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¿Retenciones o impuesto a las ganancias? La disyuntiva del modelo agropecuario

Un nuevo cambio en la alícuota de las retenciones abrió otro frente de conflicto entre parte de la dirigencia agropecuaria y el gobierno nacional. La búsqueda de más recursos oculta una discusión profunda sobre las implicancias sociales y económicas del modelo productivo en el largo plazo. La alternativa de las "retenciones ambientales".

Por Roy Rodríguez

Desde finales del siglo pasado, el pago de derechos a la exportación de granos asoma como uno de los pocos puntos de conflicto entre los diferentes proyectos políticos, los gobiernos nacionales y provinciales y el campo, dentro de un modelo agroproductivo basado en la aplicación intensiva de capital y agrotóxicos. La situación volvió al tapete en las últimas semanas tras el aumento de las commodities debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, grandes productores globales de alimentos, y amenaza con recrudecer un conflicto sectorial tras el anuncio del gobierno de subir los gravámenes a la harina y el aceite de soja.

En un contexto de inflación elevada, el gobierno intentó minimizar el impacto de la suba del trigo elevando las retenciones a dos derivados industrializados de la soja. Por decreto de necesidad y urgencia, la harina y el aceite pasaron del 31 al 33 %. Se creó el Fideicomiso de Estabilización del Trigo Argentino. El incremento de la recaudación serviría para subsidiar el precio de la bolsa de harina. También se habló -y se negó- una suba en las retenciones a los granos.

“Nosotros consideramos que las retenciones son un impuesto ilegítimo y que no están vigentes desde el momento en que no se aprobó la Ley de Presupuesto”, dice Pablo Eladio Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, entidad que realizó una presentación ante el Juez Federal Ricardo Bustos Fierro. También impulsó la presentación colectiva de cartas documento de los productores a los acopiadores. Reclaman la liquidación de retenciones de los granos entregados.

Historia y suelo

Tres días después de asumir su mandato, Mauricio Macri anunció la eliminación de los derechos a la exportación al trigo, maíz, girasol y la carne. Sin embargo, en agosto de 2018, la soja pagaba un 26% y en los meses finales de su mandato volvió a subirlas al 30 % y repuso un gravamen del 12% para el trigo, maíz y girasol. En enero de 2021, las retenciones a la soja llegaron al 33 %.

El precio actual de la soja en el mercado internacional ronda los 600 dólares. Un valor similar al que tenía en 2008, cuando las retenciones móviles previstas en la Resolución 125 hicieron estallar el conflicto con el campo. El piso de retenciones previstas era del 45 %. El cambio en los gravámenes se intentó realizar en el momento de la cosecha.

“Creo que esta decisión no es buena. Primero porque hay que tener previsibilidad en el sistema agropecuario. No se puede impulsar una producción y, en el momento en que se está por cosechar, cambiar las reglas y el precio. Porque el resultado será que el año que viene habrá menos siembra”, opina Walter Pengue, ingeniero agrónomo, subdirector del Grupo del Grupo de Agroecología del Paisaje y Medioambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires.

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Walter Pengue, ingeniero agrónomo, subdirector del Grupo del Grupo de Agroecología del Paisaje y Medioambiente (GEPAMA)  de la Universidad de Buenos Aires.

Walter Pengue, ingeniero agrónomo, subdirector del Grupo del Grupo de Agroecología del Paisaje y Medioambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires.

“Es necesario rever si Argentina va a seguir promocionando la exportación de granos como su única fuente de ingresos o, de una vez por todas, se va a dedicar a hacer una economía un poquito más equilibrada”, comenta Carlos Reboratti, ex investigador del Conicet y especialista en geografía agropecuaria.

Puede leerse en la opinión de los científicos consultados que el modelo agroproductivo oculta externalidades negativas (entendidas como consecuencias socioeconómicas) que son trasladadas a toda la sociedad. Basado en el uso intensivo de capital, agrotóxicos y semillas transgénicas, una de las primeras consecuencias fue la salida de la actividad de pequeños productores. Además el desmonte, la pérdida de diversidad biológica y las consecuencias para la salud se suman a un rojo que de sumarse a los costos cambiaría el resultado de la ecuación, al punto de convertir al país en un mero “exportador de nutrientes”.

“Si vos le dejás al agro los 200 mil millones de dólares que le sacaron desde el 2000 invertiría en fertilizantes y produciría 200 millones de toneladas en vez de 130. Porque con reglas claras toda esa plata iría a mejoras, a crecimiento, a desarrollo y a fertilización para reponer los nutrientes que hoy tenemos que sacar porque no nos da el margen”, aduce Pablo Martínez.

Sin embargo, el suelo no parece ser un factor determinante para los grandes actores del modelo como los pooles de siembra. Mediante el arrendamiento de campos, los 95 mayores grupos de siembra totalizan, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, tres millones de hectáreas, un 10% de la superficie total implantada. Y solo los primeros 15 tienen 1,6 millones de hectáreas. Anclados al capital financiero internacional, el impacto social en el interior es visible: según la especialista Norma Giarraca, hacen falta apenas dos trabajadores para producir 1.000 hectáreas de soja por año.

En este marco, Pengue propone unas “retenciones ambientales” capaces de inducir a mejores usos del suelo y en defensa de los productores más pequeños. “Hay intangibles ambientales que empiezan a leerse. Creo que el concepto de retenciones ambientales está más que vigente. Y es justamente eso: un impuesto que busque resarcir un daño ambiental y ayude a reorientar el sistema productivo. El productor ve cómo se le achica el campo en los alambrados, año tras año”, dice. Para el especialista, el Estado debería inducir a la rotación de cultivos a través de cargas impositivas diferenciadas.

En tanto, Reboratti ve una alternativa a los derechos de exportación en el diseño de un impuesto a las ganancias “razonable”, aunque sostiene que su aplicación no sería simple. Detrás espera otra discusión: ¿Cuál sería la posición de los gobernadores ante un eventual aumento de las retenciones si éstas fueran un impuesto coparticipable?

Coparticipación y caja

“Nosotros no queremos que las retenciones sean un recurso coparticipable. Porque si eso pasa vamos a tener un problema mayor, ya que perderíamos el apoyo de algunas provincias como Córdoba”. La afirmación de Pablo Eladio Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, echa luz sobre la perdurabilidad de algunas posiciones políticas. Es que los derechos a la exportación de granos reducen además la recaudación del impuesto a las ganancias en las provincias. Y la mirada parece quedarse sólo en la caja. ”Es necesario que las provincias comprendan que ellos están rifando la caja de ahorros natural de su propio Estado. Que esa caja de ahorros se agota. Es como si sacaras dinero de buena calidad y pusieras papelitos. Con el suelo pasa lo mismo. No se vuelven a recuperar los nutrientes que tenías, y eso en el largo plazo nos afecta a todos”, dice Walter Pengue, autor del libro El vaciamiento de las pampas. La exportación de nutrientes y el final del granero del mundo.

Mientras tanto, desde la Sociedad Rural de Jesús María anuncian que la Mesa de Enlace analiza adherir a una movilización de Productores Autoconvocados. Marcharían a Buenos Aires el 23 de abril.

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