Por Roy Rodríguez
¿Es posible la sostenibilidad?
El acuerdo con el Fondo Monetario implica ajustes en las economías provinciales y aumento de la conflictividad. La guerra Rusia – Ucrania agrega incertidumbre a futuro.
El texto que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso para convertir en ley el Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional, y que parte del oficialismo y de la oposición pactaron aprobar sin discutir detalles, repite más de 70 veces la palabra sostenibilidad. ¿Qué tan sostenibles son las políticas macroeconómicas propuestas en un contexto incertidumbre donde la política interna, la guerra entre Ucrania y Rusia, el aumento de las commodities, pero, sobre todo, las zonas grises del compromiso amenazan con tensionar aún más las relaciones políticas detrás de objetivos que deberían volver a rediscutirse a más tardar en 2026?
“Cuando se habla de sostenibilidad, se habla de ajuste. Pero la sostenibilidad, que quiere decir mantener el equilibrio macroeconómico en el mediano y en el largo plazo, depende de un montón de variables muy difíciles de prever”, afirma José María Rinaldi, profesor de la UNC e integrante del Grupo Fénix. Para Oscar Cetrángolo, profesor de Finanzas Públicas de la UBA, la sostenibilidad es más “un tema contable que otra cosa. Hacer que las cuentas sean sostenibles en el mediano plazo para que el sector público tenga equilibrio. Y a partir de este equilibrio poder reparar la deuda que significa haber gastado más de lo que se recaudó en el pasado”.
El acuerdo prevé una reducción del déficit fiscal a 2,5% para este año y llevarlo a un 0,9 % en 2024. No hay referencias a los déficits provinciales. Tampoco, según Cetrángolo, habla de ajustes en las provincias. De todas formas, tres pilares afectarían directamente los presupuestos: la “modernización, simplificación y coordinación” del sistema tributario -que incluye un revalúo sobre los inmuebles con el que se espera recaudar hasta un 0,2% del PBI en los próximos años-, la reducción y limitación del “endeudamiento en moneda extranjera” y la reducción de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias y municipios.
Los ATN fueron en los últimos años una herramienta eficaz para trazar una línea divisoria entre propios y extraños. En el caso de Córdoba, según el Análisis del Presupuesto de 2020, la Nación transfirió en forma directa el 7 % del total de ingresos: 10.000 millones de pesos desde el ANSES destinados a la Caja de Jubilaciones y 5.394 millones en ATN para atender la situación de la pandemia. No hay referencias a ATN en los presupuestos 2021 y 2022. Es una señal. A fines del año pasado los diputados de Hacemos por Córdoba negaron su voto al Presupuesto Nacional. Sin embargo, dieron su aval al acuerdo con el FMI.
“La idea de sostenibilidad tiene que ver con cerrar el factor de distorsión de la economía que era la brecha externa”, dice Horacio Cao, subdirector del Centro de Investigaciones en Administración Pública de la UBA. Clausurado ese frente, “Argentina no va a necesitar tantas divisas hasta el 2026. Inclusive nos van a devolver dinero, si hacemos las cosas bien. Lo cual va a dar una pax cambiaria que es buena para Córdoba”, completa Rinaldi.
Sostener provincias
La idea de sostenibilidad se transfiere entonces a las finanzas provinciales. “Es posible prever que muchas provincias van a tener situaciones complicadas. Va a haber un endurecimiento de la situación fiscal” y eso complicará las finanzas de las economías más débiles, afirma Cao. Algunos Estados provinciales como Córdoba eligieron endeudarse en dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. Según Cao era una política propiciada por el gobierno nacional: “Ante un problema puntual, ellos decían: nuestro programa de gobierno no contempla transferencias, endéudense”.
La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004 prevé limitaciones a ese endeudamiento. Dice en su artículo 18 bis que las decisiones en política económica y tributaria no deben comprometer “la sostenibilidad de las finanzas públicas”. “Esto no es algo que llega con el Acuerdo”, aclara Centrángolo. Tradicionalmente la lógica de los acuerdos con el FMI tiende a ajustar el gasto en las jurisdicciones inferiores. Para Rinaldi, “el principio es que el gasto lo ejecutan las provincias y municipios. Ahí apuntan”. Esta idea amenazaría la sostenibilidad social puesto que, en función de objetivos macroeconómicos, se deja de lado el impacto en el ciudadano común, más allá de los planes sociales.
La sostenibilidad social asoma precaria con casi la mitad de los argentinos en situación de pobreza, en momentos donde el aumento de las commodities por la guerra Ucrania – Rusia, complica el panorama. Argentina deberá afrontar gastos imprevistos sólo para la compra de GNL, al tiempo que debe reducir los subsidios a los servicios públicos.
Así, la suba a las retenciones en las exportaciones de granos traería dos soluciones: más ingresos fiscales y reducir el impacto en la canasta básica. Sin embargo, según Cao, “esto va a generar enormes problemas por la belicosidad de la sociedad y, sobre todo, por la gimnasia que tiene un actor como el campo”. En la otra punta el acuerdo afectaría la inserción geopolítica internacional. “No me preocupa la letra chica, sino lo que no está escrito”, dice Rinaldi. “Volver a la órbita del FMI condiciona”, completa Cao. Es que una revisión de cuentas cada tres meses pondrá presión en las decisiones comerciales, políticas y económicas. Queda una coincidencia: el 2026 es un horizonte de renegociación. Para entonces “o nos va muy bien con los granos o estamos jugando otra vez al truco con el Fondo”, dice Rinaldi. Agrega Cetrángolo: “Es difícil cumplir el programa. Con la guerra, aún más. Y quizás la guerra nos de argumentos para explicar por qué no pudimos cumplir”.
Córdoba, la deuda y los ATN
“Los ATN no son un componente importante para Córdoba. Nunca lo fueron. Más bien son transferencias especiales que llegan a la Provincia por decisiones discrecionales que toma el Ministerio del Interior. Todo lo que manden viene bien. Pero no es algo que esté programado para percibir y que sí o sí se necesite para ejecutar el presupuesto”. La afirmación es del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, ante el requerimiento de Marca Informativa Córdoba sobre cómo podrían afectar las limitaciones de los Aportes del Tesoro Nacional a la economía cordobesa. La pregunta incluía su opinión acerca del impacto de las limitaciones al endeudamiento provincial dispuestas en el acuerdo con el FMI. El ministro omitió contestarla. Córdoba tenía en diciembre de 2021 una deuda de 264.000 millones de pesos. El 95 % de esas obligaciones son en moneda extranjera, unos 1.700 millones de dólares. Según un informe provisorio del Ministerio de Finanzas publicado en diciembre último, esas deudas incluyen compromisos con entidades financieras privadas como el Deutsche Bank, el BBVA y el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe. Y se proyectan pagos para 2022 de unos 360 millones de dólares en concepto de intereses y amortizaciones. Según la Provincia, la deuda total equivale a unos cinco meses de presupuesto.