La Justicia investiga un caso de estafa millonaria contra la obra social provincial Apross. Según las estimaciones, el fraude rondaría los cinco millones de pesos, informó Pablo De Francesca, secretario de la fiscalía de distrito 1 turno 6, en una entrevista con medios locales.
Los principales sospechosos en este caso son miembros de una banda que obtenía insulina mediante la utilización de documentación falsificada. La irregularidad fue detectada en una farmacia, lo que llevó a la intervención de la Policía, que realizó allanamientos el pasado viernes en domicilios ubicados en Barrio San Vicente, Barrio Jardín y en la localidad de San Antonio de Arredondo.
De Francesca informó que hasta el momento se han realizado cuatro detenciones relacionadas con el caso, pero no se descarta que haya más personas involucradas. Los detenidos están acusados de participar en "una maniobra delictiva que consistía en la confección de recetas con datos falsificados, incluyendo los sellos de médicos y sus firmas".
Además, se sospecha que estos individuos inscribían en la obra social a "personas que no tenían ninguna sintomatología de diabetes o que fueran insulinodependientes", según afirmó el secretario.
El perjuicio causado a la obra social Apross como resultado de esta práctica fraudulenta se estima en más de 4,8 millones de pesos, aunque De Francesca advirtió que este monto podría aumentar a medida que avance la investigación.
El fiscal a cargo de la causa es José Bringas, quien continuará recabando pruebas y testimonios para esclarecer este caso de estafa millonaria que afectó a la obra social provincial. Se espera que en los próximos días se puedan obtener más detalles sobre el desarrollo de la investigación y posibles avances en la identificación de otros involucrados.
La estafa millonaria a Apross pone en evidencia la importancia de implementar mecanismos de control y seguridad en las instituciones encargadas de brindar servicios de salud. Este tipo de fraudes no solo afecta a las finanzas de la obra social, sino que también perjudica a los afiliados y pone en riesgo la calidad y disponibilidad de los tratamientos médicos necesarios para quienes dependen de ella.