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Todos apuntan al vocero: Macarrón en su laberinto

Pasaron ya seis semanas del juicio oral y público a Marcelo Macarrón y los testigos que pasaron por tribunales complicaron la situación del viudo y su vocero Daniel Lacase. El abogado Marcelo Brito, en cambio, no logró hasta ahora comprometer la situación de Miguel Rohrer, a quien los hijos de la víctima acusan de ser el verdadero homicida.

Por Hernán Vaca Narvaja / @HVacaNarvaja

La sexta semana del juicio contra Marcelo Macarrón dejó en evidencia la carencia de pruebas de su abogado defensor, Marcelo Brito, para apuntalar la acusación contra Miguel Rohrer, a quien el viudo sindicó en tribunales como el homicida de su esposa. Brito se tomó tres interminables horas para interrogar a Ricardo Araujo, ex mano derecha del “francés”, que repitió en 34 oportunidades la frase “No me acuerdo”. El letrado dedicó el mismo lapso de tiempo para someter a la esposa de Araujo,Virginia Fuentes, a un absurdo interrogatorio sobre su actividad profesional, viajes familiares y su participación en una sociedad anónima radicada en la provincia de Salta. A diferencia de su marido, la contadora contestó con paciencia oriental cada una de las preguntas de Brito, pero terminó increpando al presidente del tribunal por consentir que hicieran fotocopias de los pasaportes del grupo familiar. “Mis hijos son menores y tienen derecho a la intimidad. ¿Qué relación tienen mis viajes familiares con el crimen de Nora Dalmasso?, preguntó con fastidio. Daniel Vaudagna ensayó su mejor cara de póker y le dijo que las partes tienen la potestad de requerir ese tipo de pruebas en el proceso.

De la extenuante declaración de Araujo y señora, Brito no logró recabar un solo dato que comprometiera a Miguel Rohrer en el homicidio de Nora Dalmasso. Por el contrario, entre sus innumerables “no me acuerdo” y sus provocativos “no tengo ni idea” –que anticipan su eventual procesamiento por falso testimonio-, Araujo confirmó que, a semanas del crimen, el vocero Daniel Lacase le advirtió que su jefe saldría en la tapa de todos los diarios y le pidió que aportara nombres y teléfonos con testigos que confirmaran su presencia en Buenos Aires el fin de semana del crimen. Araujo contó que al día siguiente de ese llamado viajó a Río Cuarto y escribió de puño y letra, en la casa del vocero, el listado requerido, que reconoció como propio cuando le fue exhibido por el tribunal. Pero a diferencia de su declaración de años atrás, esta vez agregó un dato nuevo: varios meses después de su declaración en tribunales, Lacase lo volvió a llamar por teléfono y le propuso “lavar la cara” del “francés” y desvincularlo de la investigación judicial a cambio de una importante suma de dinero. Rivero pidió que se remita la declaración de Araujo al fiscal de turno para que se investigue al vocero por el posible delito de extorsión (que, por cierto, está prescripto, como todo en esta causa, que investiga un homicidio ocurrido hace más de 15 años).

A la falta de una estrategia defensiva clara y la manifiesta orfandad probatoria contra Rohrer, Brito pidió la incorporación por lectura al debate de los poderes que Macarrón le otorgó… ¡A Daniel Lacase! Con esa documentación, Brito confirma que, además de su vocero –algo que el viudo venia negando en sus breves intervenciones como imputado- Lacase también era su abogado en la querella, junto a los cordobeses Benjamín Sonsini Astudillo y Rubén Tirso Pereyra. ¿Se puede tomar distancia de semejante comunión de intereses cuando la mayoría de los testigos coinciden en que Lacase –vocero y abogado del imputado- era quien dirigía la investigación, orientándola primero hacia los amantes y después hacia Gastón Zárate, al punto tal de abonar la estadía en el hotel Opera del comisario Rafael Sosa y los policías que llegaron de Córdoba para inculpar al “perejil”? Sin hacer el mínimo esfuerzo, Rivero se hizo de una prueba documental que confirma lo que dice la pieza acusatoria: que el crimen fue premeditado, se “plantó” el rumor de los amantes de la víctima y se desvió la investigación lo más lejos posible del imputado.

¿Testigo en peligro?

A lo largo de la semana fueron llegando los distintos informes solicitados por el tribunal a las cuatro fiscalías de Río Cuarto y a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, a cargo de Luis Pizarro, el fiscal que elevó la causa a juicio. Todos confirmaron que Lacase está “limpio”, es decir, no tiene ninguna denuncia, imputación y/o condena que haya interrumpido la prescripción de persecución penal en su contra. Podrá ser citado a declarar en el juicio sin correr el riesgo de que se auto incrimine. Al haber sido alcanzado por la prescripción, ya no se lo podrá investigar como partícipe del plan criminal que describe Pizarro y en el que Lacase ocupa cinco páginas.

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En su acusación Pizarro dedica un acápite entero a Lacase y varios de sus señalamientos se confirmaron en el proceso oral: que fue de “colado” a Punta del Este –no formaba parte de la “Peña 36”- y pretendió llevar consigo a Daniel Muñoz, el juez de control de Río Cuarto, que sería el encargado de monitorear la investigación del crimen de Nora Dalmasso. “Es razonable sospechar que Macarrón –advierte Pizarro- necesitaba de la compañía de Lacase durante el fin de semana en que se ejecutaría el plan criminal en la ciudad de Río Cuarto mientras él estaba en Punta del Este”. Y agrega: “Durante el viaje de regreso (Lacase) hizo contactos y llamados telefónicos con el Jefe de Policía de la ciudad de Río Cuarto –Comugnaro- y con un referente de la prensa local”, asegurándose “un cabal conocimiento dela instrucción desde su inicio y controlar la información que de la misma se daba”. Este “control” sobre el fiscal y su vínculo con los periodistas le permitió desviar la investigación hacia el “asado de Banda Norte” primero y hacia el “perejil” después.

La acusación de Pizarro ha sido corroboradapor varios testigos en las seis semanas que lleva el juicio oral y público, con el agregado de la invitación de Lacase al juez Muñoz a Punta del Este y su llamada a Araujo para extorsionar a Rohrer. Todo esto complica la situación del viudo, que a instancias de su abogado (¡!) hizo que el jueves se leyera a los jurados populares el contenido del poder otorgado por él y en representación de sus hijos -por entonces menores de edad-a Lacase para llevar adelante la querella (de la cual, además, era vocero).

Es tal el desconcierto de la defensa que el miércoles Brito anunció que su defendido ejercería su derecho de defensa. Pero el jueves se diluyó con la declaración de una sola testigo –de los otros dos citados, uno había fallecido y la otra estaba en Córdoba-, la esposa de Araujo, que terminó preguntándole al presidente del tribunal qué tenían que ver sus viajes familiares con el crimen de Nora Dalmasso.

Es un enigma lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. Si no se acorta la lista de testigos, Brito sigue dilatando los tiempos de las audiencias y Rivero no muestra sus cartas, las jornadas seguirán transcurriendo en cámara lenta, sin mayores avances, ante el indisimulado fastidio y creciente malestar de los jurados populares. Si el tribunal en cambio da un golpe de timón y el fiscal afina la puntería, quedan todavía muchos elementos para ahondar del auto de elevación a juicio. Por lo pronto, falta incorporar al debate dos piezas claves del expediente: la prueba genética –que para el penúltimo fiscal ubicaba al imputado en la escena del crimen- y la autopsia psicológica, tal vez el trabajo más riguroso de toda la investigación, que en base a un minucioso y exhaustivo trabajo de análisis de pruebas forenses y testimoniales configura la personalidad de la víctima y, sobre todo, proyecta la estremecedora imagen del asesino.

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“La acusación del fiscal Pizarro ha sido corroborada por varios testigos en las seis semanas que lleva el juicio oral y público en Río Cuarto, con el agregado de la invitación de Lacase al juez Muñoz a Punta del Este y su llamada a Araujo para extorsionar a Rohrer. Todo esto complica la situación del viudo”

“A la falta de una estrategia defensiva clara y la manifiesta orfandad probatoria contra Rohrer, Brito pidió la incorporación de los poderes que Macarrón le otorgó a Daniel Lacase, confirmando así que además de su vocero era su abogado en la querella, junto a Benjamín Sonsini Astudillo y Rubén Tirso Pereyra”

“Si no se acorta la lista de testigos, Brito sigue dilatando los tiempos de las audiencias y Rivero no muestra sus cartas, las jornadas seguirán transcurriendo en cámara lenta, sin mayores avances, ante el indisimulado fastidio y creciente malestar de los jurados populares”

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