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Milei le pide al Congreso la delegación legislativa: los principales puntos de la ley ómnibus

El Presidente presentó este miércoles su proyecto de ley que propone una reforma integral del Estado argentino. Entre sus principales propuestas está declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años.

El presidente Javier Milei envió al Congreso la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", un proyecto que echa por el suelo lo construido durante las últimas dos décadas en materia de empresas estatales rentables, así como también la garantía de de la división de poderes, ya que se basa en la privatización de la mayoría de empresas estatales o de participación estatal, delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo por al menos dos años, y declara la emergencia pública.

"Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación", escribió el mandatario en sus redes sociales.

En esa línea, continuó: "Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos".

Qué dice el proyecto de ley que envió Milei al Congreso

El proyecto de ley declara la "emergencia pública" en "materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y aclara que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años".

Entre sus postulados básicos, señala el de "promover y asegurar un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo".

En ese sentido, se propone "establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado" y, al mismo tiempo, “promover la reactivación productiva”.

En el primer capítulo de la ley el Ejecutivo le solicita al Congreso la potestad legislativa, pasando por encima de la división de poderes: "La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social,con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto".

El proyecto de ley habla de "desburocratizar y simplificar la normativa que rige a la Administración Pública nacional, eliminando toda gestión inútil o dispendiosa", "promoviendo el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, a través de prestaciones profesionales, útiles y de alta calidad".

Para ello, busca implementar "la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración pública nacional, mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas prestablecidas", reservándose la facultad de "intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales".

En el capítulo dedicado a la privatización de empresas públicas, declara “sujeta a privatización” las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal, que se enumeran en un anexo.

Mientras que en el artículo 33 se faculta al Poder Ejecutivo nacional a "disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional". Allí se exceptúan los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional".

En el capítulo enfocado a la desregulación económica, se deroga la Ley 25.715 que determinaba los aranceles para la importación de azúcar y la Ley N° 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros.

Al mismo tiempo, determina que "las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación" y que "el encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa".

El Gobierno busca eliminar las PASO y cambiar el sistema de elección de diputados

En materia de reforma electoral, el proyecto de ley denominado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" establece en el artículo 443, de "Circunscripciones uninominales", que "los diputados nacionales serán elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado".

De ese modo, "cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen" y "cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género".

Esa normativa reemplaza al artículo 158 de la Ley N° 19.945, que fijaba que los diputados nacionales "se elegirán en forma directa por el pueblo de cada provincia y de la Capital Federal que se considerarán a este fin como distritos electorales" y marcaba que "cada elector votará solamente por una lista de candidatos oficializada cuyo número será igual al de los cargos a cubrir con más los suplentes previstos en el artículo 163 de la presente ley".

De esa manera, "la elección se realizará a simple pluralidad de sufragios y el escrutinio se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante", se aclaró en el proyecto de ley.

Además, al modificar el número de representación de los diputados que se postulen, el artículo 445 fija que "la división de los distritos en circunscripciones será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional", que deberá tomar como base el censo nacional de 2022 y "procurar asegurar que en cada circunscripción no existan diferencias superiores al 3% del número de habitantes".

El artículo 446, asimismo, fija que será el Poder Ejecutivo el que "deberá concluir un proyecto de diseño de las circunscripciones con una anticipación no menor de 360 días corridos a fecha de la elección".

Además, "las listas de candidatos se integrarán con un candidato titular y un suplente, los cuales deberán ser de diferente género", según agrega la reforma en el artículo 448.

En el artículo 450, el proyecto establece que "el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000", con lo cual se modifica el artículo 3° de la Ley N° 22.847, que fijaba que "el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500".

Elimina las PASO

En tanto, a través del artículo 451 el Poder Ejecutivo propone la derogación del título II de la Ley N° 26.571, por la que en 2009 se habían creado las PASO para la definición de los candidatos a cargos electivos.

En tanto, el articulo 458, sobre el "financiamiento público", establece que "el Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos en las condiciones establecidas en esta ley" y que "con tales aportes los partidos políticos podrán realizar" las actividades de "desenvolvimiento institucional; capacitación y formación política y campañas electorales generales".

Por otro lado, el artículo 459 postula que "la ley de presupuesto general de la administración nacional para el año en que deban desarrollarse elecciones nacionales debe determinar el monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales".

Así, "para los años en que deban realizarse elecciones presidenciales, la ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever cuatro (4) partidas diferenciadas: una para la elección de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral, la segunda para la elección de parlamentarios del Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales y la cuarta para la elección de diputados nacionales".

Asimismo, "para los años en que sólo se realizan elecciones legislativas la ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever las dos (2) últimas partidas".

Ese último artículo sustituye el artículo 34 de la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que incluía el financiamiento para las PASO.

En otro orden de cosas, el artículo 465 establece que "las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente".

Sobre la difusión de actos de campaña, el artículo 467 prohíbe "durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio".

Esa norma reemplaza al artículo 64 quáter de la Ley N° 19.945, del Código Electoral Nacional, que fijaba esa prohibición "antes de los treinta y cinco (35) días previos" a los comicios.

Por último, el artículo 468 fija que la Cámara Nacional Electoral "convocará a quienes estén obligados a participar del debate en los cinco (5) días hábiles posteriores a su proclamación como candidatos a fin de determinar su voluntad de participación en el debate fijado" por ley, reemplazando al artículo 64 septies de la Ley N° 19.945, que establecía sanciones para los postulantes que se rehusaran a participar.

"Manifestación es una reunión de tres o más personas", según el proyecto de ley ómnibus

El capítulo sobre Seguridad Interior del proyecto de "ley ómnibus" de reforma del Estado enviado este miércoles al Congreso por el Gobierno nacional, propone agravar e incorporar penas contra quienes corten el tránsito y define a una manifestación como una "congregación intencional y temporal de tres o más personas" en el espacio público.

En el Capítulo I del proyecto se establece la sustitución del artículo 194 del Código Penal, que prevé penas de 3 meses a 2 años.

Así, el nuevo texto plantea que: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses".

Además de agravar esa condena, se agrega que para quien porte un "arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión".

Pero también incorpora que quienes "organicen o coordinen una reunión o manifestación" que corte el tránsito "serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".

Asimismo, se plantea que "le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta".

Este principio, como otros aspectos del artículo, están en sintonía con el protocolo "antipiquete" establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.

Nuevas tipificaciones y que agravan las penas

En el artículo 331, queda definida una "reunión o manifestación" como la "congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público".

También se define la figura del "organizador" de la protesta como quien "convoque a otras personas a participar de la reunión", "coordine a personas para llevar a cabo la reunión", "provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión", "pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes".

A los organizadores se los hace "solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación".

A la Ley Nacional de Tránsito le incorpora un inciso en el apartado de las prohibiciones: "Impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes".

Además, establece que "toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de 48 horas".

En cuanto a las manifestaciones espontáneas, se dictamina que la notificación al Ministerio de Seguridad "deberá cursarse con la mayor antelación posible".

Una vez recibido el aviso en el Ministerio de Seguridad, esa área "podrá oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional", así como podrá plantear "modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización".

El Ministerio de Seguridad será la "autoridad de aplicación" y se invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adherir al capítulo de la ley.

El Gobierno propuso privatizar YPF, Aerolíneas, AySA y Banco Nación, entre otras empresas estatales

La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas que fueron declaradas "sujetas a privatización" en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

De avanzar el proyecto en el Congreso de la Nación, las privatizaciones de empresas del Estado impactarán en la provincia Córdoba, ya que están mencionadas las fábricas militares de Villa María y Río Tercero, Dioxitec, Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea), Radio Nacional Córdoba y los Servicios de Radio y Televisión de la UNC (SRT).

De acuerdo con el texto de la iniciativa denominada "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en "la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales".

Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara "sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal".

De esta manera, se faculta "al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696".

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta línea.

En el DNU, que comenzará a regir en los próximos días y que es objeto de varios amparos judiciales en su contra, se establece la modificación del "status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades", según consigna en sus considerandos.

La venta de las empresas del Estado es una idea que Javier Milei tiene desde antes de asumir la presidencia de la Nación. Su particular concepción del Estado, puede llevar a que se enajene un patrimonio altísimo, propiedad de todos los argentinos y producto de muchos años de esfuerzo y evolución.

En reiteradas ocasiones, durante la campaña electoral, deslizó la posibilidad de desprenderse de patrimonio público y calificó a las empresas estatales como "generadoras de déficit".

La nómina de empresas que el Estado podría enajenar

Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.

También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.

A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín"; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicios de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.

Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.

El texto presentado también deroga el artículo 35 de la Ley N° 24.804, que establecía que "Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación". La Ley 24.804 legisla sobre las funciones del Estado en la actividad nuclear.

El proyecto de ley ingresado al Congreso propone derogar la movilidad jubilatoria

El proyecto de ley enviado este miércoles al Congreso por el Poder Ejecutivo propone en uno de sus artículos la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y faculta al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones, junto con la potestad de fijar de manera periódica los aumentos de haberes hasta que comience a regir el nuevo esquema.

Dentro del Título III sobre Reorganización Económica, el Capítulo III de Movilidad de las prestaciones, y más precisamente el Artículo 106 del proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", dispone la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias.

Asimismo, faculta al Poder ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones dispuestas por la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los "criterios de equidad y sustentabilidad económica".

Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos "atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos", completa el proyecto.

Ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado que los haberes jubilatorios se van a "recomponer" por medio de un decreto "a la espera de un nuevo mecanismo" que reemplace la Ley de Movilidad.

Al respecto, aclaró que "lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque no tenemos fórmula jubilatoria", si bien la normativa aún se encuentra vigente ya que no fue derogada ni suspendida por ningún acto administrativo.

La Ley que reemplazaría

La Ley 24.241, sancionada en 1993, instituyó con alcance nacional y con sujeción a las normas de esta ley, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS).

Con el tiempo, fue complementada por nuevas normas y sus modificaciones, como las leyes de Solidaridad previsional y movilidad previsional, moratoria previsional, reparación histórica nacional, creación de la PUAM, reconocimiento de años de aportes por tarea de cuidado, prestación anticipada por desempleo, entre otros.

La última gran modificación se produjo a fines de 2020, cuando el Congreso aprobó la Ley de Movilidad Jubilatoria que estableció que los haberes de los trabajadores pasivos se ajustarán con una fórmula que combina 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial, y que reemplazó el mecanismo de incremento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales aprobado a fines de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

También se propone derogar la legislación que protege a las librerías y editoriales

El proyecto de ley denominado de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, conocido como Ley Ómnibus de Javier Milei, se mete con la industria de libros y pone en jaque a las librerías y editoriales.

El artículo 60 incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica, promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera.

Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe.

Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.

Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a "grandes superficies", como supermercados o grandes cadenas. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos.

Es por ello que para sostener esos comercios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas.

En definitiva, lo que propone la derogación de esta ley es que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor.

Con información de La Nueva Mañana, Télam y NA

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