La grieta entre la Ley y la realidad

Por Anabella Antonelli

La salud mental vuelve a estar en agenda. Por situaciones que involucran a personajes públicos, por tragedias sociales difíciles de asimilar, por folletos de reducción de daños que escandalizan, por el ajuste y el vaciamiento del Estado, por los efectos que ya notamos de una pandemia mundial.

En el año 2010 se promulgó la Ley Nacional N° 26.657, con la intención de reformar el sistema de atención a la Salud Mental, siguiendo los estándares internacionales con perspectiva de derechos humanos. Se esperaba que la normativa ayudara a poner fin a las vulneraciones de derechos que padecían las personas con diagnóstico de algún padecimiento subjetivo, usuarias de servicios de salud mental, cuestionando el modelo de atención manicomial.

“Tenemos Ley, exigimos dignidad”, fue la frase elegida en el año 2021 para la octava Marcha por el Derecho a la Salud Mental, denunciando la aplicación deficiente de la normativa. La falta de presupuesto, el ajuste y cierre de establecimientos, el estigma que sigue operando en el sistema de salud y un cúmulo de prejuicios que se renuevan impactan sobre la vida de las personas usuarias de estos servicios, afectando fuertemente a mujeres e identidades disidentes.

La ley no frena el ajuste

“Mientras los funcionarios dicen que quieren avanzar con la adecuación a la ley de Salud Mental, en lo único que avanzan es en el ajuste y la precarización”, expresan desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS). El cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicciones (IPAD) “bajo pretexto de remodelación” y la fusión con el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial significa, para el gremio, un achicamiento de recursos de asistencia de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia. No hubo plan de contingencia, información sobre un programa asistencial alternativo ni adecuación de los servicios que ya estaban saturados. “Van en dirección contraria a las recomendaciones a nivel nacional y mundial”, refieren desde la UTS, denunciando que la situación “sobrecarga a trabajadores y pone en riesgo a usuarios”.

La ley reconoce el consumo problemático como parte de los padecimientos subjetivos de salud mental, con abordajes pensados desde un acompañamiento desde la salud y no desde la Justicia, la seguridad y el control. Paula Boccardi y Eugenia Decca integran el equipo terapéutico de la Asociación Civil Programa del Sol, institución cordobesa dedicada a la prevención y tratamiento del consumo problemático de drogas. En conversación con MI Córdoba, explican que para los recortes se excusan en la Ley y en la desmanicomialización, pero “las reformas que establece no sólo implican reconvertir las instituciones monovalentes, sino desplegar políticas integrales como la apertura de dispositivos que sustituyan al manicomio”, como casas de medio camino, talleres o centros de rehabilitación socio-laboral.

“La ley de salud mental es perfecta en cuanto a la letra, marca lo que debiera ser, el horizonte al cual llegar y la forma correcta de intervenir desde una perspectiva de derechos, pero no hay presupuesto para que se lleve a cabo y, en algunos organismos del Estado, siguen existiendo lógicas manicomiales o de control que sostienen la idea de peligrosidad de quienes tienen problemas con el consumo”, afirman desde el Programa del Sol.

Mientras en la provincia se denuncia el recorte progresivo del presupuesto del área y el sostenimiento de un “modelo asilar y segregador, que terceriza servicios a empresas privadas”, según el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, el Ejecutivo Nacional anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Salud Mental. Supone acciones para la "recuperación plena del bienestar psicosocial" después de la pandemia, duplicando el presupuesto y articulando políticas con una “perspectiva de derechos, comunitaria y libre de violencias, y desde el respeto a las diversidades”, según el anuncio.

Los paradigmas están en tensión. La posición punitivista reclama castigo y encierro para el “loco”, el “adicto”, el “peligroso”. La medicina se debate entre la centralidad de la psiquiatría y los hospitales psiquiátricos, y las prácticas interdisciplinarias y comunitarias. Los sectores conservadores proponen la vuelta al modelo tutelar y los privatizadores critican la ineficiencia del Estado. Cada vez que el tema está en agenda, los medios de comunicación reproducen discursos “erróneos, saben muy poco y no hay una lectura de lo que dice la Ley”, explican las profesionales.

Mujeres e identidades disidentes

Según estudios de la Dirección Nacional del Observatorio Argentino de Drogas, en los últimos años se redujo la brecha de consumo entre hombres y mujeres, tanto en relación a edad de inicio como al tipo de sustancias consumidas. Sin embargo, la demanda de tratamiento es tres veces mayor en varones que en mujeres, sin registrar datos de identidades disidentes. De los varones que pidieron tratamiento, más de la mitad lo realizaron, mientras que sólo un tercio de las mujeres le dieron continuidad. “Las dificultades de demanda, acceso y permanencia en el tratamiento, se relacionan directamente con la doble estigmatización con la que deben cargar: por un lado, su condición de consumidoras de sustancias y por otro, el desajuste respecto a los cánones heteronormativos marcados por el patriarcado”, señala Eugenia.

El consumo de sustancias carga prejuicios que se multiplican en el caso de las mujeres, al alejarse del mandato de la "buena madre" como una mujer presente, cuidadora, cariñosa, tolerante y pendiente del bienestar de les hijes. “Hay una barrera simbólica, económica y cultural para las mujeres y disidencias a la hora de acceder al sistema de salud en general y a la salud mental en particular -agrega Paula- incluso a acercarse a un dispositivo de salud a consultar”. Las identidades disidentes tampoco llegan a los dispositivos de salud o desisten de tratamiento porque implica exponerse a equipos e instituciones que, muchas veces, no contienen y provocan nuevas violencias.

“A las mujeres les resulta sumamente difícil hablar de su situación de consumo porque rápidamente genera un alejamiento de las familias y un juicio social”, explican las profesionales. La internación en los espacios que hoy existen, por fuera de la capital cordobesa, dificulta aún más la situación. Los vínculos comunitarios son imprescindibles para acompañar la problemática, y la distancia, sumada al juicio social, aísla a las mujeres.

Eugenia y Paula enumeran otras situaciones que complejizan la situación del sector: el consumo atravesado por violencias de género, una auto percepción del cuerpo negativa, equipos de salud y compañeros de tratamiento que suelen generar una re estigmatización. Además, aparecen abusos y violaciones en situación de consumo y la culpabilización que recae sobre la víctima. En el caso de personas embarazadas, el prejuicio se acentúa aún más, y el cuidado suele estar puesto en el embarazo y no en la persona con problemas de consumo.

La Ley Nacional de Salud Mental vino a garantizar los derechos de las personas con padecimientos de salud mental. Un caso donde las normas son más avanzadas que el sentido común de las sociedades que las gestan.