Por Adolfo Ruiz
Violencia institucional en Córdoba: Todos miran para otro lado
Sigue el silencio en el Gobierno y el Poder Judicial de Córdoba luego de que este medio revelara que la provincia tiene los peores índices del país en cuanto a población sin condena firme en las cárceles. Otra muerte en una comisaría de La Falda volvió a poner en agenda la escasa formación de las fuerzas policiales y penitenciarias.
Policías que no saben dar en el blanco y no tienen estado físico. Ministros que permanecen en silencio durante meses y cuando hablan lanzan palabras amenazadoras. Un gobernador que se toma un año para recibir a la madre de una víctima emblemática que tiñó de terror la seguridad en Córdoba. Cárceles abarrotadas que no tienen dónde seguir amontonando presos. Personal exhausto e impotente ante el crecimiento de la cantidad de reclusos. Y un Poder Judicial que parece indiferente a los reclamos y ni siquiera responde la requisitoria periodística. Contra este oscuro panorama marcharon la semana pasada cientos de personas que reclamaron lisa y llanamente “la restitución de los derechos humanos en Córdoba”.
Los ejes de la protesta reflejan los datos que dio a conocer MI Córdoba en su edición del cuatro de julio último: el 62,5% de ciudadanos privados de la libertad en las cárceles de la provincia no tienen condena firme. La cifra ubica a Córdoba muy por encima del promedio nacional y de provincias similares como Santa Fe y Mendoza, o incluso de jurisdicciones con un complejo historial en la materia como la provincia de Buenos Aires.
La Provincia Ni-Ni
Córdoba parece una provincia Ni-Ni. Ni resuelve, ni da explicaciones. No lo hace su Poder Ejecutivo. No lo hace su Poder Judicial. "Sobre las prisiones preventivas no va a hablar el ministro, porque no tiene nada que acotar. Es un resorte del Poder Judicial", explicó a Mi Córdoba la responsable de prensa del Ministerio de Justicia que comanda Julián López.
El ministro recibió varios mensajes de este medio -tanto en formato audio como por escrito-, pero no contestó ninguno. En cambio, mandó a “corregir” los números publicados por este medio sobre la cantidad de personal del Servicio Penitenciario: "En cuanto a algunos números que leímos en la nota sobre los agentes penitenciarios te voy a pasar unos datos: actualmente el SPC cuenta con 3.800 empleados".
La cifra oficial no está en discusión. El problema es que engloba a la totalidad del personal y no a quienes efectivamente trabajan en las cárceles, que fueron tomados por este medio del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y se nutre de las cifras que envían los propios ministerios provinciales. Es decir que Julián López –en rigor, su vocera o agente de prensa- desmiente al propio Julián López.
Algo similar sucede en el Palacio de Justicia cordobés. “Nuestra Justicia se ha convertido en verticalista, mezclándose con el Ministerio Público, de modo tal que se rompe la paridad de armas, la objetividad de los fiscales y la imparcialidad de los jueces”, reclamó el abogado Jorge Cardozo, uno de los oradores en la marcha del miércoles que se realizó frente al Patio Olmos y se trasladó hasta la sede de Tribunales II. Desde su perspectiva, el rol de los abogados defensores en los procesos judiciales es “papel pintado” porque “son utilizados por nuestra Justicia para aparentar un Estado de Derecho que no existe”. Anunció que habrá nuevas marchas hasta que alguien se haga cargo del problema.
Protocolos
El día anterior a la marcha contra el abuso de las prisiones preventivas, los seis policías detenidos e imputados por el homicidio de Jonatan Romo (35) en La Falda fueron indagados por la Fiscalía de Cosquín. Uno de los puntos que llamó la atención en la estrategia defensiva fue que los acusados del crimen dijeron desconocer de la existencia de un “protocolo” para el manejo de personas bajo efecto de drogas. El argumento no es menor ya que apenas dos semanas antes la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate, había afirmado que en el operativo "se incumplieron los protocolos para el traslado de personas con temas de salud mental o bajo el efecto de estupefacientes".
En otras palabras, los acusados del crimen se defienden aduciendo que nadie les enseñó el supuesto protocolo. En el devenir del proceso se dirimirá (¿?) quién tiene razón, pero lo cierto es que el propio ex director de Recursos Humanos de la Policía, comisario Julio César Faría, admitió las serias carencias de la formación de los uniformados cordobeses.
Para el comisario retirado Miguel Robles, quien fuera titular de Delitos Complejos de Ministerio de Seguridad de la Nación luego de su paso por la propia Policía de Córdoba, admitió en diálogo con MI Córdoba que “inmediatamente que ocurren estos hechos la matriz cultural del policía es que están conminados a mentir y avalar una práctica asesina. Entonces para eso sí pareciera haber un protocolo implícito, que todo el mundo lo conoce y lo cumple”. El protocolo, en la práctica, lleva a los uniformados al encubrimiento de sus pares, como evidenciaron los últimos y resonantes casos de violencia institucional en la provincia.
Distinta vara
Denuncia del gremio policial
El 10 de junio se conoció la noticia a través de uno de los canales televisivos de la capital cordobesa: habían robado una camioneta Toyota Hilux de la playa de estacionamiento del Hipermercado Libertad de Rodríguez del Busto. La camioneta pertenecía a la Policía de Córdoba y en su interior había dos chalecos anti bala y una pistola reglamentaria. El vehículo pertenecía al Departamento de Capacitación Continua de la Policía y estaba a cargo del comisario inspector Carlos Hernández, oficial jefe de la institución.
Esos detalles motivaron una denuncia penal presentada por la UPPAC, el gremio policial, que también hizo una presentación ante el "nuevo" Tribunal de Control de Conducta de las Fuerzas de Seguridad. En la denuncia dieron los pormenores del caso y solicitaron que se investigue bajo qué circunstancias el comisario Hernández estaba utilizando el vehículo (si era para uso particular o estaba de servicio).
Desde la entidad gremial señalaron que al alto oficial al que le robaron la camioneta con el arma reglamentaria y dos chalecos fue puesto tres días "en pasiva" mientras se investigaba lo sucedido. "Esto contrasta con lo que sucede con los uniformados de rangos bajos, que por cuestiones menores pueden estar en pasiva meses o años y luego son pasados a tareas no operativas, con el consecuente daño en sus ingresos que ello conlleva. Lo que estamos pidiendo es que se aplique la misma vara para todos", sostuvieron.
Reclaman “Justicia ambiental"
Se plantaron frente a Tribunales
El jueves de la semana pasada, un grupo de ciudadanos nucleados en la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales decidió "plantarse" en la puerta del Palacio de Justicia de Córdoba hasta ser recibidos por algún representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para poder trasladarle una serie de reclamos en lo que consideran una clara vulneración de los derechos ambientales en la provincia. Junto a sus abogados, denunciaron la "situación crítica que se vive en la provincia de Córdoba frente al avance de la violencia institucional a través del amedrentamiento, persecución y criminalización de la protesta que sufren vecinos, vecinas y defensores ambientales". Mantuvieron una larga vigilia frente al viejo Palacio de Justicia para exigir: la habilitación de recursos de habeas corpus para defensores ambientales, comunidades indígenas, habitantes de los territorios y abogados de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas; una acordada del propio TSJ para acelerar las medidas cautelares ambientales y el efectivo cumplimiento de las ya resueltas; y el sobreseimiento de imputados por causas ambientales. Ante la amenaza cierta de que pasarían allí toda la noche, finalmente fueron recibidos por María Pueyrredón, secretaria de la Sala Penal del TSJ, quien dejó constancia por escrito de la recepción de sus reclamos y se comprometió a trasladarlos a los supremos cordobeses.