en el caso de comprobarse la hipótesis del fiscal- como uno de los casos más brutales y conmovedores que se conozcan en Córdoba.

La radio Cadena 3 informó casi inmediatamente después de la detención que la familia de Agüero, sin citar fuente específica, estaba denunciando que la enfermera era una “perejil”.

De resultar condenada, la joven de 27 años recibirá una pena de prisión perpetua, conforme la calificación que le impuso la Fiscalía, según establece el Código Penal en su artículo 80.

Garzón le dijo el mismo viernes a MI Córdobaque desde un primer momento “fueron muertes llamativas porque se trataba de madres sanas con partos normales y bebés normales tras la primera evolución neonatológica. Y fueron depositados en una sala neonatológica ubicada en el área de parto”, es decir, en una sala continua a donde las parturientas daban a luz. El funcionario judicial señaló además que Agüero era una persona “que tenía acceso a los bebés, tenía acceso al lugar, pero no sería enfermera de neonatología, sino de parto”.

Aunque el fiscal se negó a confirmarlo, se supo que la enfermera fue objeto de seguimiento de escuchas telefónicas antes de su detención y que de ese procedimiento habrían salido datos indicativos de su presunta participación en la muerte de los bebés.

La cronología del horror indica que el primer caso de bebé fallecido ocurrió el 18 marzo, el segundo el 23 de abril, el tercero el 23 de mayo y los dos últimos el mismo día, el 6 de junio.

Para la investigación judicial -aún en curso- la Fiscalía dispuso el relevamiento de las historias clínicas, informes del Ministerio de Salud y del propio Hospital, además de tomar declaraciones testimoniales a las madres de los bebés fallecidos y al cuerpo médico del nosocomio.

Fue fundamental el informe médico de las autopsias, que habría determinado la utilización de potasio como causal de la muerte de los bebés. “Se estudian casos con hiperpotasemia”, explicó Garzón.

Presión y apoyo

Es de prever que la detención aminore las protestas de las familias víctimas de los gravísimos hechos sucedidos en el Neonatológico de Córdoba. Durante toda la semana previa madres, padres, familiares, amigos y otras parejas que sufrieron la muerte de sus bebés -en distintas circunstancias que las víctimas del caso pero no por eso menos dolorosas-, se manifestaron contra el Gobierno provincial por no obtener la reacción esperada del poder político. Hubo marchas de antorchas y reclamos frente al Panal.

Estas manifestaciones y el fuerte posicionamiento de la oposición –cuya bancada legislativa se retiró del recinto ante la negativa del ministro Cardoso de concurrir a dar explicaciones- sumaron presión para que la causa avanzara y dejaron golpeado al ministro de Salud, que después de una primera explicación pública optó por recluirse en el silencio, dejando como voceros del tema al presidente del bloque oficialista y ex ministro de Salud Francisco Fortuna.

El mutismo oficial fue el dato político toda la semana pasada, hasta que el viernes a la noche, en el entretiempo del clásico entre Belgrano e Instituto, se difundió que el gobernador Juan Schiaretti finalmente recibió a los familiares de los bebés fallecidos.

Esa mañana, Raúl Calderón, esposo de Vanesa y padres del primer caso registrado en el hospital, se había quejado amargamente porque “nadie se comunicó desde el Ministerio” para darles explicaciones ni contener a la familia.

El Gobierno tampoco respondió los pedidos de atención de María, una mamá cuyo bebé fue igualmente inoculado, pero logró salvar su vida. María presentó una denuncia judicial y su caso completa el de otros ocho bebés que sufrieron el mismo procedimiento de inoculación, hechos que también investiga el fiscal Garzón y su equipo.

La abogada de María, Daniela Morales Leaza, dijo a Mi Córdobaque la familia busca en la Justicia la respuesta que no obtuvo de las autoridades sanitarias.

La letrada defendió la actuación de Garzón en la investigación: “Estoy muy conforme, a mí me ha tocado trabajar como querellante en delitos bastante complejos y es la primera vez que veo un abocamiento tan comprometido, están trabajando muchísimo. Si bien no tenemos acceso en este momento al expediente por el secreto de sumario, presentamos la denuncia jueves o viernes y el sábado ya había sido citada nuestra asistida para tomarle declaración”, apuntó. “El fiscal tiene bien claro para donde va orientado, sin que haya entorpecimientos”, añadió.

En esa línea, un funcionario retirado de Tribunales con amplia experiencia en investigaciones complejas apuntó que Garzón “es de la vieja escuela, revisa los papeles en vez de estar todo el día en la computadora, está encima de su equipo”.

Esas calificaciones favorables hacia el fiscal conviven con otras lecturas, que lo ubican en cercanías del Gobierno provincial y explican que por esa situación fue el elegido en su momento para abocarse a las causas derivadas de las protestas sociales que se producen cada vez con mayor frecuencia en el centro de la ciudad.

Lo cierto es que el fiscal mostró autoridad e independencia al rechazar el pedido de la Provincia de constituirse como querellante en la causa. “Hasta el momento no está claro si el Estado es víctima o no. Para mí fue acertada la decisión del fiscal”, dijo la abogada Morales Leaza. Lo mismo manifestó a diversos medios el abogado Carlos Nayi, que lleva la querella de otros cuatro damnificados en la causa.

Restas

Además del Gobierno, que mostró falta de reacción y un llamativo silencio en torno a la situación una vez que tomó conocimiento del primer caso, otros actores tampoco sumaron para evitar la tragedia. Cuando la supervisora de enfermería del Neonatal, Gladys Ríos, denunció que sabía de las irregularidades que sucedían en el hospital “desde marzo” y señaló supuestas complicidades, delegados del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) la repudiaron y pidieron su exoneración, aportando sólo ruido y confusión al caso. En cambio, la Fiscalía le tomó testimonio a Ríos e incorporó su declaración al expediente

Mientras tanto, horas antes de la detención de Agüero, los neonatólogos por un lado y el personal de enfermería por el otro salieron a desmarcarse y pidieron a la Justicia investigue, en una pronunciamiento que pareció cuanto menos extemporáneo a cuatro meses del primer hecho y una semana de estallado el escándalo público.

El escándalo público también provocó la difusión de variadas denuncias de madres que dijeron haber sufrido violencia obstétrica durante sus partos en el Neonatológico. Los testimonios hablaron de malos tratos, insultos y hasta moretones producto de la fuerza con que eran manipuladas durante los partos.

Esta semana la mayor expectativa está centrada en la inminente declaración indagatoria de la enfermera detenida el viernes y las de las otras dos personas imputadas por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos: la ex directora del hospital y la ex jefa del área de Neonatología. Habrá que ver si el fiscal corta ahí la cadena de responsabilidades o sigue avanzando hacia cargos jerárquicos superiores.

Ante la falta de reacción oficial y el oportunismo político que mostró la oposición, la expectativa está centrada casi exclusivamente en lo que arroje la investigación judicial. Sólo cuando se sepa la verdad de lo ocurrido y se deslinden responsabilidades se podrá pensar en recomponer la confianza de los cordobeses, que contemplan absortos el devenir de una tragedia que puso a Córdoba bajo la lupa de la prensa nacional e internacional.