Córdoba encabeza el ranking de inocentes detenidos

El festival cordobés de las prisiones preventivas.

Hay 11.537 personas detenidas en las cárceles de la provincia, según lo consignado en planillas oficiales. De ese total –que duplica la cantidad de presos que había una década atrás- solamente 4.326 tienen condena. El resto cumple prisiones preventivas que suelen extenderse por años, hasta que termina el proceso. Cuando eso sucede, los detenidos optan por el sistema de “juicio abreviado” para recuperar su libertad, porque para entonces ya han cumplido la pena prevista. Se trata de un perverso mecanismo que genera superpoblación en un sistema carcelario que está colapsado.

Por Adolfo Ruiz / @adolruiz

Es la peor de todas. Y por lejos. Córdoba encabeza con absoluta comodidad el ranking de las provincias con mayor cantidad de personas inocentes encarceladas. Sus cifras son brutales.

Según lo consignado por una planilla de datos oficiales a la que tuvo acceso exclusivo este medio, el 15 de junio último la provincia tenía tras las rejas a un total de 11.537 personas en sus diferentes establecimientos penitenciarios. La cifra casi duplica el número registrado hace poco más de una década: en 2010 había 5.862 personas privadas de su libertad.Pero hay otro dato todavía más inquietante: de la insólita cantidad de personas tras las rejasque hay en las distintas cárceles cordobesas, sólo 4.326 tienen condena.

En otras palabras, apenas el 37 por ciento de quienes fueron privados de su libertad en la provincia que cuenta con la más antigua Facultad de Derecho del país han sido declarados culpables de manera definitiva. Sobre el otro 62,5% rige todavía la presunción de inocencia... ¡pero están presos!

A nivel nacional la proporción de presos con condena firme es del 54,8%, más de 17 puntos porcentuales por encima de Córdoba, según datos oficiales de 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación.

La cifra de detenciones en Córdoba empeora cuando se analiza la población femenina privada de la libertad: de un total de 564 mujeres presas, sólo 181 tienen condena. Es decir que en la provincia el 67,9% de las mujeres encarceladas–casi siete de cada diez- se presumen inocentes.

Marche preso

Dieciocho meses lleva preso uno de los cordobeses acusados por estafas con la criptomoneda OneCoin. Fue la primera causa de estafas piramidales vinculadas con criptoactivos que fue llevada a la Justicia.Durante 33 años esta persona ejerció la profesión de comerciante. Como le interesaban las criptomonedas, cuando oyó hablar de OneCoin se entusiasmó y decidió invertir. "Quería darle una rentabilidad a mi negocio, entonces accedí a vender mis productos y recibir OneCoin como pago", contó en diálogo telefónico con MI Córdoba. Confió, puso su dinero, aceptó comerciar, esponsorizó encuentros. Hasta que el entramado se derrumbó.

Los responsables a nivel internacional nunca fueron capturados, ni siquiera requeridos por la Justicia de Córdoba. Pero el grupo que movilizó la operación en Argentina y los entusiastas (y quizás algo más) que los siguieron están por cumplir dos años presos.

"Yo entiendo que se tiene que investigar y dilucidar todo esto. Yo he sido una víctima más, pero sé que la Justicia no tiene por qué creerme. Por eso no me parece mal que me investiguen, que nos revisen de arriba abajo, y que si determinan que hubo algo ilegal se actúe", agrega desde el Módulo MD1 de Bouwer."Lo que no acepto –advierte- es que se nos tenga con una preventiva de esta naturaleza. Yo jamás he tenido problemas con nadie, no tengo antecedentes, no me intenté profugar. Tengo familia, un negocio. No puedo creer que tenga que estar pasando por una cosa como ésta".

Mecanismo perverso

"El problema radica en que los fiscales disponen abusivamente de esto porque el sistema se los permite", explica el abogado Pablo Olmos, quien advierte que siempre "se tiene por principales víctimas a los acusados por delitos con penas bajas".

El mecanismo es perverso. Por un lado se prolongan las prisiones preventivas a plazos insólitos, como dos o tres años, que es lo que a veces demora la instrucción y elevación a juicio. Y cuando por fin se llega a esa instancia "lo que hacen es ofrecer un juicio abreviado, que el imputado reconozca la culpabilidad y salga en libertad porque ya tiene cumplido el monto de la pena", señala el letrado.

El problema es que el mecanismo funciona igual tanto para culpables como inocentes. "Si levantan la mano y aceptan la acusación, salen en libertad. Si no lo hacen, se arriesgan a una condena que los puede dejar varios años más adentro", grafica Olmos.Y advierte: “Los acusados que decidieran llegar a juicio en estas circunstancias tienen baja chance de que la Justicia los declare inocentes, porque en ese caso el Estado debería hacerse cargo por el tiempo que estuvieron presos".

Esta situación se repite en varias causas, muchas de ellas radicadas en la Fiscalía de Delitos Económicos que conduce Enrique Gavier. Como se trata mayormente de delitos con condenas leves, encajan a la perfección en el juego perverso de padecer prisiones preventivas largas a cambio de la oferta de condenas bajas, que se dan por cumplidas.

Oídos sordos

"La Justicia local está completamente ajena a los cuestionamientos que se le puedan hacer, por más que estemos en presencia de una inmoralidad y de un acto de crueldad con lo que se está haciendo con las preventivas". La definición pertenece al penalista Carlos Hairabedián, un solitario y calificado predicador contra del abuso de la prisión preventiva, que no duda en señalar a Córdoba como "la provincia más judicialmente represiva del país".

Los números avalan sus afirmaciones. Además las consecuencias personales que padecen las personas que podrían esperar en libertad la resolución de sus causas, el exceso de presos sin condena termina degradando y desnaturalizando al sistema carcelario mismo.

Un ejercicio matemático básico indica que si en los últimos 12 años se duplicó la población carcelariaen Córdoba, en el mismo período se deberían haber duplicado también los establecimientos carcelarios. No estaría sucediendo: la última cárcel construida en la provincia fue la de Cruz del Eje, en 2006. Desde entonces se ha duplicado o triplicado artificialmente la capacidad original de las distintas cárceles. Donde había celdas individuales el Servicio Penitenciario de Córdoba determinó que entraran tres personas; donde había talleres de oficios ahora hay filas de cuchetas; donde había una salita de reunión de los presos con sus abogados ahora hay celdas.

Los números oficiales de hacinamiento en las cárceles de Córdoba son alarmantes. Y lo peor es que están “legalizados”.

Colapsados

Lo que tampoco se duplicó en Córdoba fue la cantidad de personal en los establecimientos penitenciarios. No sólo el personal operativo y de seguridad, sino también el personal técnico como docentes, maestros de oficios, psicólogos, trabajadores sociales, personal de salud y un largo y penoso etcétera."Es la misma cantidad de personal que se tenía en 2009", dice Raúl Romero, penitenciario retirado,que ocupó hasta ese año la segunda butaca más importante de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Las consecuencias de esta doble variable (población penal que se duplica y personal a cargo que permanece estable) repercute directamente en el tratamiento penitenciario y cuestiona la razón por la cual se lleva gente a las cárceles: para que se recuperen y se reinserten en la sociedad, según prescribe la Constitución Nacional.

Esas consecuencias son fácilmente cuantificables cuando se comparan las estadísticas de Córdoba con las de cualquier otra provincia o incluso con la media nacional. La referencia clave proviene del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, conocido como SNEEP. Se trata de un informe estadísticos que todos los años publica el Ministerio de Justicia de la Nación y brinda una radiografía detallada de la situación penitenciaria en todo el país, con los desagregados por provincia.Su gran falenciaes que se publica con cierta demora y los últimos datos oficiales disponibles corresponden a 2020.

Según el SNEEP 2020, sólo el 11,1% de los presos del país habían participado de algún programa de capacitación laboral. Una cifra vergonzosa, que en Córdoba es mucho peor: alcanza sólo al 5,7% de los presos, o sea, la mitad de la media nacional. En números concretos: de los 9.691 presos registrados ese año (recordemos que ahora son 11.537), sólo 556 había recibido alguna capacitación laboral.

En materia de educación -uno de los ejes sobre los cuales se plantea el tratamiento penitenciario-, sólo el 42% de los presos del país había participado de algún programa. En Córdoba la cifra apenas llegaba el 38%.

Otro de los ejes de reinserción social es el trabajo. La ley prevé que los internos puedan trabajar, ya sea de fajina para el propio establecimiento, en talleres o para terceros. Mientras que el promedio nacional indica que el 38% de los internos cuentan con algún trabajo remunerado, Córdoba es la provincia que tira la cifra para más para abajo, con el 31%.

El último aspecto en el que las cárceles cordobesas están por debajo del promedio nacional es en la realización de actividades deportivas: mientras el promedio nacional es del 60,3%, en Córdoba ese porcentaje cae al 22,9%. Casi un tercio menos que en el resto del país.

Las cifras reflejanel deterioro que se vive en las cárceles cordobesas, donde mucho tiene que ver el hacinamiento causado por el afán de los fiscales y jueces en firmar prisiones preventivas como si fueran la regla y no la excepción, promoviendo un “festival de preventivas” que, a esta altura, podría convertirse en una nueva marca de identidad de los cordobeses.

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