Entre todos los periplos que pasó y encaró, Gilda Morales, una ciudadana de Córdoba que acusa a la justicia local de quitarle la tenencia de su hijo de 11 años, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, Estados Unidos.
De Córdoba a Washington, pide que le devuelvan la tenencia de su hijo
La mujer no puede ver al niño de 10 años desde hace seis meses. Hace cinco años le quitaron la tenencia y su reclamó llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la entrevista que brindó a Marca Informativa Córdoba, la mujer explicó su dolor y su lucha para reencontrarse con el niño.
Gilda Morales
"En el año 2015 mi hijo que en ese momento tenía cinco años fue arrancado brutalmente, violetamente, en contra de todos sus derechos legítimos como niño, de mi casa. Esta fue una orden que la ejecutó la jueza Silvia Cristina Morcillo, del Juzgado de Cuarta Nominación de la ciudad de Córdoba y el fiscal Ernesto de Aragón.
Es una historia bastante triste, compleja para explicarla, porque tiene un montón de cosas que realmente son inimaginables.
A mí me acusan en ese momento por impedir el vínculo paterno filial, entonces el padre de mi hijo pide el cambio de guarda. Intervino un cuerpo técnico de familia, dijo que el cambio de guarda era inviable, y recomendó para el padre visitas asistidas.
Yo venía de una historia de violencias con esta persona. Estaba en ese momento interpuesta una denuncia por abuso sexual en contra del padre de mi hijo, no fui escuchada por supuesto.
Me aplicó la jueza algo que se llama ideología SAP, que es un falso Síndrome de Alienación Parental. Dice que lo que hacemos las madres es llenarle la cabeza a nuestros hijos en contra de los progenitores, inventar falsas denuncias, y con esto se procede a un sinnúmero de juzgamientos meramente ideológicos. No se cree en las denuncias, no hay investigaciones de ningún tipo y el primer procedimiento que una madre recibe es el saque compulsivo y por la fuerza de las y de los menores.
Así que luego de eso como no pudieron llevar a cabo el cambio de guarda de mi hijo, porque respetaban las trabajadoras sociales, las psicólogas, la voluntad del menor, esta jueza junto con el fiscal activó una persecución, una búsqueda hacia mi persona y yo finalmente termino presa. Para explicarlo sencillamente. Me detuvieron más de dos meses, procedieron a la entrega compulsiva de mi hijo, hace años reclamo la restitución de mi hijo a su hogar, que es mi casa, junto a sus hermanos, donde jamás debió haber salido. Quiero que lo restituyan, eso es lo que estamos pidiendo, y por supuesto que vamos a seguir esto, y no vamos a claudicar.
Ha sido muy grave, y sobre todo porque no es lo que yo quiero, es lo que deben hacer cuando hay un niño es riesgo, cuando hay vulneración de derechos, cuando hay denuncias tan graves. Mi hijo no está ni siquiera en una condición de expresarse libremente, porque vive con las personas que están denunciadas. Si un adulto no puede expresar lo que le pasó en situaciones de violencia 20 o 30 años después, menos un menor, con los pocos recursos intelectuales que puede tener, tratando de sobrevivir, es impensable.
Siempre hay que estar teniendo la mirada sobre el niño. No es lo que a mí me gustaría o lo que yo quiero, acá nunca hubo una mirada hacia mi hijo, una protección. Hubo desamparo, hubo dolo, porque esto no es negligencia. Ellos supieron del momento uno lo que habían hecho, y yo nunca dejé de reclamarles. Ahí se configura lo que yo digo ensañamiento, que va directamente hacia un menor, que es mi hijo, y por extensión a sus dos hermanos que lo están esperando.
Pedimos que se aplique la Ley de Protección Integral a los Menores y que retorne inmediatamente a mi casa. Ojalá que se pueda lograr y terminar con esta tortura para mi hijo.
A partir de noviembre del año pasado nunca más lo vimos a mi hijo, ya llevamos seis meses donde no sabemos absolutamente nada de él. Lo trasladaron desde la localidad de La Granja a Córdoba.
Hace cinco interpuse en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia. Tuve que ir al exterior a hacer un planteo. Porque la Provincia de Córdoba y el Estado argentino han abandonado a mi hijo, a mis tres hijos en realidad, porque ya son tres menores los damnificados. Todavía no tenemos una sentencia, estamos esperando. Es una denuncia que primero me la abrieron y ha estado a estudio durante todos estos años y estamos esperando el fallo. Que se expidan sobre la causa. Como Argentina es parte de la Comisión Interamericana debería sujetarse a esto".