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Biocombustibles: cerrar el camino judicial para lograr la prórroga

Es lo que propondría la industria a las autoridades de la Secretaría de Energía luego de la disputa que algunas de ellas protagonizaron en los juzgados el año pasado para descongelar los precios que les pagaban las petroleras.

El abandono del camino judicial explorado el año pasado para descongelar el precio de los biocombustibles a cambio de una prórroga de la actual normativa al menos por un año, plazo en el cual se pueda avanzar en un nuevo marco normativo que permita expandir el uso del etanol y el biodiésel en Argentina. Esa es la carta que juega la industria por estas horas y que hizo llegar a las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación para intentar un acuerdo sobre la hora del vencimiento de la ley que rige desde 2006 y que caduca el próximo 12 de mayo, para lo cual quedan apenas 22 días corridos entre los cuales hay sólo 16 hábiles.

La cartera de Energía que conduce el neuquino Darío Martínez había expresado ya su rechazo al camino judicial que emprendieron el año pasado algunas de las plantas de producción de biocombustibles cuando sumaron meses sin actualización del precio, algo que fija justamente Energía. En aquel momento hubo fallos favorables para las productoras, lo que obligó a las petroleras a pagar más por lo que retiraban de esas industrias. Al tiempo llegó finalmente un sendero de precios fijado por Energía para los primeros cinco meses del año y que se fueron cumpliendo a rajatabla. Cada mes que comenzó en este 2021 hubo un aumento en el precio que las petroleras debieron pagar a todas las productoras. Eso llevó algo de alivio en el reclamo coyuntural de las empresas que producen biocombustibles. Pero el tema de fondo seguía siendo el vencimiento de la ley que les dio origen, y para lo cual el tiempo corrió sin que haya una decisión de qué hacer por parte del Gobierno.

El tema tiene hoy dos puntos de atención: uno en el Congreso de la Nación, donde Diputados frenó el tratamiento de la prórroga por cuatro años que aprobó el Senado en octubre por unanimidad. Esa condición, de apoyo de todos los bloques, fue lo que causó más sorpresa a la hora de que ese proyecto transite la Cámara Baja. En un principio se creyó que sería un simple trámite, pero el tiempo transcurrió y nunca avanzó. Pasaron seis meses sin novedades. Las empresas de biocombustibles y las provincias que forman parte de la Liga Bioenergética le apuntan al lobby petrolero.

“Día 23 de la cuenta regresiva para q venza la ley nacional de biocombustibles 26093. Hace 15 años que se sabe que la ley vence en 23 días. La única alternativa sensata y racional es prorrogar para tener suficiente tiempo de consensuar un nuevo marco legal garantizando un amplio debate”, escribió ayer el ministro de Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Mientras el lobby petrolero trabaja en silencio y a oscuras con velados intereses y mentiras, en Córdoba seguimos apostando por esta economía regional genuina, sustentable y con claros beneficios para la salud de todos”, enfatizó.

El segundo punto de atención es el Ejecutivo. Para allí está encaminada la acción de las empresas en ofrecer un freno en el camino judicial de las empresas. Claro que a cambio, esperan recibir un esquema de acción a seguir durante los meses de prórroga que les dé cierta garantía, al menos sobre dos puntos clave: el nivel de corte (que no sea menor que el actual) y un sendero de precios que extienda el fijado hasta mayo. El mes próximo no sólo vence la ley, sino también el esquema de valores por litro de biocombustible fijado por Energía. Las empresas quieren saber cómo va a continuar eso mientras dure una eventual prórroga.

Pero en el Ejecutivo Nacional queda además una opción más: que el Presidente por decreto extienda la vida de la ley 26093 por un determinado plazo. En esa opción no quedaría bien parado el oficialismo de Diputados, responsable de no avanzar con la normativa en estos últimos seis meses. Ahora, si Diputados quiere extender un plazo distinto al que aprobó el Senado, eso debería volver a la Cámara Alta y los tiempos apremian.

¿Y si se cae la normativa?

Pocos imaginaban estar a sólo 22 días de que venza la ley de biocombustibles que permitió en 15 años desarrollar 54 plantas en 10 provincias que elaboran etanol o biodiésel a partir de caña de azúcar, maíz o soja con inversiones estimadas en 3 mil millones de dólares y sustitución de importaciones por casi 10 mil millones.

Es que la producción local de combustibles fósiles es insuficiente para cubrir la demanda del mercado local (al menos en el período prepandémico) y por lo tanto, la Argentina debía importar parte de lo que consumía. Uno de los cuellos de botella pasa hoy por las destilerías. Porque además, pensar en una nueva es inviable. Por eso los biocombustibles también sustituyen parte de esa salida de dólares que implica la importación.

Pero lo cierto es que con el 12 de mayo tan cerca, algunos ya imaginan lo que parecía imposible: que la normativa finalmente caiga. Eso que en el sector de la industria de combustibles verdes y en las provincias productoras genera tanto temor, suena cada día menos descabellado.

El impacto, explican empresarios del sector y funcionarios, sería fuerte: las petroleras ya no tendrían la obligación de comprar biocombustibles para cortar los fósiles y si no lo hacen, volveríamos a 2006, cuando lo que cargaba un surtidor en un tanque de nafta era 100% fósil.

Las empresas, además, serían inviables porque esa producción de biocombustibles perdería su principal mercado, creado por la 26093 que impulsó Néstor Kirchner. Y ante un camino de exportaciones con muchas dificultades, el cierre de las plantas asoma como una amenaza.

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