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Juez denunció a funcionarios municipales y a empresarios de Ersa por el uso de fondos en el transporte

Por su parte, el Ejecutivo municipal pidió a la Justicia que también se investigue a la gestión del ex intendente Luis Juez. El actual senador nacional sostiene que la empresa de transporte se quedaba con subsidios por un valor de "28 mil millones de pesos".

El senador Luis Juez presentó este miércoles una denuncia penal en la Justicia Federal de Córdoba en la que solicita que se investigue a un exfuncionario municipal y a empresarios de Ersa por el uso de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte. Por su parte, la Municipalidad de Córdoba retrucó la movida pidiendo una investigación que incluya a la gestión del propio Juez.

Según el escrito difundido a la prensa, el exintendente considera que hubo defraudación al Estado nacional durante la última gestión, por el uso de subsidios al transporte municipal. “Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa Ersa, esta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado Nacional”, explicó el senador nacional.

En la presentación Juez le dijo a la prensa que Ersa “se quedaba” con subsidios por un valor de “28 mil millones de pesos”.

“Unos 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamsa y recaudaba Ersa, se hace un promedio de 1.500 millones de pesos... ¡1.500 millones de pesos! Y lo prestaba con choferes, vehículos y la recaudación se la llevaba una empresa privada”, detalló.

Minutos antes de la presentación de Juez, la Municipalidad había pedido una investigación que abarcara hasta la intendencia del propio Juez. La medida, se dijo, era por instrucción del intendente Daniel Passerini.

“Este sistema se puso en marcha en el año 2003, cuando Luis Juez era el Intendente de la ciudad, y Néstor Kirchner el Presidente de la Nación”, aclaró el municipio.

Y, agregó: “Debe analizarse todo el proceso temporal, al tratarse de fondos públicos con un destino de alivio al costo del transporte para los usuarios. No deben quedar dudas y para eso entonces, nada mejor que una investigación completa”.

La denuncia de Juez

Juez presentó una denuncia contra Marcelo Rodio, exsecretario de Transporte de la Municipalidad en la gestión de Martín Llaryora (hoy ocupa ese cargo, pero en la Provincia); Eduardo Ramirez y Emilio Monzón, ambos autoridades de Ersa.

“Conforme lo prescriben los arts. 174, 177, inc. 1, 181 y cncds. del Código Procesal Penal de la Nación, he tomado conocimiento de la posible comisión de delitos perseguibles de oficio, cometidos por los Sres. Marcelo Rodio, -actual Secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba-, Eduardo Ramírez, Emilio Monzón y demás cómplices actuantes como funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, o propietarios de la empresa Ersa Urbanos S.A., para los meses que van de Diciembre de 2022, hasta el 10 de Diciembre de 2023″, dice la denuncia.

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Sobre los hechos, Juez detalla que el 2 de diciembre de 2022, se suscribió un “acuerdo de colaboración”, entre la empresa municipal Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) y la compañía Ersa Urbano S.A.

“Desde el 23 de diciembre de 2013 y por el término de 10 años (período hoy ya vencido), se adjudicó por la Municipalidad de Córdoba a la empresa Ersa la explotación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, en una serie de líneas diagramadas por el municipio, identificadas como grupo tres de la correspondiente licitación”, detalla.

Luego, agrega que el 2 de diciembre de 2022, mediante el “mentado acuerdo de colaboración”, se convino que la prestación del servicio de las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobus fueran ejecutado por Tamse “por el período de tres meses, prorrogable por 12 meses más”.

“Tal prestación no implicaba cesión o transferencia del contrato obtenido en 2013, y solo establece la ejecución del servicio por Tamse, con su propio personal y colectivos”, aclaró Juez.

Allí, entonces, la denuncia profundiza el núcleo de la sospecha: “En un aspecto que afecta al erario de la Municipalidad de Córdoba, las recaudaciones del servicio tomado por Tamse fueron recibidas directamente por Ersa y se reintegraban a Tamse, cada 35 días, cuestión que, por su vil dispendio financiero en épocas de inflación galopante, será denunciada ante la Justicia Penal de la Provincia de Córdoba”.

Y subraya que “más allá de la estafa precedentemente expuesta, por el punto sexto del acuerdo, la empresa Ersa recibió los subsidios correspondientes a los aportes del Estado Nacional por las líneas de ómnibus, objeto del acuerdo”.

Subsidios

En otro párrafo de la denuncia, Juez explica que “los subsidios que administra la Secretaría de Transporte de la Nación, para asegurar la prestación del servicio en distintas ciudades del país, se reparten conforme el número de viajes ejecutados y las unidades utilizadas para concretarlos, según documentación que cada Municipio y empresa de transporte, ponen a disposición de la autoridad nacional”.

“En el caso, desde el mes de diciembre de 2022 y por todo un período extendido durante 2023, la empresa Ersa cobró los subsidios nacionales, sin prestar ningún servicio, en cinco líneas de la Ciudad de Córdoba”, advierte Juez.

Y detalla: “Concretamente, mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa Ersa, esta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado Nacional, que nunca tomó conocimiento cabal, del ardidoso ‘acuerdo de colaboración’”.

“Y no se trata de un enriquecimiento sin causa de Ersa, facilitado por la Municipalidad de Córdoba, sino de un montaje para eludir los controles de la secretaría de Transporte de la Nación, cobrando Ersa por lo que no hizo, a partir de un pacto espurio con la Municipalidad que suple al privado, pero le deja percibir los aportes que le envía el Estado Nacional”, especifica.

Para cerrar: “La defraudación descripta logró su camuflaje jurídico mediante la Resolución 0115″ de Rodio, fechada el 18 de diciembre de 2022, “aprobando el acuerdo de colaboración entre Tamse y Ersa, formando el convenio parte de la resolución”.

El comunicado de la Municipalidad

“La Municipalidad de Córdoba, por instrucción del Intendente Daniel Passerini, ha decidido presentarse ante la Justicia Federal con el objeto de que se analice e investigue todo el proceso vinculado al esquema de administración de los subsidios nacionales que se recibieron para el sistema de transporte urbano de la ciudad.

Este sistema se puso en marcha en el año 2003, cuando Luis Juez era el Intendente de la ciudad, y Néstor Kirchner el Presidente de la Nación.

Habiendo tomado conocimiento de que el senador nacional, Luis Juez, formularía en el día de la fecha una presentación ante la Justicia Federal en este sentido, la Municipalidad define su propia presentación para la investigación integral desde los inicios de este sistema, para que las conclusiones de la intervención judicial lleve la necesaria transparencia y tranquilidad a los vecinos. Debe analizarse todo el proceso temporal, al tratarse de fondos públicos con un destino de alivio al costo del transporte para los usuarios. No deben quedar dudas y para eso entonces, nada mejor que una investigación completa.

La transparencia y la coherencia no se declaman, se ejercen. Es compromiso de este Gobierno Municipal, para que no se enturbien con permanentes ataques y politiquería que solo busca sembrar sospechas y desprestigio a quienes gobernamos y hacemos todos los días”.

También habló Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de Passerini. “Las denuncias del senador no sorprenden porque siempre aparece con esto”, dijo el funcionario.

“Estamos tranquilos y a disposición para que la Justicia pueda investigar de manera más amplia y transmitir la verdad como debe ser. Creo que el senador nacional podría darle una mano a Córdoba y pelear por los subsidios que no llegan porque es lo que necesitan los trabajadores, el personal de salud, la gente común”, agregó Fernández.

Según detalló, la Municipalidad presentó, a las 9 de la mañana, “el pedido de ampliación de denuncia”.

“Porque queremos saber desde el 2003 y por supuesto hasta la fecha y estamos a disposición para aportar todo tipo de datos”, cerró.

Con información de La Voz

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