En cambio, el Tribunal Superior de Justicia y el Colegio de Abogados prefirieron refugiarse en el silencio. Crece la distorsión de presos por empleado. Qué podrían hacer las autoridades provinciales para resolver la situación.
Silencio del TSJ ante el festival de prisiones preventivas
Los jueces se desmarcan. Fue nota de tapa en el último semanario de Marca Informativa Córdoba: la Provincia lidera el ranking nacional de presos sin condena. Sin embargo, de los organismos consultados, sólo la Asociación de Magistrados contestó que no les corresponde emitir opinión sobre el trabajo de jueces y fiscales.
04 de julio de 2022 - 08:27
Por Adolfo Ruiz
"No comments". Se sabe que es mejor el silencio cuando no se tiene mucho por agregar a lo publicado. Así eligió contestar el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) cuando fue consultado por Marca Informativa Córdoba sobre el récord de prisiones preventivas que se da en la provincia, situándola al tope entre todos los distritos del país.
"No estarán disponibles en los próximos días" fue la insólita contestación del máximo órgano del Poder Judicial de la provincia, que ha demorado más de cinco años la aplicación de una reforma en el Código Procesal Penal de la Provincia oportunamente sancionado por la Legislatura. Si esa reforma estuviera vigente, las prisiones preventivas serían resueltas por los jueces de control, en una audiencia oral, luego de escuchar cara a cara al detenido y a sus defensores. Pero para el TSJ esa medida no se puede implementar porque "hace falta capacitar a los fiscales y los jueces". Hace falta hace más de cinco años. Mientras tanto, las decisiones sobre las prisiones preventivas siguen siendo potestad exclusiva de los fiscales.
Con 11.537 presos en las cárceles de la provincia (datos de planillas oficiales al 15 de junio de este año) y con una proporción de sólo 37,5% de presos con condena efectiva contra un abrumador 62,5% de procesados, Córdoba se encuentra varios puntos por encima del promedio nacional y su Justicia se proyecta como la más represiva del país. Por las dudas, marche preso.
Quienes tampoco contestaron a las reiteradas consultas de este medio fueron las autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba. Su presidente, Ignacio Segura, tiene en su teléfono celular varios mensajes escritos y audios pidiendo la opinión de ese organismo. Pero no hubo respuestas, lo que implica que tal vez para los profesionales de la matrícula, o al menos para sus representantes, no hay mayor inconveniente con las cifras que fueron publicadas por este medio. ¿Se pueden desentender los abogados del festival de prisiones preventivas que hay en la provincia? ¿No afecta esta situación a sus clientes?
¿Yo señor? No señor
Quienes sí contestaron fueron los miembros de la junta ejecutiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba. Sus miembros son los que en definitiva firman y ejecutan las decisiones que provocaron la explosión demográfica en las cárceles y el verdadero festival de prisiones preventivas, insólito y sin parangón en comparación con el resto de las provincias. Fue la camarista Silvana Chiapero, presidenta de la Asociación, quien contestó luego de trasladar la consulta al órgano directivo de esa entidad, que por unanimidad emitió otroinsólito comunicado: pese a lo escandaloso de los números –no desmentidos por ninguna autoridad provincial- para los magistrados cordobeses "no corresponde emitir opinión respecto de la labor de fiscales y jueces en ejercicio de sus respectivas funciones y competencias, quienes gozan de autonomía para resolver -en cada caso en particular- conforme la legislación procesal vigente".
Los magistrados cordobeses consideran que "ante eventuales errores, las normas que deben aplicar también tienen previstos adecuados controles, otorgando a quienes se vean afectados amplias posibilidades de reexamen por otros tribunales". Y se desligan de la situación de las prisiones, al señalar que "la infraestructura carcelaria es una cuestión que escapa estrictamente al ámbito de sus decisiones, pues jueces y fiscales deben aplicar el mandato de la ley, que en materia de restricción o privación de la libertad de los sometidos a proceso se ciñe a la peligrosidad que puedan representar durante la tramitación de sus causas".
Ojalá en Qatar Lionel Messi logre desmarcarse con tanta habilidad como lo hacen los magistrados cordobeses. Las 5.862 personas sobre las que hoy rige la presunción de inocenciay están presas tendrán que mirar a su ídolo –si los dejan- tras las rejas, pagando con la privación de su libertad los platos rotos de la burocracia judicial cordobesa.
Se duplicó la cantidad de presos por empleado
Las 11.537 personas privadas de la libertad en Córdoba se hallan distribuidas en el complejo de Bouwer, el Correccional de Mujeres, el Complejo Penitenciario de Cruz del Eje, las cárceles de Villa María, Río Cuarto, San Francisco y Villa Dolores. A ello se suman los detenidos en la cárcel semiabierta de Montecristo, en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA, ubicada en la ciudad de Córdoba), y resta también un grupo de internos alojados en uno de los pabellones del Complejo Esperanza.
Del cuidado, vigilancia, tratamiento, educación, capacitación profesional, traslado y otra serie de funciones de ese número total de personas, inédito en la historia carcelaria, se tiene que hacer cargo una escuálida dotación de 2.122 empleados. Esa cifra es la última informada por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), e implica que hay un penitenciario por cada 5,43 internos.
¿Es mucho? ¿Es poco? Para tener una idea con la cual comparar es bueno remitirse a las cifras de 2009, cuando las cárceles cordobesas alojaban a la mitad del actual número de internos (con la misma cantidad de cárceles). En ese momento eran 2.321 empleados penitenciarios para un total 5.622 presos.
No, no es un error de tipeo. Había la mitad de presos y los penitenciarios eran más que en la actualidad. La tasa de presos por interno daba 2,4.
"Para que te des una idea. En el año ´93 cumplíamos la guardia interna y externa en la cárcel de Villa María con 23 efectivos, encargados de cuidar a 245 presos", relata un penitenciario retirado de larga carrera en esa fuerza. "Hoy en la misma cárcel tenés casi 1.200 presos y la guardia se cumple con 33 empleados", completa. Con esas cifras, la proporción pasó de 1 cada 10 (en el año 93) a 1 cada 36 (en la actualidad).
Según reseña la misma fuente, el ingreso de personal tuvo un saldo favorable importante durante la primera gestión de Luis Angulo a cargo del Ministerio de Justicia, en la primera gobernación de Schiaretti, entre 2007 y 2011. "Después de eso casi que no ingresó nadie más. Sólo a la Escuela de Suboficiales. Y en los años que siguieron hubo más bajas que ingresos", detalla la misma fuente, que lamentablemente -como sucede con todas las fuentes penitenciarias dispuestas a hacer señalamientos sobre el sistema- pide reserva de su identidad por miedo a represalias.
También es muy precaria la situación de los civiles que trabajan dentro de las cárceles, entre los cuales se incluyen médicos, enfermeros, fisioterapeutas, educadores, etc. Un número importante de ellos ni siquiera pertenece al SPC, sino que trabajan como monotributistas, con salarios muy por debajo del mercado y con pagos tardíos. "Eso hace que la gente se les vaya, que les dure muy poco. Y así se va resintiendo el servicio en todas las cárceles", cierra la misma fuente.