Tribunal de Cuentas: pese a las críticas, el oficialismo tiene los votos para aprobar los cambios este miércoles

En la reunión conjunta de las comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General los legisladores oficialistas avanzaron en explicar algunos detalles de las modificaciones, como habilitar que -en caso de que el vocal de la minoría entre en licencia- pueda designar a un secretario.

Por parte de la oposición participaron los dos legisladores de Encuentro Vecinal, Álvaro Zamora Consigli y Amelia Moscoso, que fueron los más críticos al consultar cuáles fueron los criterios para excluir la rendición de gastos de combustible y pasajes aéreos, subsidios y partidas de salud, y por qué se buscará que el vocal de la minoría pueda designar un secretario en su reemplazo en caso de una ausencia prolongada, cuando se tratan por Constitución Provincial de miembros electos por el voto popular.

Desde esta bancada también cuestionaron el artículo 50 que establece que el Tribunal de Cuentas podrá aceptar como comprobantes pruebas indirectas, como fotografías, certificaciones de personal, evidencia testimonial, entre otros. Zamora solicitó que esta práctica de rendición sea solo de manera excepcional.

Julieta Rinaldi, presidenta de la comisión de Legislación general, expresó en el debate que se tomarán las sugerencias de este bloque opositor, y reiteró que no se trata de un proyecto que apunte a restar posibilidades de control de los gastos públicos, sino de agilizar el mecanismo. Junto con Nadia Fernández fundamentaron que la rendición de gastos contemplada en el artículo 50 es para agilizar presentaciones. Y dieron como ejemplo una obra de cloacas que -por inconvenientes en el recupero de las facturas- se debió recurrir a las imágenes y a la verificación de las obras.

“Hemos trabajado en revisar el articulado, en darle técnica parlamentaria, también algunas cuestiones para que queden plasmadas en una buena ley. En caso de una ausencia, lo hemos evaluado siempre para lograr agilidad, nosotros damos fe que se controla todo”, dijo Rinaldi.

“Las mayoría de estas modificaciones ya están en funcionamiento a través de la resolución, por lo que se quiere plasmarlo en ley, no es nada nuevo ni sacado de la galera”, insistió Fernández.

A lo que se sumó el presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, Leonardo Limia, quien dijo reconocer la participación en la comisión de los legisladores de la oposición Zamora Consigli, Moscoso, además de Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) y Noelia Agüero (Izquierda Socialista-FIT Unidad), y cuestionó la asistencia del resto de las bancadas opositoras.

Críticas desde la oposición

En esta reunión asistieron los vocales electos que integrarán la mayoría en el tribunal, los juecistas María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, los que solicitaron la palabra, la que fue rechazada porque no se había oficializado por escrito el pedido de participación. “Se trata de una reunión para legisladores y asesores”, se informó.

Una vez finalizada la comisión, los vocales opositores, que tendrán la mayoría del tribunal, cuestionaron al oficialismo por no dejarlos participar y reiteraron que se trata de un proyecto que recorta las posibilidades de control.

“Nos constituimos en la Legislatura de Córdoba donde se estaba tratando el proyecto de ley que tiene por finalidad terminar con los controles que ejerce el Tribunal de Cuentas porque se trata de una ley que avalan Schiaretti y Llaryora y que tiene como objetivo que no se controlen más los gastos de los funcionarios públicos. Es decir, lo que hacen con los dineros públicos, los dineros de todos nosotros”, dijo Corvalán.

“Quieren que no controlemos más, así que queríamos expresar nuestra voluntad en contra de este proyecto de ley y no nos dejaron participar, no pudimos hablar, no nos dejaron decir todas estas cuestiones que estamos en contra de esta ley porque vulneran los derechos de todos los cordobeses de saber en qué se gasta, cómo se gasta, cuáles son los precios a los cuales se está comprando. Esto es un reflejo más de cómo está Córdoba, cómo está bajando la vara institucional”, insistió.

Leiva también expresó: “En defensa de la voluntad popular quisimos manifestar nuestro repudio y rechazo a este proyecto de ley que tiene como único objetivo eliminar el control del gasto público del próximo gobernador y sus ministros. Los cordobeses eligieron a la oposición para que controle cada centavo del dinero público, pero no nos dejaron hablar aduciendo que no estábamos autorizados para emitir opinión”.

Se espera que en las próximas horas, el oficialismo convoque a una nueva reunión de comisión para emitir un despacho por mayoría, el que ingresará este miércoles para su aprobación en el recinto. Se tratará de una sesión maratónica porque, además, se tratarán el Presupuesto 2024 y la creación de la agencia provincial del agro.

Punto por punto, algunos de los cambios propuestos por el oficialismo

Las elecciones del pasado 25 de junio que consagraron a Martín Llaryora como nuevo gobernador de Córdoba dejaron en manos de la oposición al Tribunal de Cuentas de la provincia.

Después del acto eleccionario hubo dos hechos que, según señalaron legisladores y tribunos de la oposición, forman parte de un proceso para evitar el control preventivo de los gastos de la Administración Pública: en primer lugar, un concurso para pasar a planta más de 60 empleados, realizado hace un mes y, en segundo lugar, un proyecto de ley que modifica las atribuciones del organismo, presentado la semana pasada y que se aprobará este miércoles en la Unicameral.

Sobre el primero tres legisladores (Irazuzta, Moscoso, Zamora Consigli) presentaron un recurso de amparo para que se revean los concursos porque, afirman, “les recortará el poder de los tribunos a la hora de controlar ya que dejan a las segundas líneas en manos de funcionarios políticos”.

Sobre el segundo punto, los opositores señalan cinco ejes polémicos y piden que la iniciativa se debata con la nueva composición de la legislatura, empardada en 33 escaños entre oficialismo y oposición. Desde Hacemos por Córdoba la respuesta es tajante: “fuimos electos hasta el 9 de diciembre y podemos presentar proyectos hasta esa fecha”.

De acuerdo con el proyecto oficialista, que establece la derogación de la ley 7.630, del año 1987, quedan excluidos del control preventivo, salvo expreso pedido de la administración, un total de 10 actos especificados en el artículo 19. En total se establecen cambios en 24 artículos.

En diálogo con Cadena 3, la legisladora Nadia Fernández, quien presentó esta modificación a la ley, recalcó que la iniciativa “no busca vulnerar las competencias constitucionales del Tribunal de Cuentas sino que busca actualizar los procesos del organismo a las nuevas directrices de la administración”, y sintetizó: “Hay más transparencia cuando se modernizan los procesos administrativos”.

A continuación, los cambios más discutidos y la respuesta desde el oficialismo brindada por la legisladora Nadia Fernández, una de las autoras de la iniciativa:

*Artículo 56: El Tribunal de Cuentas podrá aceptar pruebas indirectas como comprobantes de gastos respaldatorios del gasto: evidencia fotográfica, certificaciones de personal idóneo, evidencia testimonial, entre otros.

NF: “Son herramientas válidas. De hecho se hacen en algunas otras administraciones. El Tribunal de Cuentas lo que tiene que hacer es controlar a los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial) que previamente ya digitalizaron sus procesos administrativos. Veo que los que cuestionan este proyecto tienen una lógica con una cultura anacrónica en términos de la Administración Pública. Hoy sin digitalización no hay transparencia posible.”

*Artículo 21. Acorta los plazos para el control previo de los gastos (6 días hábiles para la Secretaría de Fiscalización; 4 días para cada tribuno

Vencido dichos los plazos, sin intervención del Tribunal de Cuentas, se tendrá por visado el acto administrativo sujeto a intervención.

NF: “No acota la profundidad del control. Es simplemente un proyecto que transforma en ley una resolución vigente desde hace dos años (NdR: Res 180/21) y que fue apoyada también por el tribuno de la oposición. Y si consideran que la alternativa es inconstitucional deben recurrir a la vía que corresponde.”

*Artículo 21-Inciso B.1. Quedan excluidos una serie de gastos específicos del control preventivo:

-Retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia,

-Servicios profesionales prestados por personas humanas contratados por APP, centralizada o descentraliza, Agencias, organismos autárquicos o sociedades anónimas donde la Provincia tenga mayoría.

-Los gastos que se realicen por contratación directa hasta diez (10) veces en suministro, y hasta veinte (20) veces en obra pública del índice 1 dispuesto por la Ley de Presupuesto General.

-Los actos administrativos que dispongan gastos en conceptos de subsidios o ayudas económicas cuando el importe autorizado sea de hasta cinco (5) veces el índice 1 por la Ley de Presupuesto General.

-Los actos que autoricen contrataciones con organismos del Estado, Sociedades de Economía Mixta y toda otra persona jurídica en las que tenga participación el Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales.

-Gastos en combustible en vehículos de flotas oficiales.

-Compra de pasajes aéreos para viajes oficiales al exterior.

NF: “No se puede transformar en un agujero negro. No se está sacando el control sino estableciendo que exista solo control posterior en algunas actividades permanentes del Estado. Muchas veces la demora en el TC en materia de plazos el organismo puede transformarse en una manera de impedir”

*Artículo 9. Declara el quórum permanente e incluso da la posibilidad de hacerlo de manera remota para sesiones ordinarias.

NF: “Buscamos que el Tribunal funcione, porque ante las ausencias se paraliza el Estado, además, es híbrido, tal como funcionan las comisiones en la legislatura o las multinacionales en sus reuniones de trabajo".

Desde la oposición afirman que este cambio implica que siempre se contabilicen como hábiles los días desde que ingresa el proyecto y que obliga a los tribunos y las secretarías a tratar los temas del día. “Es como que el Congreso impusiera el tiempo de estudio de la Corte Suprema”, comparan.

*Artículo 17. Dicta un reglamento funcional donde se crea un Servicio Administrativo que podrá retirar sin intervención los expedientes que estén en el Tribunal de Cuentas para remitirlos a la repartición que los solicite

Desde el oficialismo señalan que esta disposición se realiza conforme lo determina la Ley Nº 10835 -de Administración Financiera y Control del Sector Público No Financiero de la Provincia- y que hace a la operatividad de los titulares de los Servicios Administrativos.

Con información de La Voz del Interior y Cadena 3