El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba repudió el proyecto de Ley impulsado por el legislador de la UCR, Marcelo Cossar, que contempla la compensación extraordinaria de los equipos de salud a través de la suspensión por un año del pago del Bono Anual por Eficiencia (BAE) que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) destina a sus empleados y cuyo último pago significó 2.250 millones.
Luz y Fuerza dijo que el proyecto de la UCR es ilegal
Legisladores radicales presentaron un proyecto de Ley que propone destinar el Bono de Eficiencia de EPEC de este año a los equipos de salud de Córdoba.
El proyecto redactado por Cossar fue acompañado por Darío Capitani (JxC), Verónica Garade (UCR), Dante Rossi (UCR), Daniela Gudiño (JxC) y Patricia De Ferrari (JxC). Los legisladores expresaron a través de un comunicado que la iniciativa “hace efectiva la voluntad política de reconocer el esfuerzo de los trabajadores de la primera línea en la pandemia”.
El autor del proyecto justificó que “a los médicos, enfermeros, terapistas, ya no le bastan los aplausos. Creemos que el esfuerzo al personal de salud debe ser reconocido de manera material. El Gobierno de Córdoba debe fijar las prioridades y garantizar equilibrio en la distribución de los recursos públicos, que son en realidad recursos de los ciudadanos. Creo que cualquier cordobés al que le preguntemos estará de acuerdo en destinar por este año esos 2.250 millones de pesos “nuestros” a los que nos cuidan y nos sanan”.
El reclamo de Luz y Fuerza
Desde el Sindicato emitieron un comunicado en repudio a la iniciativa de los legisladores, a la que calificaron de “irrazonable, ilegal e inconstitucional”. Además, aseguraron que si la atención de Epec es “deficitaria” (como la caracterizó la legisladora Verónica Garade), es por “negligencia en la conducción de la empresa” y no por responsabilidad de los trabajadores.
Luz y Fuerza reclama que la medida busca que “sean los trabajadores los únicos que carguen sobre sus espaldas con las consecuencias económicas de la crisis”.
Por otra parte, cuestionan que el proyecto no tiene fundamentos jurídicos porque “de acuerdo con la ley nacional argentina 14.250, los convenios colectivos de trabajo tienen vigencia por tiempo indeterminado, que sólo puede cesar mediante la firma de un convenio colectivo que lo reemplace en el mismo ámbito y, obviamente, firmado por las mismas partes que celebraron el anterior” y la BAE está contemplada en dicho convenio.