Fraude inmobiliario: piden 11 años de cárcel para Jorge Ribeiro por estafas y asociación ilícita

En la Cámara Décima del Crimen, el fiscal solicitó una condena de 11 años y 3 meses de prisión para Jorge Ribeiro, por ser considerado jefe de una asociación ilícita. Para su yerno Cristian Castro pidió una condena de 9 años y 3 meses.

Para su hija Georgina Ribeiro pidió 7 años y 6 meses, para la otra hija Ana Lucía Ribeiro pidió una condena de 6 años y 6 meses. Para el yerno Marcos Lío, por su parte, se pidieron 3 años de prisión en suspenso por encubrimiento.

Durante la causa se escucharon los testimonios de numerosas personas damnificadas desde distintos puntos del mundo.De acuerdo al fiscal, la estafa rondaría cerca de los 15 millones de dólares.

Estas penas tan altas son justificadas por la gravedad del hecho. Tras la audiencia, quedaron detenidos Ribeiro padre y su yerno Castro en Bouwer, mientras que las hijas quedaron detenidas en sus domicilios.

Por otro lado, el fiscal Gavier solicitó que se cree un fondo reparador con los bienes que se puedan secuestrar para devolverle al menos una parte a las personas damnificadas. Entre los elementos registrables hay autos y un avión y también hay inmuebles, por caso una vivienda en el barrio La Rufina a nombre de Lavisse, esposa de Jorge Ribeiro; otras casas en La Cuesta, Altos de Villa Warcalde y en el housing Barrancas del Cerro.

Gabriel Loyo Fraire, codefensor de Ribeiro junto a Jorge González, pidió la absolución de su cliente. En conversación con Perfil Córdoba, el letrado refutó la hipótesis de la asociación ilícita y las estafas porque “ambas figuras requieren dolo y acá sólo existieron incumplimientos contractuales”. También destacó que entre los querellantes no están todos los damnificados porque “el resto fue a reclamar donde corresponde hacerlo por los incumplimientos”.

El veredicto del tribunal de la Cámara Décima del Crimen podría ser conocido la próxima semana.

Los detalles del caso

De acuerdo a Perfil Córdoba, es la primera vez en la provincia que se aplica la figura de asociación ilícita -es decir, un complot entre más de tres personas- para defraudar a inversores inmobiliarios. El fiscal Enrique Gavier busca que se juzgue en la causa un total de 35 hechos delictivos.

El juicio oral y público que entró en la etapa de alegatos comenzó en septiembre del año pasado. Apenas iniciado el proceso hubo un intento por llevar adelante un juicio abreviado, pero los esfuerzos fallaron porque Jorge Ribeiro se negó a pagar los montos exigidos por los clientes perjudicados.

En el caso están acusados el arquitecto Jorge Ribeiro; su esposa, María Elena Lavisse; sus hijas, Georgina María y Ana Lucía Ribeiro; sus yernos Carlos Hernán Castro y Marcos Javier Lío. El expediente tenía otros acusados que aceptaron sus responsabilidades y acordaron un juicio abreviado. Ellos son Tomás Ribeiro, hijo de Jorge; Natalia Meosi, su esposa; y Guillermo Adrián Taberna. Recibieron condenas el 29 de octubre del 2020 por parte del Juzgado de Control N° 7 a cuatro años y cinco meses; tres años y 11 meses y 3 años y cinco meses de prisión, respectivamente.

Entre sus conclusiones, Gavier sostuvo que la asociación ilícita se concretó desde que iniciaron los proyectos de edificios de departamentos y cocheras. Vendieron nueve en total y uno se proyectó en Villa Carlos Paz. “La obra que más avanzó llegó a una ejecución del 50 por ciento”, puntualizó Gavier. El resto quedó en los papeles.

También el funcionario judicial habló de “incumplimiento sistemático” y “vaciamiento de fideicomisos” a la par que se verificaba “el crecimiento patrimonial de los imputados”. También señaló que no llevaron contabilidad ni ofrecieron un cuadro verídico de los negocios. “No tenían libros ni registros”, puntualizó y dijo que “la empresa nació insolvente”.

Las presuntas estafas perjudicaron a tres actores al mismo tiempo: a los inversores, a los dueños de las tierras que adquirieron y a los proveedores de materiales de construcción.

En el caso de los terrenos sobre los cuales edificarían, fueron “comprados” a través de canjes. Los Ribeiro no desembolsaron, aparentemente, ni un solo peso para las transacciones. A los dueños les ofrecieron departamentos en pozo que jamás construyeron. Actualmente, los lotes figuran bajo la titularidad de los diferentes fideicomisos.

Las mismas promesas extendieron a corralones que entregaron material para el poco avance de las obras que alcanzaron. Tampoco les habrían pagado un solo peso. Las maniobras arrancaron en 2009 y se extendieron hasta mediados del 2018.

El negocio que ofrecieron a personas con cierto poder adquisitivo consistía en inversiones de inmuebles en pozo detrás de la imagen de una pujante y eficiente empresa familiar dedicada a la construcción y venta de inmuebles bajo el sistema de fideicomisos para la construcción de viviendas al costo.

A quienes compraron entregaron recibos, pusieron en marcha algunas construcciones y fingieron rendir cuentas de manera regular. Así, consolidaron la imagen de una verdadera oportunidad para contratar y disponer de ahorros o bienes e invertirlos o confiarlos a ellos.

Ribeiro es considerado la cabeza de la organización. El empresario asumió el papel de fiduciario de los fideicomisos y era el rostro visible de la empresa. Para cada uno de los edificios denominados RAE, con designación numérica ascendente, se creaba un fideicomiso. De ahí se habrían transferido ingresos y propiedades a la SRL familiar.

El resto de los acusados tenían diferentes roles gerenciales: financiero, administrativo, de marketing, diseñador y firmante de los proyectos, etc.