Córdoba adhirió a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral

La ley establece la creación del Comité para la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral, del que participarán miembros de los equipos técnicos de las autoridades de aplicación.

La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó anoche un proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 27.621 para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, lo que permitirá que la provincia establezca las políticas públicas para el acceso a este tipo de educación.

La ley establece la creación del Comité para la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral, del que participarán miembros de los equipos técnicos de las autoridades de aplicación.

Estas tendrán las funciones de promover las estrategias y el desarrollo de la educación ambiental.

Además se deberá elaborar y diseñar políticas y acciones en la materia y determina como autoridades a aplicación al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Ambiente.

La impulsora del proyecto fue la legisladora del oficialismo provincial Hacemos por Córdoba, Sara García, quien remarcó su alegría por colaborar a “sumar contenidos centrales a la currícula de nuestros estudiantes, lo cual implica ampliar los horizontes del derecho a la educación en nuestra provincia”, resaltó la docente y parlamentaria luego de la aprobación.

En ese sentido consideró que a partir de la adhesión, se debe dar “un proceso regular y continuo para comenzar a temprana edad en la formación de ciudadanos ambientales responsables”.

La Ley Nacional 27.621, entre sus principales puntos, crea la Educación Ambiental Integral (EAI), con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental.

Para ello se articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana. También al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.

Añade en el artículo 2 que se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural.

También busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común.

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