Provincialismo contra la ley de humedales

Hace dos semanas, la Legislatura de Córdoba declaró su preocupación por el tratamiento en el Congreso Nacional de una Ley de Humedales, que todavía no logró sortear el debate en Comisión ante el fuerte lobby en contra del sector agrario más concentrado. En la práctica, la insólita declaración del Poder Legislativo mediterráneo actúa como un rechazo anticipado al proyecto de ley que se debate en el Parlamento. Según los legisladores cordobeses, la futura ley de humedales “perjudica el desarrollo de los proyectos productivos de las provincias y atenta contra el sistema federal de gobierno”. La declaración contó con el apoyo del bloque oficialista y de los dos bloques en que está dividida la oposición de Juntos por el Cambio, es decir, casi la totalidad del cuerpo.

El proyecto de ley de Humedales establece “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales”. Traducido a cordobés implica una gestión diferente del gran humedal del Mar Chiquita, único en el país por su carácter salitroso, sus dimensiones y su biodiversidad.

La iniciativa de la declaración en contra de la futura Ley de Humedales fue de la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Unicameral, Nadia Fernández, una feroz crítica del movimiento ambiental cordobés, al que calificó el año pasado de “foquistas anti Estado, de dudosa representatividad”.

El debate alrededor de la futura Ley de Humedales tuvo un fuerte impulso a nivel nacional a raíz de los grandes incendios en Corrientes y en el delta del Paraná, que consumieron 900.000 hectáreas y pusieron en riesgo los Esteros de Iberá. MI Córdoba entrevistó al decano de los biólogos de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador superior ad honorem del Conicet, Enrique Bucher, que a sus 82 años es el mayor especialista del ecosistema del humedal de Mar Chiquita y está especializado en la conservación de la biodiversidad en la zona del Chaco Sudamericano.

- ¿Es necesaria una Ley de Humedales?

-Si. Los humedales argentinos, como en el resto del mundo, están desapareciendo muy rápido. El humedal representa bienes naturales, humanos, de conservación, turísticos, y se refieren al agua, que cada vez es más escasa. Estamos en tiempos donde aumenta la amenaza sobre los humedales, relacionadas con intervenciones que los secan para desarrollar agricultura y hacer obras “útiles”, que muchas veces resultan mal. En el caso de Mar Chiquita, el más destacado de Córdoba, el humedal está alimentado por el Río Dulce, que viene de Santiago del Estero y provee entre el 70 y el 80 por ciento del agua. El resto proviene del Río Suquía y el Xanaes. El problema, como sucede con los humedales del río Atuel en Mendoza -que motivó un juicio con La Pampa- es que las provincias que están río arriba retienen el agua que debe ir río abajo y eso repercute los humedales. Esto pasa también en Estados Unidos, donde el río Colorado ya casi no llega a México: hoy se puede cruzar caminando cuando antes era un río importante. Y en Medio Oriente, donde el Mar Muerto, que se alimenta del río Jordán, baja un metro por año. Es un fenómeno global.

- ¿Cómo interviene Santiago del Estero en el humedal?

- La política santiagueña respecto al río Dulce es incrementar las áreas de riego. No cumple con los acuerdos por los cuales debería consultar con Córdoba. Pero nuestra provincia no se preocupa por eso tampoco.Todo funciona mientras hay años de buena lluvia, pero cuando las precipitaciones son bajas, surgen los conflictos. Por otro lado, se puede decir que la agricultura es necesaria, pero su implementación en riego en Mar Chiquita no fue exitosa por las condiciones de salinidad de la tierra. Santiago del Estero tuvo bastantes fracasos en eso. Está claro que los humedales pueden utilizarse para otra cosa, como la industria del turismo u otro tipo de manejo ganadero.

Jurisdicciones

Sobre la creación del Parque Nacional de Ansenuza, Bucher explica que uno de los principales valores ambientales de Mar Chiquita es su gran biodiversidad, particularmente en aves, incluyendo especies carismáticas como flamencos y aves playeras, que migran todos los años desde el hemisferio norte. La laguna también aporta muchos beneficios para la región. Tiene un efecto amortiguador sobre el clima. Si la laguna se secara, el área se transformaría en un gran salar, lo que provocaría grandes variaciones de temperatura. Eso afectaría la producción agrícola y el bienestar humano. Pero además contribuye a mitigar el cambio climático. Mar Chiquita retiene una gran cantidad de carbono en sus sedimentos y absorbe los contaminantes transportados por los ríos tributarios.

Al tratarse de un humedal donde intervienen dos jurisdicciones provinciales, vale preguntarse si su ordenamiento exige que se establezca una ley nacional. Bucher entiende que sí: “Cuando se hizo el dique de Río Hondo en Santiago del Estero se hizo un acuerdo firmado entre las dos provincias, que se cumplió muy poco. Cuando los ríos son interprovinciales entra en juego la jurisdicción nacional, que debería integrar un comité con Córdoba y Santiago del Estero. Nada de eso existe”.

- Entonces una ley de humedales debe prever el control y manejo de afluentes.

- De los tres ríos: Dulce, Suquía y Xanaes. No sólo en cuanto a la cantidad de agua, sino a la calidad. El Río Suquía ha estado hasta ahora contaminando una barbaridad. Espero que con la nueva planta de tratamiento de Bajo Grande eso cambie. Desde el punto de vista del manejo del río, Córdoba estaba calificada como las peores ciudades africanas. Además, en los humedales no sólo hay que proteger los límites físicos, sino también los ritmos de agua. Más aún, el agua tiene que venir en forma de inundación periódica: el sistema de Mar Chiquita no funciona bien si no se inunda todos los años. De ahí viene el argumento que el sistema santiagueño evita las inundaciones y las poblaciones cercanas a la laguna no sufren sus consecuencias. Pero se trata de un sistema pulsátil, por lo tanto, si no se inunda no se transforma en pastizal sino en matorral salino, como existe en las Salinas Grandes.

- ¿Qué le parece que la Legislatura de Córdoba haya rechazado la ley de humedales con el argumento de que afecta el sistema federal de gobierno?

- La idea de que Córdoba puede gestionar sola este tema es de un “parroquianismo” ingenuo y negativo. El manejo de los recursos naturales es integral, no separado. El humedal salino de Mar Chiquita tiene un ecosistema único, que dentro de los lagos salados del mundo es riquísimo en especies. Es uno de los pocos tan diverso en este estado, porque el Mar Salado baja de nivel un metro al año. El mismo Lago Salado de EEUU, de donde parten los flamencos que vienen a nuestro humedal, tiene serios problemas. Si se resolviera el tema de la disponibilidad de agua con Santiago del Estero y se reglamentara bien, estaría libre de problemas.

- ¿Hasta qué punto la expansión de la frontera agropecuaria afectó el humedal de Córdoba? ¿Habría que limitar o regular la explotación comercial de la tierra?

- Casi la mitad del bosque chaqueño se fue desde los ´70 hasta ahora, hubo un cambio climático y aumentaron las lluvias en toda la región central argentina. El límite que marca dónde poder hacer agricultura, la línea de lluvias de 700 mm, se corrió 200 kilómetros hacia el oeste. De ahí que las tierras que no valían nada en Santiago del Estero, de golpe empezaron a valer y en poco tiempo las topadoras terminaron de forma dantesca con todo el bosque chaqueño que había ahí. Si la población sigue creciendo va a ser una razón justificada arrasar con todos los sistemas naturales para sembrar algo y después probablemente no se pueda sembrar más por el deterioro del sistema natural. Es un círculo vicioso. La humanidad está enfrentada a un dilema que no es fácil de resolver.

- ¿Hay un choque de concepciones entre la mirada ambientalista y la productivista?

- Obviamente, y la idea de poder armonizarlas es relativa hasta cierto punto. Hay que diseñarlo por cada región y situación. Lo lógico hubiera sido que toda la región del chaco de Córdoba, de Jesús María para el norte, se quedara con una proporción del 10 al 20 por ciento de área conservada. Eso se planteó siempre, pero la presión fue por lo contrario. Es una cuestión de planificación, y si no la hay y las presiones del momento son más fuertes que los riesgos estructurales, hay pocas chances. La discusión no debe ser semántica ni de posturas, sino práctica, sobre cómo encontrar un sistema eficiente. Por ejemplo, el Estado brasilero de Paraná tiene un reglamento por el cual ciertas áreas hay que preservarlas con un porcentaje de bosque, eso está en la escritura de la propiedad. Si después se vende, el comprador no puede fragmentar, queda para siempre así. Acá la ley de bosques no se cumple, tanto la nacional como la provincial. Compará la foto satelital de Córdoba de hace 20 años con la actual y es para llorar. Por eso una Ley de Humedales depende de cómo se implemente, porque la Argentina está llena de leyes que nunca se cumplen.

Por qué el rechazo provincial

El bloque de Juntos por el Cambio que conduce el radical Orlando Arduh apoyó la iniciativa oficial, poniendo reparos al proyecto de ley nacional. Si bien admite que la norma es importante, advierte que “debe darse dentro un debate amplio que incluya todos los sectores que afecta”.Y sostiene que “hay miles de hectáreas inundables en todo el territorio provincial que podrían considerarse humedales según la definición de humedal que adopte la Ley. Se debe estudiar bien cómo determinar la superficie, que depende de varios factores, porque esto sí puede afectar la veta productiva o la disminución de inversiones en las zonas protegidas. Muchas veces son ecosistemas fluctuantes y muy dependientes de las lluvias”.

Arduh afirma Córdoba es “netamente productiva” y apunta que “en los humedales se desarrollan muchas actividades productivas e intervenciones humanas, que pueden desarrollarse si se realizan adecuadamente. El ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir únicamente áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación”.

“Por el contrario -sostiene el legislador-, el ordenamiento se debería ver como el instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones antrópicas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente. Este punto es vital: hay que debatir y consensuar para lograr un equilibrio entre la preservación y la producción”.