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No criminalizar el cannabis medicinal

Asociaciones cannábicas reclaman políticas activas para que la Policía y los funcionarios judiciales se capaciten en la nueva legislación que habilita la tenencia de marihuana para tratamiento médico. Ni la jefatura ni la Fiscalía General de la Provincia acusan recibo.

Por Guillermo Posada

El uso del aceite de cannabis con fines medicinales es una práctica cada vez más extendida en Argentina, al igual que en otros países del mundo. El Congreso Nacional aprobó la ley de cannabis medicinal en 2017 y Córdoba adhirió a través de una ley provincial, aprobada por la Legislatura el año pasado. Sin embargo, usuarios y asociaciones cannábicas cordobesas se quejan de que para la Policía, así como para algunos funcionarios judiciales, la adaptación a los nuevos tiempos y a la legislación vigente es más traumática de lo esperable.

Así pudo constatarse el 17 de febrero último en pleno juicio oral, cuando la oficial de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) Evangelina Lubrina se sentó frente a la Cámara del Crimen de Río Tercero para testificar como responsable del operativo del allanamiento al domicilio de la psicóloga Milena Pozo, elevada a juicio por facilitar aceite de cannabis a una paciente. La instrucción estuvo a cargo del fiscal sobre narcomenudeo de Río Tercero, Luis Pizarro.

Consultada por la defensa de la acusada, Lubrina aseguró que a los efectos de su trabajo no había distinción entre la marihuana de uso recreativo y el aceite de uso medicinal.

Lubrina es actualmente jefa de la Brigada de Investigaciones de FPA en Villa María. Su antecesora fue reemplazada cuando se descubrió que integraba una banda narco mientras cumplía funciones oficiales. La flamante jefa policial admitió en el juicio que no realizó ninguna capacitación sobre la nueva legislación sobre uso del cannabis.

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La psicóloga Milena Pozo fue elevada a juicio por facilitar aceite de cannabis a una paciente.

La psicóloga Milena Pozo fue elevada a juicio por facilitar aceite de cannabis a una paciente.

Más situaciones

El de Río Tercero no es el único caso. Las asociaciones cannábicas reportan situaciones donde personas autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación para cultivar, transportar o producir aceites son intervenidos por fuerzas policiales, sea en controles en la vía pública, en ruta o con allanamientos ordenados a raíz de la recepción de denuncias anónimas.

El podcast cordobés sobre noticias cannábicas “No todo es humo”, que hacen los periodistas Enrique Corchero y Ulises Hoyos Lozano, reportó en su última edición dos casos –a modo de ejemplo– de vecinos habilitados por el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis), que fueron allanados o demorados a pesar de exhibir la documentación correspondiente.

Leo, un herrero de 37 años, padre de dos niños, con cultivo registrado en REPROCANN, sufrió un allanamiento a la una de la mañana a partir de denuncia de narcomenudeo. “Les permití que ingresen a mi casa sin romper nada ni que despierten a los chicos que estaban durmiendo. Entraron a buscar plata, balanzas, cuando yo tengo un invernadero con seis plantas hidropónicas de un total de nueve autorizadas por el Ministerio. Se fueron recién cuando constataron la documentación”, relató.

Matías, un joven con dolencias físicas ocasionadas por un grave accidente que sufrió en 2013, comenzó a consumir cannabis para aplacar sus dolores. “El año pasado, por una denuncia anónima, me allanaron, me sacaron la cosecha que estaba cultivando y hasta el día de hoy tengo que comprar en la ilegalidad hasta que tenga nuevas flores. Terminamos presos mi mamá, mi hermano y yo”. Ahora, inscripto en el REPROCANN, lo demoró en la calle una patrulla cuando llegaba a su casa de comprar 20 gramos de flores. “Me maltrataron acusándome de narco a pesar que les mostré el carnet. No entendían porque no están al tanto de la habilitación legal”, relató. Varias horas después Matías logró hacer entender su situación a los uniformados y pudo regresar a su hogar con la marihuana adquirida.

Central de Policía

El año pasado 19 asociaciones de usuarios, cultivadores y personas amparadas por la ley, agrupadas en el Frente de Organizaciones Cannábicas de Córdoba (FOCC), reclamaron a la jefa de Policía de la Provincia, Liliana Zarate Belletti, “se respeten los derechos de lxs usuarixs terapéuticxs de cannabis, cultivadores solidarios y demás personas amparadas por la normativa, instrumentando para tal fin las resoluciones y medidas correspondientes”.

“Somos los activistas y cultivadores quienes estamos ocupando el lugar de Estado en relación al acceso a la salud y a las capacitaciones en la materia”, se quejan desde el podcast “No todo es Humo”.

Para el abogado Carlos González Quintana, con amplia experiencia en asesoramiento en la problemática, la capacitación policial es clave “para limar asperezas. Los casos están atravesados por el denominador común que se trata de usuarios registrados en el REPROCANN, y lamentablemente seguimos teniendo algunas malas experiencias, sobre todo en fiscalías del interior. Cuando intervienen policías y comisarías todavía se están dando estas irregularidades, algún abuso policial, que en algunos casos motivó la detención y en otros no, pero hay un abordaje de parte de las fuerzas de seguridad que no es respetuoso de la legislación vigente”.

En esa línea opina Giuliano Mengarelli, de la Cámara de Empresarios Cannábicos de Córdoba. “Estamos con una ley en tratamiento en este mismo momento en el Congreso Nacional para industrializar el cannabis y tenemos fuerzas policiales que no se enteran de qué es legal y qué no lo es. Esto debe cambiar”, concluyó.

Consultados por Marca Informativa Córdoba, desde el área de prensa de la Fiscalía General de la Provincia dijeron que no tienen prevista ninguna formación profesional sobre el tema.

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