Por Alexis Oliva
Vuelve la movilización a las calles de Córdoba
Tras dos años de ausencia por la pandemia, los organismos de Derechos Humanos convocaron a movilizarse. Desde 2008 hubo doce procesos a genocidas en Córdoba, pero desde el año pasado no se realizó ninguno. Los juicios pendientes.
“Por la justicia, la soberanía y la democracia, la memoria está en la calle”, es la consigna que convocará en Córdoba a la movilización del próximo 24 de Marzo, al cumplirse 46 años del golpe de Estado que inició la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Será el retorno a las calles, luego de dos años en que la pandemia del Covid-19 obligó a trasladar la conmemoración a la virtualidad y las redes sociales o como en 2021, cuando se realizó una caravana de autos. En el interior de la provincia, habrá marchas en Villa Dolores, Río Cuarto, Villa María, Marcos Juárez, Alta Gracia, Cruz del Eje y San Francisco.
“La idea de volver a las calles tiene que ver con la memoria a la necesidad de manifestar por cuestiones actuales, como las consecuencias del acuerdo con el FMI y la necesidad de democratizar el Poder Judicial”, dice Emiliano Salguero, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
En Córdoba la marcha partirá a las 17 horas desde La Cañada y avenida Colón, luego transitará por las avenidas General Paz y Vélez Sarsfield para finalizar con un acto en Hipólito Yrigoyen y San Luis, donde se leerá el documento de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba. La movilización también evocará los 40 años del inicio de la guerra en las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982.
Durante la marcha del 24M se proyectarán en la fachada de la Facultad de Lenguas, en Vélez Sarsfield y Caseros, los retratos de los y las más de 50 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado, actividad enmarcada en el 50 aniversario de la creación de esa unidad académica, que entonces funcionaba en la actual sede de Lenguas.
Los juicios
Desde la primera condena a prisión perpetua en 2008 al general Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores en la causa “Brandalisis” se realizaron doce juicios a la represión institucional en Córdoba. Entre ellos el de los fusilamientos de 29 presas y presos políticos de la cárcel de barrio San Martín, por los que en diciembre de 2010 fueron condenados el ex dictador Jorge Rafael Videla, Menéndez y otros 21 represores, y otros siete resultaron absueltos. Entre 2012 y 2016, la Megacausa “La Perla–La Ribera–D2” abarcó la mayor parte del plan sistemático de exterminio de opositores políticos en la provincia, con 706 víctimas y 58 acusados, de los que 15 fallecieron o fueron apartados durante el juicio y 28 fueron sentenciados a prisión perpetua, otros 10 a penas menores y cinco absueltos.
Para el fiscal federal Facundo Trotta, que ejerció la acusación en la Megacausa La Perla y otros juicios, desde la anulación de las leyes de impunidad en 2005 “se pudo saldar una deuda histórica con la sociedad argentina con una serie de juicios importantes en Córdoba: Brandalisis, por ser el primera condena a Menéndez, el de los fusilamientos de la UP1 con Videla como principal acusado y el de la Megacausa La Perla por su magnitud”.
La Megacausa fue el apogeo de ese ciclo, coincidente con políticas de Estado vinculadas a memoria, verdad y justicia. Pero ya en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el juicio “Pino Cano” terminó con tres absoluciones y la “causa de los magistrados” –paradigma de la complicidad civil con la dictadura– finalizó el mismo año con dos condenas leves y dos absoluciones. En abril de 2018, el juicio “González Navarro – Vergez” dejó 13 condenas –sólo una a prisión perpetua– y seis absoluciones. En 2019, la causa “Montiveros” finalizó con penas de prisión perpetua para cinco acusados y de dos a nueve años para otros cuatro, mientras que ocho fueron absueltos. El último juicio celebrado en Córdoba por las causas “Diedrichs” y “Herrera” terminó a principios de 2021 con ocho represores condenados a prisión perpetua, cinco a 18 años, uno a cuatro y dos absueltos.
Mientras avanza el reloj biológico cada vez son más los ex represores apartados de las causas por fallecimiento, incapacidad o enfermedad, o beneficiados con prisión domiciliaria luego de recibir condena. Los organismos de derechos humanos vienen reclamando la aceleración y acumulación de las causas y el tema formará parte del documento que preparan para el acto del 24 de marzo. Además, analizan reforzar su presencia como querellantes en las causas en instrucción.
Los juicios pendientes
Durante 2021 y lo que va de 2022 no se inició en Córdoba ningún proceso de lesa humanidad. De los 40 expedientes en instrucción, varios llevan años acumulando pruebas y testimonios y están listos para ser juzgados. La más cercana es la causa “Barreiro, Ernesto”, que investiga los secuestros de los militantes de las Fuerzas Armadas Peronistas Amadeo Palazzesi, José Jaime García Vieyra y Nilveo Teobaldo Cavigliasso, entre el 12 y el 22 de agosto de 1979. El 12 de agosto habían sido secuestrados Cristina Irma Guillén –esposa de Palazzesi– y su padre Carlos Federico Guillén, confinados en la cárcel de San Martín y luego en Buenos Aires, ella en Devoto hasta su liberación en 1983 y él en Ezeiza hasta 1984.
Otra causa en situación de ser juzgada es “Gutiérrez, Hermes Vicente”, que investiga crímenes cometidos en dependencias de la Policía (provincial y federal) y en la cárcel de Río Cuarto contra 60 víctimas, 59 sobrevivientes y una desaparecida. Esta causa incluye 40 imputados, la mayoría sin condenas anteriores y en varios casos ex integrantes del circuito represivo riocuartense.
Es posible que “Gutiérrez” sea acumulada con la que será una suerte de Megacausa La Perla II: el expediente “Gómez, Miguel Ángel”, que comprende a 500 víctimas (67 asesinadas, 56 desaparecidas y 58 víctimas de delitos sexuales, privación ilegítima de la libertad y tormentos). Al iniciarse la investigación se requirió a indagar a 154 imputados. Actualmente, quedan 100 en condiciones de llegar a juicio, de los cuales recién han sido indagados diez, según informaron a Marca Informativa Córdoba en prensa de Tribunales Federales. Si avanza ese paso procesal, antes de fin de año debería estar en condiciones de llegar a juicio.