La Interrupción Voluntaria del Embarazo en Córdoba

Hace 35 años, en el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, un grupo de activistas denunció las altas tasas de mortalidad por gestar y parir, muchas producidas por abortos inseguros. Fijaron el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres, que hoy incluye a lesbianas, trans, travestis, no binaries y bisexuales. Con el tiempo, la fecha se convirtió en parte del calendario de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

El 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley Nacional 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una de las normativas más discutidas de los últimos años. El primer proyecto fue elaborado en 2007 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, debatiéndose once años después en el Congreso de la Nación, tras intensas movilizaciones feministas. Todos los ámbito de la vida fueron atravesados por la discusión sobre el aborto y desde la primera votación en 2018, la práctica ganó fuerte legitimidad, abandonando el lugar de silencio y tabú.

Su aprobación y promulgación puso en marcha un nuevo derecho. “Hoy las personas se acercan solicitando una IVE, sin rodeos. Eso es nuevo, antes era más estigmatizada, pero ahora la práctica está legitimada y hay un cambio en las subjetividades de quienes quieren interrumpir”, explica a Marca Informativa Córdoba Nadya Scherbovsky, médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Aplicación en Córdoba

Se conoce la existencia de la ley, pero poco se sabe sobre qué implica, hasta qué semana se puede solicitar la práctica, cómo debe garantizarse, cuál es el plazo para que se efectivice. “Las organizaciones han hecho difusión, pero no hay una política de Estado para que se conozca el alcance de la ley, quien se acerca a consultar está en un estado de vulnerabilidad”, señala Nadya.

El sistema de salud, inmerso en una crisis histórica y golpeado por la pandemia, debió responder a una nueva demanda. “En este tiempo se amplió la cantidad de equipos que garantizan la IVE en el primer trimestre de gestación, aunque en contexto de pandemia y precariedad laboral, muchos se vieron sobrepasados. A las exigencias que ya implicaba su trabajo, se sumó esta nueva demanda -refiere la profesional-. Es el mismo personal haciéndose cargo de todo”.

Al promulgarse la ley, el Gobierno de la Provincia designó a Esteban Ruffín, director general de Hospitales de Córdoba Capital, como responsable de la implementación y de los equipos que garantizan la IVE. Junto con la Dirección de Maternidad e Infancia asumieron la capacitación para los hospitales provinciales. “Sólo explicaban el alcance de la ley y cómo hacer para garantizar el derecho a la objeción de conciencia sin que tengan problemas. No trataron temas técnicos sobre cómo se hace un aborto de calidad ni cómo acompañar procesos integrales”, afirma Nadya. Y explica que la formación quedó como tarea y elección individual de cada efector.

La objeción de conciencia es un obstáculo para acceder a la IVE. La ley estipula que sólo pueden ser objetores quienes tienen contacto directo con la práctica, es decir quien receta medicación o hace el procedimiento, pero hoy “cualquier persona de una institución de salud dice ser objetora –señala Nadya-. Tienen la obligación de dar información segura, de calidad y fehaciente sobre la IVE y hacer una derivación efectiva, es decir asesorar sobre el procedimiento y decirle dónde tiene que ir y con qué profesional. Pero no se cumple”.

El norte cordobés es señalado como una de las zonas con menos equipos que garanticen la interrupción y den información sobre el tema. Muchas personas deben trasladarse a otra localidad para acceder a una IVE, aunque por ley las instituciones públicas deben prestar el servicio y las privadas, en caso de derivar, tienen que asumir todos los costos que eso implica.

La situación en el sistema de obras sociales y prepagas es compleja: “Algunas empezaron a implementar clínicas específicas donde pueden hacerlo, y otras no tienen respuesta, aunque la ley dice que debe ser parte del plan médico obligatorio –señala Nadya-. La mayoría tiene convenio con instituciones que decidieron hacer IVE, entonces todas esas personas van a esos lugares, lo que retrasa la respuesta y es un riesgo para la intervención”. Scherbovsky asegura que no siempre es enteramente gratuita ni se brinda información de la prestación para que sus afiliades soliciten la práctica y que hay una política de internación “elijas el método que elijas, porque lo hace más rentable”.

Castigo y disciplinamiento

El viernes tres de septiembre de 2021, tres policías entraron al Hospital de Tartagal, Salta buscando a la médica Miranda Ruíz. Un fiscal de la zona pidió su detención por asistir una interrupción voluntaria y legal de embarazo diez días antes, por pedido de una joven que no quería continuar con la gestación. Está imputada por aborto sin consentimiento, desconociendo la legalidad de la práctica realizada según los procedimientos protocolizados. Miranda es una de las pocas profesionales que garantiza abortos legales en un territorio donde la mayoría del personal sanitario se declara objetor de conciencia.

“Los ‘grupos antiderecho’ quieren obstaculizar la implementación de la ley. Hacen amparos o presentaciones para disputar subjetividades y generar la sensación de que no se puede abortar o como amenaza para quien realice la práctica -asegura Nadya-. Su objetivo es generar confusión y disciplinar a les efectores sobre la aplicabilidad de la norma, pero es imposible que se vuelva atrás con la ley”.