Aval del Fiscal General al festival de prisiones preventivas en Córdoba

"Es política criminal la utilización de herramientas procesales para concluir las causas", asegura Juan Manuel Delgado en respuesta a un cuestionario enviado por MI Córdoba, que publicó que tres de cada diez detenidos en la provincia no tienen condena firme. El funcionario también avala la controvertida actuación del fiscal Julio Rivero, que pidió la absolución de Marcelo Macarrón en el juicio por el crimen de Nora Dalmasso: "La investigación penal preparatoria debe continuar y no corresponde hacer valoraciones", asegura.

Por Hernán Vaca Narvaja

Tras un mes de gestiones para obtener una respuesta institucional sobre la situación actual del Ministerio Público Fiscal en Córdoba, el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, respondió escuetamente a un largo cuestionario enviado por MI Córdoba ante su negativa de conceder una entrevista personal. Sus respuestas son tan breves como contundentes: no le preocupa el festival de prisiones preventivas que rige en la provincia, avala la actuación de los fiscales de instrucción que aprovechan esta situación para pedir juicios abreviados y nada tiene que objetar al funcionamiento actual del Poder Judicial.

Sobre el festival de prisiones preventivas -en Córdoba, como publicó este medio, tres de cada diez presos no tienen condena firme-, se limitó a responder que “es política criminal la utilización de herramientas procesales para concluir las causas”, lo que supone también su aval a la proliferación de los denominados “juicios abreviados”, que evitan los tradicionales debates orales a cambio de que los acusados acepten su culpa y las partes negocien una condena más benigna.

Como publicó MI Córdoba en su edición del 27 de junio último, de los casi doce mil detenidos que hay en las cárceles de la provincia, sólo el 37 por ciento tiene condena. El resto cumple prisiones preventivas que se extienden indefinidamente, hasta que los presos optan por proponer y/o aceptar un juicio abreviado, ya que en función del tiempo que llevan privados de su libertad en la mayoría de los casos, al disminuir sus condenas, salen en libertad. Este mecanismo, producto de la naturalización de una medida que debería ser excepcional como es la prisión preventiva, hace que muchos presos prefieran declararse culpables para recuperar su libertad y no seguir esperando en prisión un debate oral y público que nunca llega.

La situación no es nueva y los legisladores se hicieron eco de la problemática hace un lustro, cuando aprobaron una modificación del Código Procesal Penal que permitía a los jueces de control, en un proceso oral, tomar la decisión final sobre las prisiones preventivas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mantiene suspendida la aplicación de la ley porque adujo necesitar tiempo para capacitar a los magistrados en esta nueva modalidad. “La reforma no se podrá aplicar hasta tanto concluya la capacitación de jueces, fiscales y asesores en litigación oral, se comprometan organizacionales para facilitar la gestión y los de infraestructura que sean adecuados para que puedan implementarse adecuadamente las audiencias orales”. El generoso plazo que se tomó la cabeza del Poder Judicial de Córdoba para aggiornarse al nuevo sistema ya cumplió cinco años.

Macarrón

En el cuestionario enviado al fiscal general de la Provincia también se señalaba el contraste entre esta tendencia de imponer la prisión preventiva a los imputados y la situación del viudo Marcelo Macarrón, que a pesar de haber estado acusado de uno de los delitos más graves contemplados en el Código Penal -homicidio agravado por el vínculo, por promesa o precio remuneratorio- , esperó el juicio en libertad y durante todo el proceso estacionó su camioneta en la playa de uso exclusivo de los magistrados y funcionarios de los tribunales de Río Cuarto. “Cada fiscal tiene la potestad de solicitar medidas de coerción personal, existiendo un control jurisdiccional sobre los mismos”, es la escueta explicación del fiscal Delgado.

También se le pidió al Fiscal General su opinión sobre la controvertida actuación del fiscal de Cámara Julio Rivero, que no mantuvo la acusación con que la causa llegó a juicio y tampoco la cambió; que dejó fuera del debate a testigos considerados claves como la amante del imputado, Alicia Cid, el jefe de la Unidad Regional de Río Cuarto, Sergio Comugnaro, o el comisario Rafael Sosa, que inculpó y detuvo al “perejil” Gastón Zárate para cerrar el caso. En definitiva, que actuó en todo momento en forma coordinada con el abogado defensor y dejó al jurado popular sin posibilidad de pronunciarse al solicitar él mismo la absolución de Macarrón.

“Conforme a los fundamentos establecidos en la sentencia dictada por el Tribunal con fecha 5 de agosto de 2022, la investigación penal preparatoria deberá continuar. Por lo tanto, no concluye de manera definitiva dicha investigación y no corresponde hacer valoraciones, tal como es la política de la Fiscalía General”, afirma Delgado en la respuesta más extensa a las 14 preguntas del cuestionario que le envió este medio.

De esta manera, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de Córdoba avala el festival de prisiones preventivas, la proliferación de juicios abreviados, la controvertida actuación del fiscal del juicio a Macarrón y la continuidad en la instrucción de causas prescriptas.

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